Domingo, 24 de Noviembre 2024
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Castilla La Mancha Partido Socialista Titulo: El Decreto de Rajoy y Cospedal provoca que 15.500 dependientes de la región no accedan este año a una prestación. Texto: La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Socialista, Matilde Valentín, ha denunciado hoy que la aplicación del decreto aprobado por el Gobierno de Rajoy el pasado 30 de diciembre, por el que se paraliza un año la entrada en el sistema de los dependientes llamados moderados, los de Grado I y Nivel I, va a suponer que 15.500 familias de Castilla-La Mancha vean postergado en más de un año su derecho a percibir la prestación que les reconoce la Ley. Valentín ha indicado que el 2012 será el año del limbo de la Dependencia, dado que a esas 15.500 familias que no tendrán prestación en nuestra comunidad autónoma, se pueden sumar otras 20.000 más. Son, informaba la dirigente socialista las que corresponden a los dependientes de Grado I y Nivel II, que si no han sido valorados antes del 31 de diciembre de 2011 tampoco podrán acceder a las prestaciones, como muy pronto, hasta el año 2013. La parlamentaria socialista también realizó un análisis de cómo se está aplicando la Ley de la Dependencia desde que gobierna el PP y su conclusión fue muy clara: En poco más de seis meses, Cospedal ha dilapidado, la herencia social que recibió de los anteriores Gobiernos presididos por José María Barreda. En este sentido, la diputada socialista se ha hecho eco de los datos oficiales del Inserso para demostrar que, con el Gobierno del PP, en Castilla-La Mancha hay menos personas beneficiarias de la Ley, menos ciudadanos con derecho a una plaza en una residencia de mayores y menos mayores disfrutando de programas como el de Teleasistencia o el de Ayuda a domicilio. Así detalló que en diciembre se han registrado 5.400 solicitudes menos que en el mes de mayo; hay casi 2.000 beneficiarios menos atendidos; se han perdido casi 700 cuidadores en el entorno familiar; hay 900 terminales menos de teleasistencia, 554 servicios de ayuda a domicilio menos y 834 plazas residenciales menos ahora que hace seis meses. También lamentó que por esta forma de actuar, más de 700 puestos de trabajo se han perdido en el sector de la dependencia como consecuencia de la nefasta aplicación de la ley que está haciendo el Gobierno de Cospedal. Tras exponer estas cifras, la portavoz socialista señalaba que con los Gobiernos de derechas de Rajoy y Cospedal en España y en Castilla-La Mancha, la aplicación de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha corre peligro. La tercera versión del único Plan Posible A preguntas de los medios de comunicación, la parlamentaria socialista se ha referido, asimismo, al supuesto Plan de Equilibrio Económico y Financiero que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha. Valentín se ha preguntado si es lo mismo o es una cosa distinta al Plan de Recortes que ya presentó Cospedal el 31 de agosto y el 2 de diciembre pasados. A renglón seguido, ha pedido al Ejecutivo regional que explique si es que, acaso, nos esperan más recortes o, como ha hecho Rajoy, Cospedal nos va a mentir también a los castellano-manchegos y nos va a subir los impuestos. En este sentido, ha recordado que, cuando la propia Cospedal presentó el Plan de Recortes el 31 de agosto de 2011 se refirió a él como el único plan posible del que, con la de hoy, ya vamos por la tercera versión. También respondiendo a los medios ha exigido al Gobierno de Cospedal que se ponga a gobernar y deje de ser el invitado de piedra de todas las fotos en las que un colectivo al que debe pagar la Junta aparece firmando un convenio con una entidad financiera para solucionar los impagos. Se refería Valentín al último convenio firmado por las residencias socio-sanitarias católicas con una caja de ahorros para afrontar la deuda que tiene pendiente el Ejecutivo regional. De este modo, la dirigente socialista ha señalado que cada vez se pone más de manifiesto la incompetencia de un Gobierno que no tiene más recursos que decirle a quienes prestan servicios básicos para la región que le paguen un 5 por ciento de intereses a las entidades financieras para seguir prestando esos servicios. Es lo que han intentado hacer con los farmacéuticos, con los la gratuidad de los libros de texto y, ahora, con las residencias de mayores.