España podría pagar 8.000 millones de euros a inversores extranjeros por sus medidas en materia energética

España es el país más demandado bajo este tratado, según revela el informe, que se acompaña de un suplemento elaborado por Ecologistas en Acción que profundiza en las 45 demandas interpuestas contra el Estado español

El informe ‘Un Tratado para gobernarlos a todos’, elaborado por Pia Eberhardt, Cecilia Olivet y Lavinia Steinfort, tres investigadoras del Corporate Europe Observatory (CEO) y del Transnational Institute (TNI), acaba de publicarse por primera vez en castellano.

El informe pone de manifiesto que el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es una herramienta clave para empresas fantasma, inversores financieros especulativos y corporaciones asociadas a la energía contaminante. Dicho tratado, firmado a día de hoy por 51 países de Europa y Asia y que abarca específicamente el sector de la energía, permite a los inversores demandar a los Estados firmantes por medidas legislativas que puedan perjudicar sus “expectativas legítimas”.

Junto al informe, Ecologistas en Acción y la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión han publicado un suplemento con información actualizada sobre las demandas de inversores extranjeros a España en el marco del TCE. La investigación de la organización ecologista revela que, de las 45 demandas que han invocado al Tratado sobre la Carta de la Energía, siete han sido decididas a favor del inversor, lo que se traduce en una pérdida de 687 millones de euros.

Dicha cantidad equivale a casi el total del presupuesto para Cultura y Educación, prácticamente el doble de lo destinado a incentivar el acceso a la vivienda y a la mitad del presupuesto destinado a ‘Desarrollo del medio rural’, como figura en los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Asimismo, si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado tendría que pagar más de 8.000 millones de euros de dinero público en concepto de indemnizaciones a los inversores y gastos en defensa legal.
El suplemento también incluye un análisis del contexto político en el que se enmarcan las demandas al Estado español y las futuras consecuencias del pago dichas de demandas, así como los intereses políticos y empresariales en juego. Entre sus conclusiones destaca el hecho de que, a pesar que las demandas a España son por recortes en el sector de energía renovable, en el 87 % de los casos el inversor demandante es un inversor financiero especulativo, no una empresa de energía renovable. Además, el 48 % de las demandas fueron presentadas por empresas que también tienen inversiones en sectores contaminantes como el del carbón, petróleo, gas o nuclear.

Según el informe de CEO y el TNI que Ecologistas en Acción lanza en castellano, en otros países grandes empresas de petróleo, gas y carbón ya han recurrido al tratado para impugnar políticas que favorecían las energías renovables, prohibían la explotación de petróleo, aplicaban impuestos a los combustibles fósiles e introducían reglamentaciones ambientales. Con estos antecedentes, es muy probable que el TCE siga utilizándose para litigar contra aquellos gobiernos que aprueben medidas para combatir el cambio climático o reducir la pobreza energética, entorpeciendo el camino hacia una transición energética justa.

La crisis ambiental global, los límites del planeta, la pobreza energética y la necesidad de equidad social urgen a que se legisle poniendo los derechos humanos y la justicia ambiental en el centro de las políticas públicas. Sin embargo el presente informe y el suplemento sobre el caso español ponen de relieve que, para que sea posible, es imprescindible que España salga del Tratado sobre la Carta de la Energía, como ya hiciera Italia en 2015, y que se finalicen el resto de tratados de inversión que permiten el arbitraje de inversión.

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