Pakistán: Los ahorcamientos públicos son actos de inconcebible crueldad

“Las ejecuciones, sean públicas o privadas, no sirven para hacer justicia. Son actos de venganza y no hay pruebas de que tengan un efecto disuasorio excepcional"
Amnistía Internacional

Ante la adopción de una resolución en la Cámara Baja del Parlamento de Pakistán en la que se pide el ahorcamiento público de las personas condenadas por abuso sexual y asesinato de menores de edad, Omar Waraich, director adjunto de Amnistía Internacional para Asia meridional, ha declarado:

“El abuso sexual y el asesinato de niños y niñas se cuentan entre los crímenes más horrendos, pero la pena de muerte no es una solución. Los ahorcamientos públicos son actos de inconcebible crueldad y no tienen cabida en una sociedad que respeta los derechos humanos.

“Las autoridades deben dedicar sus energías a dar a los niños y niñas de Pakistán la protección que tanto necesitan mediante políticas y procedimientos enérgicos de salvaguardia antes de que se cometan los abusos, promulgando leyes contra los abusos sexuales y exigiendo que rindan cuentas los perpetradores de abusos contra menores en juicios justos sin recurso a la pena de muerte.

“Las ejecuciones, sean públicas o privadas, no sirven para hacer justicia. Son actos de venganza y no hay pruebas de que tengan un efecto disuasorio excepcional. Si la vida humana es lo que tiene máximo valor, arrebatarla es el acto más bajo. El Estado no debe perpetuar el ciclo de violencia matando a personas”.

Información complementaria

Ali Muhammad Khan, ministro de Estado para Asuntos Parlamentarios, presentó una resolución ante la Asamblea Nacional de Pakistán en la que pedía el ahorcamiento público de las personas declaradas culpables de abuso sexual y asesinato de menores de edad.

La resolución fue aprobada por mayoría, aunque se opusieron a ella algunos ministros del gobierno, como Shireen Mazari, ministra de Derechos Humanos, y Fawad Chaudhry, ministro de Ciencia y Tecnología.

Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, independientemente de quién sea la persona acusada, de la naturaleza o las circunstancias del delito, de su culpabilidad o inocencia y del método de ejecución.

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