Domingo, 24 de Noviembre 2024
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España ECONOMIA Titulo: ADICAE. Los pagos de la sentencia del 'Caso Gescartera' comenzarán a realizarse a partir de febrero. Texto: El caso Gescartera, resuelto por el Tribunal Supremo con una sentencia controvertida e incomprensible en la que excluía de responsabilidad a las entidades financieras cómplices en el caso Gescartera, dejando como única implicada a CajaMadrid Bolsa, pero sólo por aproximadamente un 32% de la cantidad reclamada. Definitivamente los expertos encargados de examinar el caso, con la ratificación de la Audiencia Nacional, han cifrado en 12 millones de euros la cantidad que CajaMadrid Bolsa deberá devolver a los afectados por partes iguales. Los pagos empezarán a realizarse en las próximas semanas, una vez que el Juzgado finalice las operaciones de cálculo y distribuya esa cantidad entre el listado de afectados. Hay que tener en cuenta que todavía quedan pendientes de resolución algunas reclamaciones presentadas por ADICAE por discrepancia de cuantía de personas que, o no aparecían en la lista de afectados, o la cuantía especificada no era la correcta. CajaMadrid Bolsa deberá pegar, bajo amenaza de embargo La sala cuarta de la Audiencia Nacional ha acordado, asimismo, que dicha cantidad ha de ser consignada por CajaMadrid Bolsa más el 30% de lo reclamado, calculado para satisfacer los intereses moratorios y procesales vencidos en el plazo de ocho días, con apercibimiento de embargo si no se efectúan los pagos. Una vez producido el ingreso se procederá al reparto de la cantidad resultante entre todos los acreedores perjudicados en proporción al perjuicio fijado en la sentencia. Además es preciso señalar que el Fondo de Garantía no cobrará de forma privilegiada, sino en igualdad con el resto de afectados. Se trata, como venimos indicando desde hace tiempo, de una sentencia que no satisface los intereses de los consumidores defraudados, que sólo podrán recuperar aproximadamente el 32% de los ahorros invertidos. No obstante ADICAE supervisará los cálculos realizados por los expertos para que, al menos, los afectados cobren realmente lo que según la sentencia deberían cobrar.