España Izquierda Unida Titulo: IU registra una iniciativa para acabar con el limbo jurídico de la Casa Real. Texto: Gaspar Llamazares señala que hechos como el caso Undargarin y todas las reacciones que vienen aparejadas más allá del procedimiento judicial en curso demuestran las insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación hoy existente. Izquierda Unida, a través de su diputado y portavoz en la Comisión de Justicia, Gaspar Llamazares, ha registrado una iniciativa parlamentaria con la que busca acabar con el limbo jurídico que afecta a la Casa Real y en la que, entre otras cuestiones se busca promover el desarrollo por Ley, tal y como sucede con el resto de las instituciones del Estado, del Estatuto Jurídico y Fuero de la Casa de S. M. el Rey, de los miembros de la Familia Real y de los miembros de la Familia del Rey con sus correspondientes funciones e incompatibilidades. Para Llamazares, los acontecimientos del caso Urdangarin, más allá del procedimiento judicial en curso, han puesto en evidencia ese limbo jurídico que afecta a la Casa Real. Recuerda que en las últimas semanas están apareciendo informaciones contradictorias que lo que vienen a demostrar son las insuficiencias legales y el uso interesado que se hace de la regulación hoy existente, que queda más al albur de interpretaciones que de la claridad que exigen cuestiones de Estado como ésta. El parlamentario de IU incide en que la Corona carece de ley que establezca y desarrolle, como ocurre con las demás instituciones del Estado, su estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas, lo que hace mucho más difícil la valoración y control efectivo de sus actividades en un Estado de derecho como el que nos hemos dotado, así como la ineludible necesidad de transparencia de todos sus miembros tanto en el ámbito público que desarrollan como en el privado. La proposición no de ley presentada por Llamazares a través del Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA recuerda la legislación existente, entre ella el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, que incluye a los consortes de los hijos del Rey mientras lo sean o permanezcan viudos, lo que va en contra de recientes cambios sugeridos desde la propia Casa Real en la situación en que ha quedado en la actualidad alguno de sus miembros. El texto recuerda también, por ejemplo, que el Código Penal, en su artículo 485, prevé una protección específica para la Familia Real, y la Constitución Española, en su artículo 56.3, establece que sólo la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Gaspar Llamazares recuerda también que tampoco existe la necesaria regulación para dotar de transparencia a las partidas que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y de la Casa Real. IU lleva exigiendo desde hace décadas esta mayor transparencia y siempre ha chocado con la sistemática oposición del PP y el PSOE, que han rechazado todas nuestras iniciativas mientras han mantenido su alternancia de gobierno. Ahora esta situación de desinformación sólo ha mejorado recientemente en parte, aunque claramente motivado por los mencionados acontecimientos antes señalados. Por este motivo, la iniciativa parlamentaria de IU insta también al Gobierno a que promueva el desarrollo de la Constitución y la consiguiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para dotar de una mayor precisión y transparencia a la declaración de intereses, patrimonio y actividades de los miembros de la Casa de S.M. el Rey, y en relación con la responsabilidad de sus miembros. A CONTINUACIÓN SE INCLUYE EL TEXTO ÍNTEGRO DE LA INICIATIVA REGISTRADA A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario de IU, ICV-EUiA, CHA: LA IZQUIERDA PLURAL presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el Estatuto jurídico y fuero de los miembros de la Casa de S.M el Rey, de la Familia Real y de la familia del rey, para su debate en la Comisión de Justicia Los acontecimientos del caso Urdangarin, más allá del procedimiento judicial en curso, han puesto en evidencia el limbo jurídico que afecta a la Casa Real. Por un lado, el Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes, incluye a los consortes de los hijos del Rey mientras lo sean o permanezcan viudos, lo que contradice recientes informaciones. Por otro lado, el Código Penal, en su artículo 485, prevé una protección específica para la Familia Real, y la Constitución Española en su artículo 56.3 establece que sólo la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sin embargo, la Corona carece de ley que establezca y desarrolle, como ocurre con las demás Instituciones del Estado, el estatuto jurídico, el fuero, las funciones y las incompatibilidades respectivas. Tampoco existe la necesaria regulación para dotar de transparencia a las partidas que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de la Familia y de la Casa Real, y han sido los mencionados acontecimientos los que han motivado recientemente una mayor información. Por todo ello, para una mayor concreción y transparencia de las normas actualmente en vigor, se presenta la siguiente PROPOSICIÓN NO DE LEY El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: 1) Promover la modificación del Real Decreto 1368/1987, de 6 de noviembre, sobre régimen de títulos, tratamientos y honores de la Familia Real y de los Regentes para una mayor concreción y transparencia de la norma. 2) Promover el desarrollo por Ley, tal y como sucede con el resto de las Instituciones del Estado, del Estatuto Jurídico y Fuero de la Casa de S.M. el Rey, de los miembros de la Familia Real y de los miembros de la Familia del Rey con sus correspondientes funciones e incompatibilidades. 3) Promover el desarrollo de la Constitución y la consiguiente modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para dotar de una mayor precisión y transparencia a la declaración de intereses, patrimonio y actividades de los miembros de la Casa de S.M. el Rey, y en relación con la responsabilidad de sus miembros.
