España SOCIEDAD Titulo: FACUA afirma que Gallardón no dice la verdad sobre las tasas. Texto: FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la aplicación de las tasas judiciales situaría a los usuarios en una situación de indefensión judicial debido a que muchos no podrían acceder a la Justicia al no poder hacer frente a los gastos. Asimismo, la asociación recuerda que al iniciar el proceso judicial, el usuario desconoce el resultado favorable o desfavorable del litigio, con lo que la medida provocará un efecto disuasorio del consumidor ante el acceso a este servicio público. FACUA advierte que los gastos de las tasas judiciales no se devolverían al usuario aún ganando el juicio, pues no se asegura la condena en costas y que el que pierda no se declare insolvente. Además, en cualquier caso, el Gobierno nunca devolvería dichas tasas, sería el condenado el que lo hiciera. La asociación recuerda el artículo 241.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la tasa judicial entra dentro de las costas procesales o gastos del proceso, por lo que esa cantidad no se recupera. Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, mantiene en su discurso que si se gana el juicio las tasas judiciales se devuelven; bien el 60% de la cuantía cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos, o un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados. Ahora un auto judicial anunciado por tres magistrados de la Audiencia Provincial de León el pasado 5 de septiembre desmiente las declaraciones del ministro. FACUA señala que esta nueva aportación de los jueces corrobora la ya denunciada discriminación del usuario y la inconstitucionalidad de la aplicación de este pago. La asociación señala que el pago de las tasas judiciales supone un gravamen excesivo e innecesario para el ciudadano en la situación actual de crisis y por tanto, atenta contra el pilar sobre el que cimienta la posible exigibilidad del resto de derechos que tiene como consumidor y usuario. Por ello, FACUA solicita la revocación de este pago y la protección de todos los consumidores y usuarios en sus derechos de acceso a la tutela judicial efectiva.
