El dolor continúa para las víctimas del conflicto en El Salvador

Después de más de 30 años, las víctimas del conflicto armado en ese país aún no han recibido justicia. Un relator especial de la ONU pide una acción más decidida para ayudar a reparar el legado de abusos y acelerar los procesos de justicia transicional

Un experto de las Naciones Unidas pidió a las autoridades de El Salvador que se acelere la agenda de justicia transicional para dar respuestas inmediatas a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de 1980 a 1992.

El relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición aseguró que se necesita una acción más decidida para ayudar a reparar el legado de abusos que dejó el conflicto a pesar de que se hayan tomado medidas en la última década, entre ellas la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.

“La violencia actual y el desgarro del tejido social son ejemplos fehacientes de que la sociedad no puede dirigirse a un futuro de paz y progreso sin abordar las dificultades pasadas y aprender de sus errores”, aseguró Fabián Salvioli ante la prensa salvadoreña después de pasar 10 días en el país.

Agregó que las violaciones que sufrieron las víctimas del conflicto armado son inaceptables, así como el desamparo en que se encuentran más de 30 años después.

“Si bien reconozco los pasos dados en el último decenio en materia de justicia transicional, aún queda mucho más por hacer, y debe hacerse ya”, dijo.

En 1993, el informe de la Comisión de la Verdad respaldada por la ONU documentó 75.000 víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas durante el conflicto armado de 1980 a 1992.

Salvioli dio la bienvenida a la creación de las dos comisiones de búsqueda de desaparecidos niños y adultos, algunos pedidos de disculpas públicas, la adopción de la Política de investigación penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el conflicto armado, y los avances judiciales en el caso de la masacre de El Mozote de 1981, en la que casi 1000 personas fueron asesinadas.

Sin embargo, aseguró que hay varias medidas que le preocupan: la posibilidad de establecer una amnistía de jure o de facto en contravención de las obligaciones internacionales de derechos humanos; la lentitud de la Fiscalía General de la República en la investigación de las violaciones cometidas durante el conflicto; el obstáculo en el acceso a los archivos militares de los años del conflicto; y la insuficiencia de los procesos de reparación y de memoria histórica.

El experto en derechos humanos instó al El Salvador, tanto a la administración saliente como a la entrante, a la búsqueda efectiva de la verdad sobre violaciones pasadas, el encuentro de personas desaparecidas, la sanción de los responsables, la reparación a las víctimas, el debate intersectorial e intergeneracional sobre los hechos del pasado, y el reconocimiento de una memoria histórica común a toda la sociedad salvadoreña.

Durante su visita de 10 días al país, Fabían Salvioli se reunió con funcionarios del Estado, representantes de la institución nacional de derechos humanos, víctimas, asociaciones de la sociedad civil, academia y de la comunidad internacional. Además, visitó los sitios de memoria de las masacres de El Mozote, El Calabozo y San Francisco Angulo.

“Los testimonios recibidos dieron cuenta de barbaries inimaginables perpetradas contra miles de niños, niñas, ancianos, mujeres y hombres, y de un dolor que sigue presente como el primer día”, indicó el Relator Especial recordando al Estado salvadoreño sus obligaciones internacionales y nacionales y la necesidad de actuar con urgencia para dar respuestas a las víctimas.

El informe final del Relator Especial sobre la visita se presentará al Consejo de Derechos Humanos en 2020.

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