España ECONOMIA Titulo: FACUA: La Fiscalía de Córdoba ve indicios de delito en la gestión de un exdirector general de Cajasur. Texto: Después de recibir la denuncia de un particular, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha aprecidado indicios de delito en la gestión del exdirector general de Cajasur entre 2005 y 2007, José Ruiz, y ha enviado un decreto al Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba para que instruya una causa, según los documentos del Ministerio Fiscal a los que ha tenido acceso este periódico. Según el decreto de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Andalucesdiario.es, de la denuncia presentada se deduce en principio la posible existencia de hechos constitutivos de infracción penal que en una primera aproximación podrían encuadrarse en los delitos societarios u otros en función de lo que resulte de la inspección del procedimiento. El 3 de mayo, el exdirector de una oficina de CajaSur, Rafael Bueno, presentó una denuncia ante el Ministerio fiscal contra José Ruiz, el exdirector general de la caja de ahorros multado por la Audiencia Nacional por descuidar los mecanismos de control interno de la entidad financiera. Bueno sostiene su denuncia en el fallo judicial de la propia Audiencia Nacional. En concreto, este exempleado de la caja asegura que Ruiz pudiera haber cometido actuaciones presuntamente delictivas, según sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional. En toda su denuncia, Bueno no va más allá de lo señalado por la propia Audiencia Nacional, cuando ha decidido ratificar las sanciones impuestas por el Banco de España y el Ministerio de Economía contra los directivos de la caja cordobesa por su falta de control, que provocó que la entidad tuviera que ser intervenida por el FROB. Las actuaciones denunciadas por Bueno y que ahora la Fiscalía de Córdoba entiende que pueden considerarse como delitos societarios serían unas operaciones concretas que supusieron un quebranto para la cuenta de resultados de la entidad. En concreto, se trataría de la concesión de un préstamo hipotecario a la promotora Las Villas de Alfarnatejo por valor de 5,5 millones de euros para la adquisición de suelos. De esa cantidad, sólo una pequeña parte se destinó a la finalidad contratada, subraya en negrita la denuncia de Bueno. El resto, dice el fallo, se distrajo, concluye. A Ruiz se le reclaman 45.000 euros por las deficiencias de gestión durante el tiempo que estuvo al frente de la principal responsabilidad técnica de la antigua caja de ahorros. Fue nombrado en agosto de 2005 y estuvo en el cargo hasta marzo de 2007. Consta en el pliego de cargos, la adquisición de Arenal Sur 21 a Rafael Gómez, líder de la oposición en el Ayuntamiento de Córdoba, que supuso un fuerte quebranto de la situación económica de Cajasur. El fallo de la Audiencia Nacional asegura que ha quedado demostrado la plena responsabilidad de Ruiz, tras la consulta de las actas del consejo de administración. El importe de la operación, contraviniendo las órdenes del Banco de España, ascendió a 125 millones sin informes que acreditaran su viabilidad. La Audiencia Nacional cita también operaciones con la promotora Affira -con la que se vulneró el tope de riesgo del 65%- y con la empresa Chalet, Piscinas y Complementos, a la que se financió, por tramos, hasta un 70% de una promoción cuando el límite se encontraba en la mitad de la inversión necesaria. La sala de lo contencioso recoge como elemento punible la concesión de 7,5 millones a la empresa Interbarajas 2004 para que la sociedad pudiese hacer frente, a su vez, a un crédito anterior de 23 millones. En el considerando, Bueno añade que en los hechos que sustentan la sanción, y que se dan por probados, se encuentran también una decena de operaciones con sociedades participadas entre las que se encuentran Prasur o Sermansur, entre otras, que se efectuaron sin la necesaria información y seguimiento, y habiendo omitido de forma flagrante los cometidos del cargo, entrecomilla el denunciante. El escrito concluye asegurando que como resultado de la gestión de CajaSur la caja fue intervenida por el Banco de España, ocasionando un grave perjuicio público, rescatada con dinero público y despedidos traumáticamente cerca de un millar de empleados. Mientras tanto, la Audiencia Nacional ya ha ratificado punto por punto todas las sanciones impuestas al casi medio centenar de directivos de la caja de ahorros cordobesa, que tendrán que abonar una multas que superan los 2,5 millones de euros.
