España SINDICATOS Titulo: Comisiones obreras exige diálogo y concertación social para enfrentar las políticas económicas, sociales y laborales. Texto: La Comisión Ejecutiva de la CS de Comisiones obreras tras analizar el discurso de investidura del nuevo presidente del Gobierno quiere llamar la atención sobre la presentación de un programa de gobierno que parece parcial, anunciando un escenario de actuación inmediato y otro posterior, lo que sirve para justificar la inconcreción en muchos aspectos de las medidas anunciadas, y hace pensar en que la justificación de este doble escenario temporal puede servir, tanto para esperar a que se conozca la evolución real del déficit este año, las previsiones de crecimiento de la Unión Europea para España, como ha planteado el nuevo Presidente del Gobierno, como una forma de postergar medidas más precisas y posiblemente más intensas a que hayan pasado las elecciones andaluzas previstas para marzo. Sólo así puede entenderse que se anuncie que el presupuesto se presentará antes del 31 de Marzo. Asimismo se ha presentado un panorama de empleo muy negativo, haciendo oficial la cifra de 5,4 millones de personas en paro, de manera que no quede ninguna duda si el dato es confirmado con la EPA del IV trimestre, de su vinculación al período del gobierno de Zapatero, así como reforzar la presión en relación con la reforma laboral. En este marco, el aparente consenso entre los principales partidos del Congreso sobre las posiciones a mantener ante la Unión Europea es útil pero incompleto. Los eurobonos y el papel del BCE como prestamista de salvaguarda o de último recurso son necesarios pero no suficientes. La flexibilidad en los plazos de cumplimiento del plan de estabilidad, pacto por el euro plus o los recientes acuerdos de una mayoría de países de la Unión Europea; la construcción de un verdadero presupuesto europeo; la orientación de las políticas hacia el crecimiento y no sólo hacia la austeridad presupuestaria; el refuerzo de las competencias europeas en un marco compatible con los principios democráticos, son entre otros, elementos a incorporar. En materia de estabilidad presupuestaria, se anuncia la aprobación de un Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Consejo de Ministros del próximo 30 de diciembre que, junto con la prórroga de presupuestos incluirá medidas concretas de no disponibilidad presupuestaria que afectará a partidas que permitan un ajuste de, al menos, 16.500 millones de Euros, anunciando ya que se espera una cifra superior que se prefiere no estimar en este momento. La definición de las mismas no se concreta y parecen difíciles de adivinar, si bien en ese marco se anticipan algunas medidas que vuelven a hacer recaer el peso del esfuerzo sobre el empleo público, anunciando una tasa de reposición cero para las vacantes que se produzcan, con la salvedad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y Servicios Públicos Básicos, sin más detalle, así como una referencia a reducción de organismos públicos y gastos de funcionamiento. Se anuncia también una Ley de Estabilidad Presupuestaria como desarrollo de la reciente reforma constitucional, que prevé la distribución de los límites de déficit y deuda entre las distintas administraciones públicas, así como la responsabilidad de las administraciones por su incumplimiento. Incluirá también criterios, no anticipados, de reducción progresiva del nivel de deuda hasta el 60% del PIB y un déficit estructural global máximo del 0,4% del PIB en 2020. El voto negativo de CiU que exige el pacto fiscal en un contexto de duros ajustes en Catalunya, augura una tramitación parlamentaria dura y en claves identitaria. En todo caso, se trata de un conjunto de medidas que pretenden actuar únicamente por el lado del gasto, exigiendo un aún mayor esfuerzo a las personas que trabajan en el sector público, tanto en términos de carga de trabajo como en esfuerzos retributivos, con un riesgo adicional evidente de deterioro de la calidad de servicios públicos en perjuicio del conjunto de la ciudadanía. La Comisión Ejecutiva Confederal de Comisiones obreras quiere hacer notar lo injusto que resultaría seguir incidiendo en medidas que suponen destrucción de empleo neto y reducción de la capacidad económica de un colectivo de en torno a 3 millones de personas a las que ya se han exigido importantes esfuerzos y cuyos efectos sobre una menor demanda interna de bienes y servicios son claros. En ese Real Decreto de Medidas Urgentes, se ha anunciado la inclusión de la revalorización de pensiones en 2012, recuperando con ello el cumplimiento de la previsión legal de revalorización automática que se había interrumpido en 2011 de manera innecesaria tal y como hemos denunciado insistentemente, al tiempo que reclamábamos que se recuperara el cumplimiento de esta garantía para con nuestros pensionistas. Saludamos la medida, si bien recordamos la necesidad de establecer las medidas de recuperación del poder adquisitivo perdido por los pensionistas en 2011 tal y como, por otra parte, se recoge en la Ley 27/2011 de reforma de la Seguridad Social y en línea con la posición del PP en el debate Parlamentario de mayo 2010 de rechazo a la congelación que recoge el acuerdo en materia de pensiones alcanzado en el marco del diálogo social tripartito el pasado 2 de febrero de 2011. Comisiones obreras quiere destacar que en este Real Decreto deberían recogerse otras medidas de importancia sobre las que no ha habido declaración alguna del futuro Presidente del Gobierno. Se trata, entre otras cuestiones, de la actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), la previsión de incremento salarial de empleados públicos, la prórroga del derecho a la reposición de las prestaciones por desempleo y bonificaciones por reducciones o suspensiones de empleo, la prórroga de la prestación asistencial de 400 € cuya vigencia temporal está previsto finalice en febrero de 2012, entre otras. Salario Mínimo e IPREM deben ser sometidos a consulta, tan y como hemos reclamado, y al menos deberían evolucionar con la inflación. Rajoy ha anunciado también actuaciones urgentes para culminar la reestructuración del sector financiero en los primeros seis meses de 2012. Ha mencionado medidas de saneamiento de balances, venta de inmuebles y valoración prudente de activos menos líquidos; fortalecer la capacidad del sector financiero mediante nuevos procesos de concentración, así como actuar sobre el sistema de supervisión y regulación del Banco de España. Desde Comisiones obreras exigimos, sobre este apartado, que cualquier decisión en materia de saneamiento de balances debe evitar el riesgo moral de pedir esfuerzos al conjunto de los ciudadanos en esta materia, mediante la aportación de fondos públicos, sin exigir las responsabilidades correspondientes a las personas cuya gestión directiva está en el origen de esta situación. Es preciso reforzar los criterios de responsabilidad social y transparencia en la gestión, así como limitar las retribuciones de consejeros y ejecutivos. Asimismo, debe culminarse el proceso de integración de entidades alrededor de los sistemas institucionales de protección (SIP), reduciendo órganos y gastos innecesarios, al tiempo que se fortalece la unidad de empresa y se modifica la reciente regulación que obliga a las cajas de ahorros a perder ese carácter, si mantienen una posición inferior al 50% en el capital de las nuevas instituciones financieras. Compartimos la necesidad de definir un nuevo sistema de regulación del Banco de España, lo venimos reclamando en los últimos años, una vez acreditada la responsabilidad de este órgano supervisor en la magnitud de la crisis financiera española por ausencia de una actuación efectiva durante los años en los que se ha generado. Llama la atención la ausencia de reformas al papel del Instituto de Crédito Oficial como elemento para activar el crédito. En cuanto a las medidas anunciadas en relación con el mercado de trabajo, estructura y contenidos de la negociación colectiva, solución extrajudicial de conflictos, formación de los trabajadores, eficiencia y costes del mercado de trabajo,…; la Comisión Ejecutiva de Comisiones obreras recuerda que son materias que, entre otras, están siendo abordadas entre organizaciones empresariales y sindicales y que el acuerdo en estas materias es la única garantía de eficacia en las actuaciones. La mayor flexibilidad interna en las empresas como alternativa a la destrucción de empleo como mecanismo de adaptación al ciclo económico, exige reforzar la interlocución y el acuerdo para evitar que derive en un mero incremento arbitrario de la capacidad unilateral del empresario. Las reformas impuestas sin consenso de los agentes sociales, es decir sin trabajadores y empresarios los protagonistas del mercado de trabajo, no han funcionado en el pasado y no lo harán en el futuro. El esfuerzo del Gobierno debe dirigirse a fomentar y favorecer ese diálogo social, puede y debe hacerlo. Las políticas deben orientarse a favorecer la creación del empleo, para lo que es imprescindible adoptar una política económica que no se limite al ajuste en el gasto, debiendo adoptar medidas que favorezcan el crecimiento económico. Es un objetivo necesario. Por su parte, Comisiones obreras reclama que las medidas de incentivo a la contratación de jóvenes que se han anunciado deben ser compatibles con el acceso a empleos con derechos y protección social. Asimismo, deben abordarse actuaciones específicas para mejorar la empleabilidad e inserción en el mercado de trabajo de personas con bajos niveles formativos. La competitividad de las empresas españolas y su impacto positivo sobre el empleo, prioridad de cualquier política que quiera desarrollarse, pasa por actuar sobre los precios de los bienes y servicios que ofertamos. Para ello, debe actuarse de forma coordinada en los distintos elementos que configuran los mismos, gestión y costes de producción, beneficios empresariales y costes laborales, no exclusivamente sobre estos últimos. Las políticas de bonificaciones o deducciones fiscales ligadas a la creación de empleo consumen recursos necesarios para impulsar la actividad económica y han mostrado escasa eficacia hasta ahora. No parecen las más efectivas tampoco en un entorno de crisis como el actual. Comisiones obreras manifiesta que las medidas fiscales que se anuncian de apoyo a nuevas empresas, PYMES y autónomos, la reforma del impuesto de sociedades para reducir la carga fiscal de determinadas empresas de menor dimensión; suponen mermas en la recaudación fiscal que incrementan las necesidades de medidas de compensación que no pueden basarse en nuevos ajustes de gasto. La menor fiscalidad ligada a la reinversión de beneficios, debe acompañarse de una reforma amplia de esta figura tributaria, eliminando la profusión de bonificaciones y reducciones hoy existentes que hacen que el tipo efectivo del impuesto de sociedades haya sido del 16,7% en 2009 y el tipo real del 8,2% frente a unos tipos nominales de entre el 25% y el 32,5% en ese mismo ejercicio. De no hacerse así, seguirá debilitándose la capacidad de actuación del Estado. En cuanto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, se anuncia la mejora en la tributación de las prestaciones en planes de pensiones, sin más precisiones. No obstante, algún portavoz del PP ha identificado previamente esta medida como la recuperación de la reducción de un 40% en la base imponible de las prestaciones en forma de capital. También se anuncia la recuperación de la deducción por adquisición de vivienda. La Comisión Ejecutiva de Comisiones obreras manifiesta su disconformidad con ambas medidas. La primera incentiva un uso inadecuado de los instrumentos de previsión social complementaria, ya incentivados fiscalmente en la fase de aportaciones que, en vez de contribuir a complementar las pensiones públicas, supondrá incentivar la percepción en forma de capital, alejándose de la función social complementaria que pretende justificar el esfuerzo fiscal anual de menor recaudación que soporta el conjunto de la sociedad. La segunda porque incide en un modelo de actuación sobre el mercado inmobiliario que ya ha mostrado sus carencias. Es preferible dedicar el esfuerzo a impulsar un modelo distinto en este sector, incentivando el uso del parque de viviendas vacías para el alquiler de personas que, como los jóvenes, integran sectores con especiales dificultades de acceso a la vivienda. El IRPF y el IVA son las herramientas de mayor capacidad recaudatoria, sin embargo, la equidad en la distribución de cargas fiscales no son comparables entre las distintas figuras tributarias. Actuar sobre los tipos de gravamen del IRPF, mejorando la aportación de todos los niveles de renta con criterios de progresividad y equidad fiscal; aumentando los tipos aplicables a los rendimientos de capital, creando un tipo de gravamen específico del 51% para rentas del trabajo y actividades económicas superiores a 500.000 €; eliminar el sistema de estimación objetiva, de fuerte carácter regresivo; son algunas medidas necesarias. La recuperación de los impuestos sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, el control de las sociedades de inversión de capital variable (SICAV) para evitar su utilización como instrumentos de elusión fiscal; la creación de figuras fiscales sobre las entidades financieras para que el sector contribuya a financiar el coste de su propio saneamiento; la mejora de los instrumentos de actuación contra el fraude fiscal, los medios materiales y humanos para su detección y penalización, son también arcos de bóveda de las actuaciones en este terreno. En cuanto a las reformas estructurales, las medidas de control de gasto público y la exigencia de austeridad en el uso de recursos, la eliminación de duplicidades entre las distintas administraciones y la eficiencia de los servicios públicos son claramente compartidas por Comisiones obreras. Sin embargo el redimensionamiento del sector público, la reducción de sus costes de funcionamiento, así como el anuncio de nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas, por citar algunas cuestiones relevantes, establecen objetivos bajo criterios indeterminados que pueden tener importantes repercusiones en el empleo y en la prestación de servicios de estas instituciones. Comisiones obreras comparte la importancia del sistema educativo y la necesidad de mejorar la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años, reducir el abandono escolar temprano y elevar los niveles de formación. Las propuestas que ha presentado el Presidente del Gobierno de implantar un bachillerato de 3 años, aumentar el pluri-lingüismo, incentivar la labor del profesorado o regular un nuevo sistema de ingreso en la función pública docente, deben y pueden ser abordadas desde la concertación más amplia posible. No obstante, junto al mérito y capacidad para acceder a la función pública docente, debe garantizarse la igualdad en el acceso al profesorado. Asimismo, todas estas actuaciones deben ser compatibles con el necesario marco de estabilidad legislativa que precisamos en esta materia. Abordaremos y analizaremos estas iniciativas cuando se concreten, aunque estos enunciados resultan difícilmente compatibles con los ajustes presupuestarios en el sector educativo, con resultado de reducción de profesionales y mayores cargas de trabajo que dificultan la asunción de nuevos objetivos. Comisiones obreras reclama y manifiesta su disposición a participar en el desarrollo del Pacto por la Sanidad anunciado por Mariano Rajoy en el Congreso de los Diputados que debe permitir desbloquear el proceso fallido que ha quedado inconcluso en la legislatura anterior. En materia de pensiones, el debate de investidura deja una sensación contradictoria. El nuevo Gobierno asume la reforma de pensiones pactada en este año y recientemente aprobada en el Congreso de los Diputados, sin embargo, resulta contradictorio que con ese escenario de una reforma que en su mayor parte no entra en vigor hasta el 1.1.2013, y no desplegará todos sus efectos hasta el 1..1.2027, se anuncien actuaciones sin que, en este caso, se enmarquen dentro del consenso político que se alcanzó en el Pacto de Toledo y que ha contado con la participación activa y compromiso de los agentes sociales. La próxima revisión del Pacto de Toledo y el Diálogo Social son los marcos en los que debe seguir abordándose en esta materia. Todo ello con el objetivo de recuperar los amplios niveles de consenso que se han puesto seriamente en peligro en los últimos meses. Por otra parte, llama la atención, las referencias a la nueva regulación de la edad de jubilación que hemos escuchado en este debate de investidura, especialmente en el caso del portavoz socialista que por dos veces ha identificado la edad de jubilación derivada de esta reforma con los 67 años, ignorando que la regulación pactada y recientemente aprobada establece un sistema de acceso a la jubilación ordinaria entre 65 y 67 años atendiendo a la duración de la carrera de cotización de cada persona. Comisiones obreras reitera una vez más, como saben tanto el Gobierno saliente como el entrante, que el impacto más probable de esa nueva regulación es que una amplia mayoría de los trabajadores por cuenta ajena sigan jubilándose a los 65 años. Por ello, resulta llamativo este empeño por presentar de forma sesgada la reforma pactada, como si no se atrevieran a explicarla en su contenido real o, lo que es probablemente peor, como si sirviera de algo presentar así que el PP asume la reforma que no votó. No es esa la mejor manera de mantener y recuperar el clima de diálogo en esta materia. Por su parte, la referencia al compromiso con el desarrollo de la Ley de Dependencia del nuevo Presidente del Gobierno siendo de agradecer ente las dudas que se habían generado en las semanas previas, resulta insuficiente. El nuevo Presidente del Gobierno ha manifestado en su discurso de investidura que no existe mejor instrumento para encauzar y coordinar la energía de la Nación que el diálogo. Un diálogo abierto a todos, dentro y fuera de esta Cámara y ha anunciado su propósito de que esta sea la principal característica del estilo del nuevo Gobierno. Asimismo, ha expresado su voluntad de alcanzar un acuerdo con los agentes sociales para abordar actuaciones sobre el mercado de trabajo y empleo joven.
