España Izquierda Unida Titulo: IU reclama ante la Comisión Europea que España detenga los proyectos de almacenamiento subterráneo de Gas debido al probado riesgo de terremoto. Texto: Los días 1 y 2 de octubre se han producido diversos terremotos cerca del límite entre la Comunidad valenciana y Cataluña que han llegado a alcanzar 4,2 grados en la escala de Richter. Dichos seísmos se han producido a causa del proyecto Castor, una actividad de almacenamiento subterráneo de gas desarrollada por la compañía Escal UGS. Ante estos seísmos causados por el ansia de beneficios de la citada compañía el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer ha instado a la Comisión Europea a que detenga el desarrollo de éste tipo de proyectos de almacenaje en España, debido al riesgo potencial al que se está sometiendo a la población cercana. El proyecto Castor, que trata de almacenar gas en un depósito subterráneo, no es el único en España. Había superado todas los controles y pruebas fijadas por la ley y estos terremotos nos demuestran que son insuficientes y que se está sometiendo a un enorme riesgo a la población, afirmó Willy Meyer. Izquierda Unida viene rechazando este tipo de prácticas de almacenamiento de gas así como otras similares de extracción como la fractura hidráulica, compartiendo la preocupación de las organizaciones ecologistas y las experiencias de numerosas comunidades afectadas por los efectos de este de proyectos extractivos y de almacenaje. Existen numerosos riesgos complejos y difusos que no son fácilmente mesurables, sin embargo la administración Española, así como las instituciones europeas prefieren, de nuevo, gobernar en beneficio de las empresas extractivas sin importarles el riesgo que sufre la población local, sostuvo el eurodiputado. Ante este tipo de proyectos la normativa europea establece que debe imperar el principio de precaución ya que: esta vez ha sido un terremoto que no ha provocado daños, sin embargo no sabemos si podría desencadenarse una tragedia por este tipo de prácticas, señaló Meyer. Las empresas elaboran estudios de impacto que son manifiestamente incompletos e imprecisos y las autoridades que los aceptan son cómplices de someter a la población a gravísimos riesgos, concluyó el eurodiputado.
