España AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: La crisis económica no debe derivar en una crisis de derechos humanos. Texto: Amnistía Internacional valora positivamente el compromiso del Gobierno de poner en marcha una estrategia de derechos humanos para esta legislatura Somos conscientes de que España se encuentra en una delicada coyuntura económica, y por ello hemos urgido al Gobierno a que tome las riendas para que esta situación no derive en una crisis de derechos humanos. Más que nunca, el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger a las personas aquí, y no permitir tampoco que los intereses económicos prevalezcan sobre la protección de los derechos humanos en el exterior. Nos hemos encontrado con una actitud abierta tanto en el Gobierno como en los principales partidos políticos para conseguir avances en este ámbito, pero esperamos que esta actitud dé como resultado acciones concretas y oportunas. Con estas palabras ha resumido hoy Salil Shetty, secretario general de AI, una semana de reuniones de alto nivel que una delegación de la organización ha mantenido con las autoridades españolas. Amnistía Internacional acoge con satisfacción el compromiso del Gobierno para poner en práctica una estrategia de derechos humanos y recibir nuestras aportaciones para producir un plan concreto de trabajo, ha agregado. También hemos tenido la oportunidad de escuchar a personas que han sufrido violaciones de los derechos humanos: víctimas del racismo, de desalojos forzosos, familiares de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo. Estas son las voces que hemos hecho llegar a las autoridades, ha dicho Shetty. Durante la visita, la organización ha presentado a las autoridades su Agenda de Derechos Humanos para la X Legislatura en España, en la que analiza algunos avances logrados hasta la fecha y las preocupaciones de la organización; define los desafíos clave de derechos humanos a los que se enfrenta el país tanto interna como externamente, e incluye un listado de 35 indicadores para evaluar la acción del Gobierno en este ámbito. La reducción de gasto público nunca debe afectar a los derechos humanos. Por muy grave que sea la situación de las arcas públicas, las medidas económicas no se deben tomar sin evaluar previamente su impacto en las personas más vulnerables. Es muy preocupante el hecho de que todavía haya personas en España que no tienen acceso a la atención sanitaria, como algunas personas desempleadas de larga duración o algunos inmigrantes ha declarado Shetty. También hemos discutido con el Gobierno sobre sus obligaciones en relación al derecho a la vivienda. En estos momentos, muchas personas están siendo desalojadas de sus hogares, sin alojamiento alternativo adecuado. El Gobierno debe prohibir los desalojos forzosos y proteger a las personas que sufren esta práctica, tal y como han indicado varios organismos de Naciones Unidas ha añadido Shetty. Otro de los retos que a juicio de Amnistía Internacional debe afrontar el Gobierno es la lucha contra la discriminación en todas sus formas. Es intolerable que la policía realice identificaciones en la calle únicamente basadas en el perfil racial de las personas, una práctica que es a la vez ilegal y profundamente discriminatoria, y de hecho criminaliza a los migrantes, uno de los colectivos más vulnerables del país ha advertido Shetty. Por ello damos la bienvenida a que el secretario de Estado de Interior considere emitir una orden por escrito para prohibir esta práctica. En relación a otros asuntos de política interior, Amnistía Internacional ha instado al Gobierno a no dejar de lado otras asignaturas pendientes, como la lucha contra la tortura y los malos tratos por parte de las Fuerzas de Seguridad, o la eliminación del régimen de incomunicación, en línea con las peticiones de Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Sobre la situación de los centros de detención de inmigrantes, la organización ha dado la bienvenida al compromiso del Gobierno de desarrollar el reglamento, el cual ya debería existir, tal y como establece la Ley de Extranjería. En el ámbito internacional, Amnistía Internacional ha recordado al Gobierno la importancia de que los derechos humanos sean la hoja de ruta de la política exterior española. Hemos encontrado al Gobierno muy receptivo en asuntos de amplio alcance a nivel internacional, como la necesidad de apoyar en Naciones Unidas un Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas que sea sólido y de no permitir transferencias de armamento que puedan utilizarse para cometer graves violaciones de derechos humanos ha declarado el secretario general de AI. En este contexto, Amnistía Internacional ha apreciado que el Gobierno siga de cerca la situación en Siria, y en el norte de África y Oriente Medio en general, y le ha indicado que después de años en los que la comunidad internacional ha dado la espalda a los derechos humanos en la región, queda mucho por hacer si hay voluntad de subsanar pasados errores. El Gobierno puede aprovechar oportunidades con autoridades de países con las que España se relaciona, como Arabia Saudita, Argelia y Marruecos . No esperemos a que la gente tenga que salir a la calle para apoyarles en sus demandas de derechos y necesidades. El Gobierno debe reorientar su política exterior hacia éstos y otros países, como Colombia, situando el respeto y la protección real y efectiva de los derechos humanos en el centro de toda iniciativa ha concluido Shetty. Más información Una delegación de Amnistía Internacional, encabezada por el secretario general Salil Shetty, se encuentra en España desde el pasado 12 de marzo en una visita de alto nivel. Ha mantenido reuniones con representantes de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos, representantes de partidos políticos -PP, PSOE, e IU-, de la fiscalía general del Estado y del Gobierno. Cabe destacar, entre otros, encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, el director de gabinete del presidente del Gobierno, el secretario de Estado de Justicia y el secretario de Estado de Interior. También se ha reunido con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los desalojos forzosos, el racismo o la reparación a víctimas del franquismo. El Pleno del Congreso de los Diputados del 14 de febrero de 2012 aprobó una Proposición No de Ley (PNDL) instando al Gobierno a evaluar el Plan de Derechos Humanos de la pasada Legislatura y a implementar una Estrategia con medidas concretas en política interior y política exterior para la promoción y protección de los derechos humanos.
