España SINDICATOS Titulo: Comisiones obreras y UGT manifiestan su profundo desacuerdo con las conclusiones del Consejo y del Eurogrupo. Texto: En primer lugar porque, a pesar del riesgo inminente de recaída en la recesión y cuando la cifra de desempleados en Europa se acerca a los 25 millones, no se adoptó ninguna medida que pueda favorecer el crecimiento de la economía y el empleo. Por el contrario, las propuestas sobre el gobierno económico de la Zona Euro y la UE, no son sino la consagración jurídico-política de las políticas de austeridad y ajuste presupuestario que están llevando a Europa a la recesión. El acuerdo del Eurogrupo, al que se sumarán entre seis y nueve países que no tienen el euro pero no el Reino Unido, afirma que se avanza hacia la unión de estabilidad presupuestaria. Toda una declaración de intenciones sobre lo limitado de sus propósitos. El acuerdo sólo habla de los procedimientos -vigilancia, intervención y castigo- para imponer el equilibrio presupuestario a todas las naciones, para siempre y sin mención alguna a las situaciones de excepción. No dice nada de fiscalidad y sólo expresa un compromiso genérico para reforzar la coordinación de la política económica. UGT y Comisiones obreras al igual que la Confederación Europea de Sindicatos (CES), manifiestan su rechazo más absoluto al procedimiento antidemocrático de elaboración del Tratado internacional que contendrá el desarrollo de las propuestas acordadas, y cuya articulación con los Tratados de la UE es una incógnita. La declaración del Eurogrupo recoge la aspiración de Suecia y la República Checa de poder consultar a sus parlamentos nacionales sobre los contenidos del acuerdo. Lo que presupone que los demás no tendrán la oportunidad de hacerlo y, en pura lógica, el que también se excluirá a los interlocutores sociales europeos y las organizaciones de la sociedad civil de cualquier participación real en una reforma que afectará profundamente a las políticas económicas, al empleo y a los servicios y prestaciones básicos del Modelo Social Europeo. Esta forma de proceder es un paso más en la ampliación de los espacios de toma de decisiones al margen de los procedimientos vigentes en cualquier tipo de democracia parlamentaria. Contribuye, junto con la imposición de políticas equivocadas e injustas, al progresivo alejamiento de la ciudadanía de las instituciones europeas. La imposición de todas las decisiones por parte del gobierno conservador alemán, con la ayuda del francés, marginando permanentemente a las instituciones europeas, es otro factor de degradación de la democracia europea que pone en peligro el propio proyecto de la UE. Para resolver la crisis de las deudas soberanas -el problema más acuciante que está desangrando los recursos de numerosos Estados, entre ellos España- no hay apenas novedades. Ni eurobonos, que sí estaban en la propuesta de Van Rompuy, ni un papel más activo del BCE. Sólo una rectificación de los acuerdos del Consejo de octubre: no habrá más quitas de las deudas públicas más allá de la griega. Se repara así un error monumental aprobado en la Cumbre del Consejo del pasado mes de octubre. Y los Estados europeos prestarán 200.000 millones de euros al FMI para que este organismo pueda, a su vez, prestarlos a los países más necesitados. Es dudoso que estas decisiones sirvan para evitar que los especuladores vuelvan a la carga en los mercados de la deuda. CC OO y UGT reiteran las exigencias que la CES ha comunicado a todos los miembros del Consejo Europeo: los cambios en los Tratados deben seguir un proceso enteramente democrático y permitir la participación efectiva de la Confederación Europea de Sindicatos, como organización unitaria de los trabajadores europeos; deben incluir una cláusula de progreso social que garantice el acervo social de la UE y el respeto a los derechos fundamentales, en particular el de negociación colectiva hoy seriamente amenazado; hay que promover con urgencia un plan europeo de inversiones para un crecimiento sostenible; el BCE tiene que sostenerlo al tiempo que actúa en los mercados de la deuda; la UE tiene que dar ya los pasos para emitir eurobonos, establecer un impuesto a las transacciones financieras, aplicar una política fiscal justa y desarrollar una fuerte acción concertada contra la evasión y el fraude fiscales y la abolición de los paraísos fiscales.
