FACUA espera que Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores

"España necesita un Gobierno al que no le tiemble el pulso para actuar contra los fraudes que cometen los poderosos", señala la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz

FACUA-Consumidores en Acción espera que Pedro Sánchez lidere un Gobierno de progreso que priorice la defensa de los consumidores impulsando los necesarios cambios normativos para aumentar y fortalecer sus derechos, enfentándose a los abusos de las grandes empresas y llevando a cabo medidas que frenen situaciones tan dramáticas como los desahucios y la carestía de la vivienda así como la de servicios esenciales liberalizados como la electricidad.

FACUA valora positivamente la alta participación en las elecciones generales de este 28 de abril y reclama un Gobierno que se comprometa a hacer realidad el artículo 51 de la Constitución Española, que recoge que "los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios" en lugar de mirar hacia otro lado ante los gravísimos fraudes que se cometen en numerosos sectores empresariales.

Un organismo autónomo que sancione los fraudes masivos

"España necesita un Gobierno al que no le tiemble el pulso para actuar contra los fraudes que cometen los poderosos", señala la secretaria general de FACUA, Olga Ruiz. "Hace falta que el nuevo Ejecutivo ofrezca respuestas contundentes frente a los abusos que sufren los consumidores y que garantice derechos básicos para la vida y el desarrollo humano en condiciones de dignidad. Hay que frenar los abusos de la banca, de las energéticas, de los buitres inmobiliarios… y adoptar medidas eficaces que permitan paralizar desahucios y favorezcan el pleno reconocimiento del derecho a una vivienda digna".

En este sentido, la secretaria general de FACUA espera que el futuro Gobierno "se dote de los mecanismos necesarios para controlar y castigar los abusos que sufren los consumidores, de manera que impulse una modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para que un organismo autónomo asuma las competencias de protección al consumidor con capacidad sancionadora ante los fraudes masivos que se produzcan en toda España".

Ruiz reclama un Gobierno que "impulse un modelo económico y social que ponga freno a la desigualdad creciente, ponga en marcha mecanismos eficaces de protección de los más débiles y vulnerables y acabe con la impunidad vergonzante de los abusadores y defraudadores. Por ello, hoy es más necesario que nunca que la defensa de los consumidores y la lucha contra el fraude se conviertan en una política pública prioritaria en España".

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