Sabado, 23 de Noviembre 2024
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España DRY Titulo: LA NEGACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD, A JUICIO. Texto: La sanidad pública está siendo desmantelada en Catalunya, mediante recortes presupuestarios y asistenciales que están llevando a importantes y peligrosas restricciones de acceso a la asistencia sanitaria, un derecho de todos los ciudadanos reconocido en la Constitución Española y reforzado y garantizado en el desarrollo legislativo estatal y autonómico de este derecho. Bajo el paraguas de las medidas anticrisis y de austeridad, hay indicios claros de privatización del sector sanitario público pensados no para mejorar la calidad asistencial, sino para favorecer al sector sanitario privado en el que tienen y han tenido grandes responsabilidades los actuales Altos Cargos de la Generalitat que gestionan la sanidad pública. Las actuaciones del Gobierno catalán y la Conselleria de Salut, sus efectos en la realidad social, las declaraciones de los responsables en la toma de decisiones de dicha Consejería y el perfil profesional de las personas a las que se ha encomendado este giro en la política sanitaria catalana, marcan la línea de una intencionalidad privatizadora con claros intereses económicos del sector privado. Por todo ello, es pasado miércoles 21 de marzo, La PARS, una plataforma integrada por ciudadanas/os anónimas/os, personas desempleadas, trabajadores, precarios, agrupaciones de corte social, vecinos y de pacientes -entre las que se encuentran la Associació de veïns de lÒstia, del barri popular de la Barceloneta; la Liga del Síndrome de la Fatiga Crónica, Rosa Regàs y la Plataforma en defensa de la Barceloneta- y un grupo de trabajo de Democracia real Ya! Barcelona junto a otros espacios del 15M, hemos presentado ante la Fiscalía Superior de Catalunya una denuncia para solicitar que se inicien diligencias de investigación ante los gravísimos hechos que están ocurriendo en el ámbito sanitario catalán. Denunciamos, un delito tipificado en el artículo 542 del Código Penal, según el cual incurre en un delito todo aquel funcionario público que, a sabiendas, impidan a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes, además de otros delitos que pudieran resultar de la investigación que se practique. Las personas que firmamos esta denuncia pensamos que el deterioro del sector sanitario público no es explicable únicamente como una consecuencia de la crisis económica sino que se le está provocando un daño adicional que favorece el trasvase de actividades al sector sanitario privado y que las medidas de recorte presupuestario se están tomando con plena consciencia del recorte asistencial que suponen, tal y como puede comprobarse en las declaraciones de los responsables de la sanidad pública catalana aconsejando afiliarse a una mutua a los ciudadanos. Las actuaciones que se consideran constitutivas de delito están detalladas en el relato de hechos. La denuncia redactada es un trabajo colectivo plasmado en 73 páginas con la aportación de 71 documentos anexos; en total [unas 300 páginas] que ponen de manifiesto la privación de derechos, describen la línea de intereses e intenciones privatizadoras y, en definitiva, y en cifras, la destrucción del sistema sanitario público catalán. RECLAMAR TUS DERECHOS ES TU RESPONSABILIDAD