España Partido Socialista Titulo: El ministro Cañete ha puesto la costa en venta. Texto: Así de rotundo se expresaba esta tarde el Secretario de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad del PSOE, Hugo Morán, ante la aprobación del Proyecto de Ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas, por parte de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso. Morán ha lamentado que la reforma impulsada por el Gobierno del PP tenga como objetivo arruinar el patrimonio común de todos los españoles, para ponerlo al servicio del enriquecimiento de unos pocos privilegiados, algo que consideró inaceptable, pues se trata de poner los intereses particulares por encima del interés general, o lo que es lo mismo la perversión absoluta de la encomienda democrática a cualquier gobierno, sea del color que sea. Para el portavoz socialista en materia medioambiental el Ministerio ha hecho oídos sordos al clamor social y científico que le reclamaba respeto al mandato constitucional que le obliga a preservar nuestra costa como un bien público, y a defenderla frente a la especulación urbanística. Muy al contrario, el PP ha decidido expropiársela al conjunto de la ciudadanía y entregarla sin condiciones al maltrecho negocio inmobiliario (en algún caso promoviendo un escandaloso trato de favor con nombres y apellidos, tal y como ha denunciado Greenpeace), alimentando así la burbuja que ha estado en la génesis de la crisis que atenaza al país. Por todo ello –añadió- nos encontramos, sin duda, ante una nueva quiebra del marco constitucional. Según Morán, los precedentes de esta medida los encontramos en Grecia cuyo Gobierno planteó la venta de algunas islas para hacer caja, en un desesperado intento de cumplir con las condiciones impuestas para su rescate financiero. En el caso de España -continuó-, el Gobierno del PP actúa de facto como el de un país rescatado, al aprobar una Ley que da cobertura a una enorme operación de desamortización del suelo litoral, que hasta ahora había venido gozando de una protección como bien público, para propiciar su venta al mejor postor. Por último Hugo Morán ha manifestado que lo más grave de esta descerebrada operación es aquello que afecta a la seguridad del país y de todos los ciudadanos. De nada han servido los miles de páginas de informes que vienen alertando sobre la creciente vulnerabilidad de los suelos litorales (el más reciente el de la AEVAL, Agencia dependiente del propio Ministerio de Hacienda), y de la necesidad de reforzar todas las cautelas de protección en el dominio público marítimo-terrestre. Sobre una pretendida coartada de reformar la Ley para garantizar la seguridad jurídica, se edifica todo un monumento a la inseguridad física, cuyos costes serán tanto mayores cuanto más se expriman las oportunidades especuladoras que la Ley brindará a quienes quieran aprovecharse de ellas.
