Andalucía Izquierda Unida Titulo: IU LV-CA considera el decreto que legaliza las viviendas ilegales como una ley de punto final. Texto: El parlamentario andaluz de IU LV-CA, José Antonio Castro, ha calificado el decreto aprobado este martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para regular las viviendas ilegales como una ley de punto final y de un intento de acabar con 30 años de chapuzas de las administraciones, los bancos y las promotoras. Así, ha señalado a bancos, promotores, constructoras, ayuntamientos y a la propia Junta como los verdaderos responsables de una situación a la que se le va a dar carpetazo sin exigir compensación para una grave situación generada por permitirlo. Ha agregado que ha creado problemas crónicos, como ocupación de zonas protegidas y públicas, reforestación y pérdida de suelo --la Axarquía es la comarca que más suelo pierde de toda Andalucía, más que Almería--, consumo excesivo de agua, la destrucción del paisaje, etcétera. IU ha alertado de otro problema que van a encontrar los ayuntamientos con la legalización de estas construcciones: los consistorios están contentos porque van a poder cobrar el IBI a estas viviendas, pero no se dan cuenta de que, al legalizarlas, sus propietarios van a reclamar como contribuyentes las mismas prestaciones de servicios básicos que el resto, como recogida basura, comunicación, agua etcétera, ha explicado. Según Castro, eso les va a conllevar un gasto que no van a poder asumir, y por eso decimos que Junta y, sobre todo, bancos y constructoras deberían asumir la carga de todo eso. PROCESO GLOBAL Y RIGUROSO El parlamentario ha aclarado que su coalición ha defendido siempre un proceso de regulación de esta situación, pero que sea global y riguroso con un registro en el que se incluyera el número de viviendas, las características de las mismas o dónde se ubican, cosa que no ha sido realizado, ya que el número que reconoce la Junta es muy inferior al real. Para Castro, el primer fracaso del decreto está en que desde que los dirigentes andaluces anunciaron la regulación, no se ha elaborado un censo aproximado, a pesar de que ha habido tiempo; por lo que, además, ha calificado el procedimiento de medida electoralista: fue anunciado por el PSOE antes de las elecciones municipales, lo recordó antes de las generales y la aprueba antes de los comicios andaluces, ha espetado. A su juicio, el gobierno andaluz promueve una amnistía legal, porque se va a obviar o fomentar una ilegalidad a través de un decreto de punto final, sin poner elementos correctores, cargas a los responsables que palien o mejoren la situación que se ha creado. De esta forma, el grupo parlamentario de IU ha indicado que estudiará a fondo el decreto, ya que es posible que se esté vulnerando el principio de igualdad ante la ley: se van a regular situaciones iguales a otras que han sido denunciadas, multadas, derribadas, ha criticado. ZONAS INUNDABLES Castro también se ha referido a las viviendas construidas en zonas inundables, y ha recordado que en los últimos dos años se han producido numerosos problemas de inundaciones, de manera más destacada en las provincias de Huelva, Sevilla y Jaén, y que ha habido un consenso parlamentario para hacer un censo de zonas de viviendas inundables para evitar nuevas desgracias personales y físicas, cosa que no ha ocurrido. Parece que al PSOE le urge tener todo esto aprobado para congraciarse con una población muy importante que va a votar en las elecciones andaluzas en lugar de arreglar un problema que ha creado, ha criticado, al tiempo que ha advertido de que es muy peligroso institucionalizar una práctica ilegal. El parlamentario de IU ha abundado en que, en el caso de Málaga, este decreto es de difícil aplicación, puesto que la mayoría de viviendas entran en el tercer apartado contemplado en el mismo, el de viviendas aisladas.
