Pais Vasco Partido Socialista Titulo: ¿Y si estamos de acuerdo, qué hacemos?. Texto: He tenido la oportunidad de leer unas declaraciones del diputado de Hacienda de Bizkaia, José María Iruarrizaga en las que alerta sobre las dificultades para mantener nuestro actual nivel de bienestar, si no aumentamos la recaudación. Y he de decir que celebro que el diputado de Hacienda se sume al debate que, con especial empeño, llevo intentando poner encima de la mesa desde hace año y medio. Llevo meses advirtiendo de que con el nivel de ingresos actual resulta complicado garantizar las prestaciones y servicios sociales (no ya mejorar su calidad y universalidad). Llevo meses señalando que si queremos una mejor sanidad, educación, servicios sociales, infraestructuras, necesitamos mejorar la recaudación. Y que esto se consigue reactivando la economía y generando empleo (algo en lo que estamos trabajando), pero también con una fiscalidad más justa, progresiva y eficiente. No es cuestión de ponerse medallas, pero en este tiempo ha sido el partido al que pertenece el señor Iruarrizaga y, muy especialmente, la institución a la que representa, la más belicosa ante todo planteamiento de reforma fiscal. Por eso, me alegro de que ahora el diputado de Hacienda comparta el diagnóstico, aunque me temo que no tanto la solución. Sostiene el señor Iruarrizaga que la solución no pasa tanto por luchar contra el fraude y apunta a adaptar al IRPF y al Impuesto de Sociedades. No estoy de acuerdo en el tema del fraude. Y es ésta una preocupación que, como estamos viendo estos días, compartimos con otros países. El señor Iruarrizaga dice que la fiscalidad es también una herramienta de política económica. Pues sí. Así es, sin duda, pero se olvida de la función primordial de la fiscalidad progresiva: la redistribución de renta en toda la sociedad, tanto en el modelo de recaudación (paga más el que más tiene) como, fundamentalmente, en la función redistribuidora que la Administración hace a través de los servicios públicos universales. Lo he dicho muchas veces. La economía sumergida en Euskadi se sitúa, según diversos estudios, entre el 18% y el 21% del PIB, frente a la media de 16% del PIB que presenta la UE de los 27. Uno de cada cinco euros de actividad económica en Euskadi vuela por debajo del radar tributario. Y esto deriva en que suframos un fraude fiscal cercano a los 2.500 millones de euros al año, lo mismo que nos gastamos en Educación. ¿Cuál ha sido hasta ahora la respuesta de las Diputaciones ante esta realidad? Ir cada una por su cuenta. En aras de defender las esencias forales, se niegan a realizar planes antifraude conjuntos o a compartir las bases de datos tributarias. Es una auténtica anomalía que un país tan pequeño como el nuestro mantenga, en pleno siglo XXI, una estructura de lucha contra el fraude más propia del XIX. Ya he escrito en este blog sobre el papel de coordinador y armonizador de la política tributaria que corresponde ejercer tanto al Parlamento Vasco, como al Gobierno emanado de él. En segundo lugar, tenemos que aumentar la presión fiscal. El señor Iruarrizaga habla del Impuesto de Sociedades. Y es cierto. Por mucho que se hable de tipos generales del 28%, los tipos efectivos están en Euskadi en el 17,3%, frente al 23,6% de España (seis puntos más, por no hablar ya del resto de Europa) Tenemos mucho que trabajar y mucho que mejorar en este campo. La ciudadanía nos lo está reclamando. Según un reciente estudio del CIS, el 82% de los ciudadanos opina que no pagan más quienes más tienen, mientras que el 75,2% cree que la Administración hace pocos o muy pocos esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal. Celebro que la Diputación de Bizkaia haya asumido este debate y esté de acuerdo en que debamos tomar medidas de calado, más allá de los pequeños ajustes que han caracterizado hasta la fecha la política en este terreno. Estamos de acuerdo en el diagnóstico, toca ahora compartir también la receta con la que salir de este bache.
