Andalucía Partido Popular Titulo: La Ley de Suelo del Gobierno de Griñán obvia al urbanismo como creador de riqueza y empleo . Texto: La portavoz de Vivienda del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Alicia Martínez, denunció hoy que la nueva Ley del Suelo de Andalucía es una minireforma de alcance muy limitado que no piensa en el urbanismo como creador de riqueza y al servicio del empleo de los andaluces, ya que a su juicio, recorta el potencial urbanístico y territorial de Andalucía. En rueda de prensa, Martínez añadió que el Gobierno de la Junta de Andalucía llevó el Proyecto de Ley de Modificación de la LOUA (7/2002) al Consejo de Gobierno para adaptarla a la Ley Estatal de 2007 por vía de urgencia y al final de la presente legislatura, pese a que el mismo Griñán ha reconocido que han hablado del ladrillo en un lenguaje equivocado, si bien, la citada norma es estratégica y fundamental para el desarrollo económico de Andalucía y la creación de empleo. El PSOE y el presidente Griñan, además de no reconocer la crisis cuando ya la teníamos encima, han seguido sin hacer nada por frenar la destrucción del empleo, aún reconociendo que dos de cada tres parados en Andalucía proceden del sector de la construcción, afirmó Martínez. En este sentido, recordó que la Junta de Andalucía tiene las competencias de la política urbanística desde hace treinta años, mientras que los objetivos que fijaba la primera Ley del Suelo aún no se han cumplido y llegan tarde porque la casa se empezó por el tejado También denunció que la Junta ha seguido practicando recortes por la vía de los hechos, refiriéndose al decreto publicado el 18 de noviembre en su disposición final única que establece una nueva forma de subvenciones a la vivienda protegida oficial (VPO), por la que las resoluciones de ayudas autonómicas a adquirentes y promotores de estas casas se podrán modificar y resolverse año por año cuando las necesidades presupuestarias lo justifiquen. Esto significaría, según apuntó, que los bancos no van a conceder préstamos para las hipotecas porque la nueva orden condiciona estas ayudas, pese a que va en contra de la propia Ley del Derecho a la Vivienda. Centrándose en la nueva Ley de Suelo, indicó que el marco de ordenación del territorio ha superpuesto planes contradictorios a los PGOU aprobados y en tramitación generando la inseguridad jurídica que precedió a la crisis financiera e inmobiliaria, además de que el Gobierno socialista ya hablaba de desarrollo sostenible, y ahora vuelven a vender ese concepto con la nueva ley mediante el lema Andalucía sostenible, añadió. Desde el año 2002 los socialistas no han aplicado el objetivo sostenible, criticó Martínez, quien informó de que sólo el 50 por ciento de los municipios andaluces han conseguido adaptarse a la norma. Asimismo, subrayó que desde la Junta de Andalucía no se ha hecho una política de rehabilitación de la ciudad existente y de las barriadas degradadas; que la propia Cámara de Cuentas advirtió del destino de los patrimonios municipales de suelo porque sólo el 27% del mismo se dedicaba a los fines de la ley; se han abusado de los convenios urbanísticos como vía de financiación a los ayuntamientos, y en muchos casos de corrupción. Sobre este último punto, Martínez matizó que un problema sobre el ejercicio de los derechos de los propietarios ha sido la proliferación de viviendas y urbanizaciones ilegales. Respecto al marco competencial interadministrativo quiso destacar que el gobierno socialista tampoco ha cumplido y ha cometido continuas injerencias en la autonomía local y discriminación en la tramitación de los planeamientos, del mismo modo que la transparencia, publicidad y concurrencia que ha estado marcada por la información privilegiada que han disfrutado alcaldes y concejales de urbanismo y amigos del PSOE, añadió. Por último, la portavoz de Vivienda del PP andaluz, Alicia Martínez, advirtió de que la agilidad en la tramitación es la asignatura pendiente del planeamiento, puesto que los informes sectoriales se eternizan y en muchos casos ni se producen.
