El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 480 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 31 de octubre de 2021. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, desglosados por comunidades autónomas.
Entre sus principales conclusiones, destacan:
El ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que en verano afecta a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
El ozono sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español, y el más estrechamente ligado al cambio climático, por su relación con las altas temperaturas. Como en 2020, durante 2021 sus niveles se han reducido de forma importante, interrumpiendo la tendencia estacionaria o al alza de los últimos años, como consecuencia de la drástica disminución de las emisiones de sus contaminantes precursores en la industria y el transporte, por la crisis de la COVID–19.
El informe de Ecologistas en Acción toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2021 a 34,6 millones de personas en el Estado español, el 73 % de su población, así como a 423.000 kilómetros cuadrados, el 84 % del territorio. Es decir, tres de cada cuatro españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.
Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado con arreglo a los criterios del informe sería de sólo 1,4 millones de personas, un 3 % del total y entre ocho y diez millones de afectados menos que en años anteriores a la pandemia. Se trataría de la cifra más baja de personas afectadas desde la entrada en vigor del objetivo legal, en 2010.
La frecuencia de las superaciones de los estándares de la OMS y legal ha sido muy inferior a la de los años previos a la pandemia, con descensos de respectivamente el 37 % y el 58 % en relación al promedio de las registradas en el periodo 2012-2019, en el conjunto del Estado, y una caída drástica en las superaciones del umbral de información.
Durante 2021, los territorios más afectados por el ozono se reparten entre la Comunidad de Madrid, el interior de Cataluña y la Comunitat Valenciana, la ciudad de Cáceres y la zona industrial de Puente Nuevo, al norte de Córdoba. Pese a la sustancial mejora de la situación en los últimos dos años, dieciocho zonas de siete comunidades autónomas, con diez millones de habitantes, han seguido incumpliendo el objetivo legal en el trienio 2019-2021.
La contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden, que causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español, según la Agencia Europea de Medio Ambiente. Las personas más afectadas son niñas y niños, mayores, mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Sólo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.
La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. El índice de calidad del aire aprobado por el Gobierno califica como regulares niveles de ozono que pueden ser dañinos para la salud. Pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid aplica medidas de limitación del tráfico en episodios.
Los planes autonómicos de calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios, según la legislación y el Tribunal Supremo. Pero once comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y País Vasco) siguen sin aprobarlos. Ecologistas en Acción ha denunciado judicialmente la inactividad de los gobiernos de Castilla y León, Cataluña, Comunitat Valenciana, Madrid y Navarra, con recursos vistos para sentencia.
Ecologistas en Acción pide al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que agilice el Plan Nacional de Ozono en elaboración, y que exija a las comunidades autónomas que cumplan con sus propias obligaciones en la materia.
Las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el apoyo a las energías renovables. También es necesario ampliar el Área de Control de Emisiones acordada para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las grandes explotaciones ganaderas intensivas.
La crisis de la COVID–19 ha demostrado que la reducción estructural del transporte y la descarbonización de la industria son las mejores herramientas para mejorar la calidad del aire que respiramos, en las ciudades y en las zonas rurales, también en el caso del ozono. La dramática situación creada por la pandemia viene a corroborar que la reducción de las emisiones de precursores sí es efectiva para combatir la contaminación por ozono.
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