España Izquierda Unida Titulo: Gaspar Llamazares afirma que el nuevo Código Penal diseñado por el Gobierno de Rajoy es despiadado y represivo. Texto: El diputado de Izquierda Unida y portavoz parlamentario de Justicia en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha afirmado hoy que la actual reforma del Código Penal del Gobierno del PP debilita los derechos sociales y reduce la democracia en una deriva autoritaria. En su opinión, el drástico giro que se quiere dar al texto penal por excelencia será despiadado y represivo. Llamazares realizó estas valoraciones durante la inauguración y la posterior rueda de prensa de la Jornada que, bajo el lema Otro Código Penal es imprescindible, ha organizado Izquierda Unida a través de su Grupo Parlamentario IU, ICV-EUiA, CHA en dependencias de la Cámara Baja. El portavoz de Justicia de IU en el Congreso criticó duramente varios aspectos de la actual reforma que impulsa el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. En este sentido calificó la llamada prisión permanente revisable como pena de muerte civil y claramente inconstitucional. Gaspar Llamazares también se ha referido a la criminalización de la protesta que conlleva la reforma del Código Penal del Gobierno de Rajoy. Avisó de que trata de responder al conflicto social para penalizar al más débil junto a la protesta y la contestación social. Señaló como ejemplo la penalización por acoger a un inmigrante o el papel que la derecha quiere que dé la nueva norma a la represión de la pobreza. Para el diputado de IU por Asturias los cambios que el Ejecutivo busca incorporar intentan hacer populismo punitivo con la cadena perpetua, además de reforzar códigos penales anteriores. Indicó que vamos a peor en el sistema de penas y en la política de reinserción social. Para Llamazares, el Gobierno del PP esconde el debate y lo relega al trámite parlamentario de la reforma para rehuir el debate social que sería necesario. Destacó también la impunidad económica que puede suponer este Código Penal, ya que mira para otro lado en lo que produce escándalo social y deja impunes a los corruptos y a la gran delincuencia de cuello blanco, pero se ceba con los más débiles y se dedica a reprimir a las víctimas de la crisis. Llamazares ha saludado la movilización de la sociedad y ha señalado que ayer –en referencia a las manifestaciones con las que se culminó la Huelga General educativa contra la LOMCE y la política de recortes del Ejecutivo en esta materia- se demostró que la movilización existe y que la gente contesta la política del Gobierno. Por ello, se ha mostrado convencido de que esa movilización tendrá resultados para frenar lo peor de la política represiva. Sobre el apoyo del Gobierno y del Partido Popular a la manifestación convocada este fin de semana por algunas asociaciones de víctimas del terrorismo en contra de la anulación de la denominada doctrina Parot por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Llamazares consideró que es inapropiado y una demostración de hipocresía por parte de Mariano Rajoy y su Ejecutivo, ya que no se puede estar en misa y repicando. El Gobierno pretende acatar y aplicar la sentencia por un lado, mientras que por el otro intenta rebelarse y desacatarla. Eso es descalificar al tribunal y rechazar la sentencia como injusta. Por su parte, el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, uno de los ponentes que intervino en las jornadas –además de otros portavoces de asociaciones de jueces y fiscales progresistas, así como de plataformas y grupos que defienden las libertades democráticas- criticó también diferentes aspectos de la reforma del Código Penal. Incidió especialmente en la implantación e incremento de las tasas judiciales, así como en la elevación de lo que hoy está establecido como faltas a la categoría de delitos leves, al menos en 10 figuras relacionadas con lesiones leves y delitos contra la propiedad, con el consiguiente perjuicio e indefensión que supone para los ciudadanos, además del caos jurídico y el colapso que puede provocar. Martín Pallín, que calificó al ministro Ruiz-Gallardón como padre de las tasas, explicó que estos nuevos delitos quedan como infracciones con sanciones de carácter administrativo, con lo que se produce la consiguiente carga prevista por el legislador y, además, las personas que quieran recurrir por la vía de lo contencioso-administrativo tendrán que pagar tasas y abogados. Advirtió de que la mayor parte de ellos no podrán obtener la tutela judicial efectiva, mientras que anteriormente podían conseguirla gratis a través de la vía penal. Esto les convierte en sumisos e irremediables sancionados.
