Cataluña CIU Titulo: Un pacto de Estado para la sanidad. Texto: El 7 de abril de 1995 el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría amplia un informe que analizaba los problemas de estructura de la seguridad social, especialmente en relación a las pensiones, y que se conoció como el Pacto de Toledo. La iniciativa había sido de CiU, que quería dar estabilidad, seguridad y sostenibilidad al sistema de pensiones ya la vez sacar del debate del juego partidista un pilar básico del estado del bienestar como las pensiones. Hoy he defendido una interpelación que propone hacer lo mismo para la sanidad. Como las pensiones, la sanidad es un pilar básico de nuestro sistema social. El gasto público en sanidad crece más que el PIB y, además, afecta fundamentalmente a las finanzas de las comunidades autónomas. En su día, el Estado les transfirió los servicios y, por tanto, el gasto, pero no la capacidad de intervenir en las decisiones que lo originan y tampoco la de establecer los mecanismos para compensar adecuadamente las comunidades autónomas de las prestaciones que dan a los desplazados Unos ejemplos: la diferencia entre lo que representa en Cataluña la atención a los desplazados y la compensación que recibe a cambio cuesta 55 millones de euros a la Generalitat; la financiación de un solo medicamento (dabigatrán) para la prevención del ictus y la embolia sistémica implica para la Generalitat 66 millones de euros, y la incorporación de anticoncepticius como medicamentos financiados por el servicio de salud nos supone 30 millones de euros. Es decir, el gasto sanitario va subiendo, las prestaciones sanitarias las tenemos que garantizar, pero cada vez hay más personas que viven más tiempo y, consecuentemente, cuestan más dinero al sistema, al mismo tiempo, la renta crece y, cuanto más hay en un país, más exigencia hay de gasto sanitario. Y por si fuera poco, el desarrollo de las nuevas tecnologías médicas conlleva que disponemos de mejor atención, pero más cara. Es hora de tomarse en serio el coste de la sanidad. Si no inyectamos más ingresos quebrará. Se han de explicar los costes a la ciudadanía y cómo se financian, y hay que adoptar decisiones, como se ha hecho estos años en materia de pensiones para garantizar la viabilidad y la sostenibilidad del sistema sanitario. Por este motivo, propongo que se cree una ponencia en la Comisión de Hacienda y de Administraciones Públicas para que elabore un conjunto de recomendaciones destinado a impulsar un modelo de sanidad pública, equilibrado y sostenible a largo plazo. La sanidad debe excluirse del debate partidista. Del mismo modo que, en el Pacto de Toledo, el Parlamento incorporó los agentes sociales como interlocutores preferentes, en el de sanidad, por razones obvias, deben ser las comunidades autónomas.
