España PNV Titulo: Una campaña extemporánea. Texto: Durante los últimos días, mi cuenta de correo electrónico está registrando decenas -en realidad suman ya varios centenares- de mensajes estandarizados en los que se me solicita que contribuya, con mi firma, a exigir la celebración de un referéndum para la ratificación de la reforma recientemente operada en el artículo 135 de la Constitución. No es algo inédito. En la última legislatura se han sucedido campañas semejantes de envíos masivos de correos electrónicos encaminados a defender una determinada causa o impedir que prospere alguna iniciativa. En cualquier caso, la actual constituye a todas luces una campaña extemporánea. Basta una superficial lectura del mensaje que incluyen los correos electrónicos para darse cuenta de que fue redactado antes de que la reforma se llevase a cabo. El presidente -comienza el texto- ha anunciado su intención de promover la reforma constritucional para incluir un límite al déficit público. Tal y como está redactada, esta frase tenía validez a mediados de agosto. Pero hoy, en las postrimerías del mes de noviembre, la reforma constitucional no es ya una mera intención del presidente del Gobierno, sino una realidad plenamente consumada. Ajeno a los hechos, sin embargo, el mensaje añade que, dada la importancia de la reforma que se pretende promover, su firmante solicita que si esta modificación es finalmente aprobada por las cámaras, su grupo parlamentario -quiero entender que se refiere al vasco- se comprometa a solicitar que esta reforma sea sometida a referéndum. Hace ya más de dos meses que inserté en este blog una entrada en la que lamentaba el hecho de que no hubiera sido posible recoger las firmas constitucionalmene requeridas para la celebración de este referéndum (véase el post titulado No habrá referéndum, publicado el 23.09.11). Y no precisamente por culpa mi grupo parlamentario -que lo solicitó en tiempo y forma- sino por la cerril oposición de los dos principales grupos del Congreso: el socialista y el popular. Es evidente, por tanto, que los numerosos correos que estoy recibiendo, yerran en la identificación del destinatario. Debían haberse dirigido a los diputados y senadores del PSOE y del PP, que fueron, junto a los de UPN, los que, al negarse a firmar la solicitud, impidieron la celebración de la consulta. En nuestro caso, la solicitud no era necesaria. Pero además de equivocarse a la hora de identificar al detinatario, los mensajes en cuestión tampoco atinan en el momento elegido para ser enviados. El artículo 167 de la Constitución establece que la solicitud para la celebración del referéndum ha de ser formulada dentro de los quince días siguientes a la aprobación de la reforma. Y este plazo ha sido superado ya con creces. Se ha cuadriplicado. Se trata, pues, de una campaña claramente extemporánea. Ni queriendo sería -legalmente- posible solicitar a estas alturas el referéndum que los remitentes de los mensajes electrónicos desean que se celebre. Lo digo, por supuesto, con todo el respeto debido a quienes, desde un loable compromiso cívico, están participando activamente en esta campaña de concienciación y presión hacia los diputados y senadores electos.
