Sabado, 23 de Noviembre 2024
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España IA Titulo: NO a la desaparición de la jurisdicción de la justicia universal. Texto: El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, ha trasladado hoy a los miembros de la familia de José Couso –el cámara de televisión asesinado por miembros del Ejército de EE.UU que dispararon un proyectil contra el hotel donde se alojaba durante la invasión de Irak en 2003- el total apoyo de IU y de su grupo parlamentario para que su caso siga investigándose en la Audiencia Nacional y que no se vea afectado por el cambio legislativo diseñado por el PP para acabar con la jurisdicción de la justicia universal ahora en vigor. Llamazares se reunió a primera hora de la mañana durante cerca de media hora en su despacho del Congreso con la madre y el hermano de Couso, además de uno de los abogados de la familia, en un encuentro que calificó de positivo y cordial. Al término de la reunión criticó duramente la proposición de ley que el Grupo Popular que sustenta al Gobierno de Mariano Rajoy se ha apresurado a llevar a debate al Pleno de la Cámara Baja –se verá esta tarde como segundo punto del orden del día- para posibilitar la reforma de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial y acabar con la justicia universal. A juicio del diputado de IU estamos ante un cambio de tapadillo de la ley para poner punto y final a la justicia universal. Quieren acabar con la docena de investigaciones abiertas en la Audiencia, entre ellas la del caso Couso, y cumplir así con los compromisos que de seguro tiene adquiridos este Gobierno con los de algunos países, entre ellos el de EE.UU, para no darles problemas. Gaspar Llamazares, igual que hizo con la familia del reportero de televisión asesinado, trasladó a los periodistas que nuestro grupo parlamentario votará hoy en contra de la admisión a trámite de esta nefasta y malintencionada iniciativa del PP. Consideró que esta proposición de ley está diseñada para que la reforma se haga con la mayor urgencia posible y que no sea el Gobierno quien se tenga que mojar, hacer un proyecto de ley y tener que pedir informes al Consejo de Estado o al Consejo General del Poder Judicial, que podrían ser negativos.