Madrid UPEyDE Titulo: Matar moscas a cañonazos: el recorte del salario de los funcionarios enfermos en la Comunidad de Madrid . Texto: Los empleados públicos de la Comunidad de Madrid desde este mes de enero han visto limitada significativamente su protección social ya que no contaran con la mejora voluntaria que les garantizaba complementar, en caso de enfermar, la prestación de Seguridad Social para mantener su salario. Como hacen también muchas empresas de este país con sus trabajadores. La supresión de esta mejora, según el Gobierno Regional, pretende evitar su absentismo laboral, ante el temor a perder ingresos. Sin embargo, veremos como su objeto real es recortar el gasto de personal bajo la popular excusa de hacer trabajar más al empleado público. El absentismo laboral, que sin duda es un problema grave tanto en las sector público como en el privado, se da cuando por causas justificadas o injustificadas un trabajador deja de acudir al trabajo. Entra las causas justificadas más comunes de ausencia al trabajo están los permisos varios, la enfermedad, la maternidad, las causas técnicas, económicas o de producción, etc. La tasa de absentismo se mide calculando las horas que se dejan de trabajar, sobre las obligatorias o pactadas. En España está aproximadamente un poco por encima del 5%, aunque con diferencias por Comunidades Autónomas, sectores y tamaño de empresa. Siendo superiores a la media en Andalucía, Canarias, Cataluña, en la industria y en las grandes empresas, como la Administración Pública. La incapacidad temporal por enfermedad común es la causa en casi un 70% de las ausencias al trabajo. Pero estas ausencias no se distribuyen homogéneamente: aproximadamente un 26% de las bajas por enfermedad duran de 1 a 3 días, un 38% de 4 a 15 días, y un 11% de 16 a 30 días. Por tanto, el 75% de las bajas duran menos de un mes. Solo el 1% de las bajas supera el año. Las medidas aprobadas sólo se refieren a las bajas por enfermedad y no discriminan según su causa y duración. Tratan igual a quien deja de acudir al trabajo por la resaca del fin de semana que a quien lleva un año por un cáncer de mama, a quien falta por primera vez en su vida que a un bajista habitual. Se puede decir que matan moscas a cañonazos. De lo cual parece haberse dado cuenta hasta el Gobierno ya que la propia Regina Planiol, consejera de presidencia, ha dicho, aunque con confusión, que cree que los tres primeros días de baja no dejaran de pagarse al no ser de incapacidad temporal (sic). Un empleado público incluido en el Régimen General de la Seguridad Social que tenga una baja médica tiene derecho a un 60% de su base reguladora (que es la base de cotización del mes anterior a la baja) desde el cuarto día hasta el 20 y a partir del 21 al 75%. Esta cantidad se paga por el empresario –la Administración- desde el 4 día hasta el 16 y de allí en adelante por la Seguridad Social. Los empleados públicos incluidos en clases pasivas, protegidos por MUFACE (fundamentalmente profesores en la Comunidad de Madrid) y por MUGEJU (personal de justicia), cuentan con una protección diferente más amplia consistente en percibir las retribuciones integras hasta el tercer mes o sexto mes respectivamente y desde allí en adelante las retribuciones básicas integras más la cantidad mayor entre el 80% de las retribuciones básicas o el 75% de las complementarias correspondientes al tercer mes de su licencia. Dada esta diversidad de regímenes de protección, con la supresión del complemento por mejora voluntaria que garantizaba a todos durante la incapacidad temporal el salario por igual, ahora los que estén en el Régimen General no cobrarán nada los tres primeros días de baja y verán muy reducido su salario a partir del cuarto, mientras que los que están en MUFACE o MUGEJU sólo lo verán reducido desde el mes cuarto o séptimo y encima en mucho menor cuantía. Por tanto, esta medida va a producir graves discriminaciones entre compañeros que es fácil suponer podrán enrarecer aún más el ambiente de trabajo. Pero hay más, como para los del Régimen General la determinación del subsidio de incapacidad temporal se calcula sobre la base de reguladora que viene determinada por la base de cotización y ésta está topada y puede ser inferior al salario real, lo que sucede para todos los trabajadores del grupo A1, en general los más cualificados, la reducción de salario puede llegar a ser para ellos de más de un 50%. Con lo cual se establece una nueva discriminación, ahora entre trabajadores por su cualificación. Dañando mas por cierto a quienes menor índice de absentismo tienen en la Administración. Por otra parte, esta medida obvia, aunque puede que mucha gente no lo conozca, que es la Comunidad la responsable de dar las bajas médicas a través del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid, pero que es la Seguridad Social, que depende del Estado quien paga la prestación económica. De hecho, esta separación de responsabilidades hizo que, cuando se trasfirieron las competencias a las Comunidades Autónomas en sanidad, se dispararan las bajas médicas. Y que, para controlar la incompetencia de las Comunidades Autónomas, la Seguridad Social tuviera que pagarles un plus por cumplimiento de objetivos, para lograr disminuir su excesivo número. Luego, si se quiere atacar realmente el absentismo laboral por bajas médicas lo primero a hacer es establecer controles más estrictos de las bajas que dan los médicos, y ello sin esperar que el Estado tenga que seguir incentivando lo que debe ser una obligación propia de la Comunidad. Otra consecuencia grotesca de esta medida indiscriminada es que un empleado público de la Comunidad del Régimen General que falte tres días por su enfermedad no cobrará nada, pero si falta por la enfermedad de su padre o su hermano recibirá el salario completo. Curiosa forma de limitar el absentismo, como curioso es que la medida frente a un problema estructural se haya previsto con carácter temporal sólo para este año 2012. Más razonable hubiera sido penalizar a los reincidentes en bajas de corta duración, controlar las bajas e duración inferior al mes más eficientemente, etc. En definitiva, la medida huele a improvisación y que no va dirigida a resolver el problema del absentismo laboral sino a reducir costes en personal de forma indiscriminada. Mal camino para conseguir el objetivo de una administración pública más racional y eficiente.
