España Izquierda Unida Titulo: El Foro de Abogados/as de Izquierdas muestra su repulsa y reprobación por la forma y el fondo de la última operación policial en el País Vasco. Texto: El Foro de Abogados de Izquierdas quiere mostrar su repulsa y reprobación por la forma y el fondo de la operación policial que ha conllevado la detención en el País Vasco, entre otras personas, de dos abogados, así como el registro de la oficina de un senador y abogado colindante con el despacho de una de las letradas detenidas. Debemos denunciar –aseguran los abogados integrantes de este Foro- el hostigamiento al que se están viendo sometidos diferentes compañeros letrados en el País Vasco y la vulneración que ello está suponiendo para el libre ejercicio de la profesión de abogado así como del derecho de defensa al que tiene derecho toda persona incursa en un proceso judicial. Además, destacan que queremos mostrar nuestro estupor con la forma en que se ha realizado la operación, ya que la filtración desde el propio Ministerio del Interior del desarrollo de la misma antes de que hubiese comenzado muestra claramente que nos hallamos ante un movimiento mediático y propagandístico del Gobierno y de su Ministerio del Interior que sólo busca, con prisas y de forma atropellada, sacar pecho ante el electorado más conservador del partido en el Gobierno y que, por otra parte, dificulta la agilización de la definitiva desaparición de ETA. Para el Foro de Abogados de Izquierdas no parece comprensible que una vez que los presos vinculados al EPPK han aceptado el Estado de derecho y la aplicación de la legislación penitenciaria se ponga en marcha una operación policial contra los abogados de los presos que semanas atrás dieron un paso concluyente y claro al asumir la legalidad vigente y la participación política por vías exclusivamente democráticas y pacíficas. Por todo ello, desde el Foro de Abogados de Izquierdas hacemos un llamamiento al respeto al Estado de derecho y a todas las garantías y derechos fundamentales que todas las personas tienen garantizados. Debe hacerse especial hincapié en que por parte de todas las instituciones del Estado se respete de forma escrupulosa el libre ejercicio de la abogacía y el derecho a la defensa de todas las personas.
