En el informe que Amnistía Internacional ha publicado hoy, la organización describe cómo, a pesar de la declaración del “estado de emergencia” por parte de las autoridades nigerianas en relación con la violencia sexual y de género, las violaciones siguen proliferando a niveles de crisis, mientras que se niega justicia a la mayoría de las sobrevivientes, los violadores eluden su enjuiciamiento y cientos de casos quedan sin denunciar debido a la corrupción generalizada, el estigma y la cultura de culpabilización de las víctimas.
El informe, titulado Nigeria:A Harrowing Journey; Access to Justice for Women and Girls Survivors of Rape, describe espeluznantes casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, incluidos los de dos niñas, de seis y 11 años, que murieron a causa de la saña con que fueron agredidas. Asimismo, el documento pone en evidencia cómo los nocivos estereotipos culturales, la falta de investigaciones policiales sobre las violaciones, la toxicidad de la misoginia existente y la falta de apoyo a las víctimas han creado una cultura de silencio e impunidad que, cada año, continúa privando de protección a cientos de mujeres y niñas.
“En Nigeria, no se han tomado medidas concretas para abordar la crisis de violaciones con la seriedad que merece. Las mujeres y las niñas se siguen viendo abandonadas por un sistema en el que, para las víctimas, es cada vez más difícil obtener justicia, mientras que los autores de violaciones graves de derechos humanos quedan impunes”, declara Osai Ojigho, directora de Amnistía Internacional Nigeria.
“El temor a no ser creídas o ser incluso culpadas por haber sido violadas está creando una peligrosa cultura de silencio que frena a las sobrevivientes a la hora de pedir justicia. Es inaceptable que las sobrevivientes de violación y de otras formas de violencia de género tengan que pasar por un calvario tan insoportable para obtener justicia, que no hace sino agudizar su dolor. El ‘estado de emergencia‘ ha resultado no ser más que una declaración vacía que, de momento, no ha hecho nada por proteger a las mujeres y las niñas de Nigeria.”
El informe se basa en investigaciones realizadas entre marzo de 2020 y agosto de 2021, incluidas entrevistas con 14 mujeres y niñas de entre 12 y 42 años que han sobrevivido a violaciones. Además, el equipo de investigación de Amnistía Internacional ha entrevistado a siete padres o madres de niñas sobrevivientes. Las entrevistas se llevaron a cabo en Abuya y en los estados de Lagos, Kano, Sokoto y Bauchi.
Pandemia de violaciones
La violación sexual sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más generalizadas de Nigeria.
Tras el confinamiento impuesto para atajar la propagación de la COVID-19 en 2020, los casos de violación han aumentado notablemente. En junio de 2020, la policía nigeriana afirmó haber registrado 717 casos de violación entre los meses de enero y mayo de ese año. Por su parte, en abril de 2020, la ministra nigeriana de Asuntos de la Mujer, Pauline Tallen, comunicó que, durante el confinamiento, se habían registrado3.600 casos de violación, mientras que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 11.200 denuncias de violación durante todo el año 2020.
Ante el aumento de los casos de violación en toda Nigeria, en junio de 2020 los gobernadores de los estados declararon un “estado de emergencia” en relación con las violaciones y la violencia de género. Además, prometieron crear un registro de delincuentes sexuales. Sin embargo, un año después de dicha declaración nada ha cambiado, y se denuncian más casos de violación.
Una de las víctimas fue Vera Uwaila Omosuwa, estudiante de microbiología de 22 años, que murió por lesiones en 2020, días después de haber sido violada y brutalmente agredida en una iglesia cercana a su domicilio, en la ciudad de Benín (estado de Edo). Hamira, una niña de cinco años, fue drogada y violada por su vecino en abril de 2020, a consecuencia de lo cual sufrió lesiones tan graves que perdió el control de la vejiga.
La estudiante de 18 años Barakat Bello fue violada durante el atraco a su domicilio, en Ibadan (estado de Oyo). Los violadores la destrozaron a machetazos, y murió el 1 de junio de 2020. La niña de 11 años Favour Okechukwu fue violada en grupo hasta la muerte en Ejigbo (estado de Lagos), mientras que en el estado de Ogun fue violada una mujer de 70 años. En mayo de 2021 una niña de seis años fue violada hasta la muerte en el estado de Kaduna.
“La pandemia de COVID-19 no ha hecho más que poner al descubierto lo que llevaba tiempo sucediendo. En Nigeria, las mujeres y las niñas no sólo son violadas, sino que cuando tienen la valentía de dar un paso al frente, los agentes de policía las tachan de mentirosas y las acusan de querer llamar la atención, insultos que acrecientan su dolor”, sentencia Osai Ojigho.
Leyes obsoletas y fallos policiales
Aunque, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, Nigeria tiene la obligación de promulgar, aplicar y supervisar leyes para combatir toda forma de violencia contra las mujeres, las mujeres y las niñas nigerianas siguen siendo discriminadas tanto en la ley como en la práctica.
La definición de violación recogida en el Código Criminal, que se aplica en la región sur de Nigeria, y en el Código Penal, que se aplica en el norte, es obsoleta. La Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas ha ampliado el alcance y la definición de violación, pero guarda silencio con respecto al consentimiento.
“Aunque en la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas se ha ampliado el alcance legal de la definición de violación, la jurisdicción de ésa y otras leyes es limitada. Además, incluso cuando un estado adopta esa ley u otras similares, sigue sin exigir su cumplimiento y sin aplicarla”, manifiesta Osai Ojigho.
Las sobrevivientes y las ONG entrevistadas para esta investigación afirman que el estigma y la cultura de culpabilización de las víctimas son dos de los factores clave que frenan las denuncias de violación. En concreto, las sobrevivientes relataron alarmantes experiencias relacionadas con ambos factores, y aseguraron a Amnistía Internacional que se abstenían de denunciar por temor a no ser creídas y a ser culpadas. Las niñas, que son cada vez en mayor número víctimas de violencia sexual, tienen especial dificultad para denunciar esos delitos, ya que no existe un procedimiento de denuncia adaptado a ellas.
Algunas sobrevivientes refieren haber sido disuadidas de pedir justicia por la actitud tóxica de los agentes de policía frente a la violencia de género, que se traduce en interrogatorios humillantes y en la culpabilización de las víctimas. Además, las destartaladas comisarías de policía suelen carecer del espacio íntimo necesario para que las sobrevivientes puedan prestar declaración.
Onyinye, de 14 años, fue violada por su vecino cuando su madre la envió a ayudarle a arreglar su teléfono. Cuando Onyinye y su madre acudieron a la comisaría de policía a denunciar el delito, una agente de policía abofeteó a la niña y le tiró de las orejas, mientras que su madre fue reprendida por no dar a su hija una “buena educación”.
Tanto activistas como profesionales del derecho han condenado públicamente la escasa calidad de las investigaciones policiales sobre los casos de violación. En ocasiones, los perpetradores llegan incluso a sobornar a la policía para que no investigue. Por su parte, la policía aconseja también, a veces, a las víctimas y a los agresores arreglar el caso al margen del sistema de justicia penal, con lo que no hace sino perpetuar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y la impunidad del delito de violación.
El momento de actuar es ya
Amnistía Internacional insta a las autoridades nigerianas a actuar sin demora para proteger a las mujeres y las niñas de la desenfrenada violencia sexual existente. Todos los casos de violación denunciados deben ser sometidos de inmediato a una investigación exhaustiva e imparcial, y los responsables deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, condenados a penas adecuadas. Asimismo, deben revocarse las leyes discriminatorias existentes y debe instaurarse un marco concreto de aplicación e imposición de la ley.
La policía nigeriana tiene que brindar todo el apoyo necesario a las sobrevivientes, y actuar de conformidad con su propio código de conducta, facilitando a las víctimas procesos seguros, para que puedan denunciar casos de violación y de otros tipos de violencia de género, y obtener justicia.
Además, los tribunales deben garantizar el enjuiciamiento imparcial e inmediato de los casos de violencia sexual. También debe abordarse la acumulación de casos de violación sin tramitar, que puede dar lugar a barreras inaceptables de acceso a la justicia para las sobrevivientes de violación.
“Nigeria debe proteger a las mujeres y las niñas, garantizando que los autores de violaciones comparecen ante la justicia y que las sobrevivientes reciben protección y ayuda psicosocial y médica. Es preciso detener de inmediato la oleada de violencia sexual contra las mujeres y las niñas”, concluye Osai Ojigho.
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