La Guardia Civil desarticula una organización criminal autónoma de blanqueadores de dinero a través de la compra-venta de criptomoneda

Por primera vez en Europa se han intervenido físicamente dos cajeros automáticos de Bitcoins, 4 "billeteras frías" y más de 20 "wallets" o monederos, que han permitido la trazabilidad de más de 9 millones de euros

La Guardia Civil, en colaboración con EUROPOL, ha llevado a cabo la operación KAMPUZO, en la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales mediante múltiples operativas, entre las que destaca la compra-venta de criptomoneda y el uso de cajeros automáticos de moneda virtual, cuyas empresas propietarias están al margen de las investigaciones.


La operación ha culminado con la detención de 8 personas, otras 8 en calidad de investigadas, además de 9 personas jurídicas, todas ellas por blanqueo de capitales procedentes principalmente del narcotráfico y pertenencia a organización criminal, entre otros delitos.

Por primera vez en Europa se han intervenido físicamente dos cajeros automáticos de criptomoneda que estaban ubicados en una empresa, constituida con la única finalidad de dar cobertura legal a la actividad ilícita, bajo la apariencia de una actividad de compra-venta de diversos efectos informáticos, así como punto de recepción de dinero, propio de las empresas recaudadoras de efectivo.

Dentro de la actividad con criptomoneda se han intervenido 4 "billeteras frías" y más de 20 "wallet" o monederos en los que se ha conseguido identificar el movimiento de más de 9 millones de euros. También se han intervenido 11 vehículos y 16.800 € en metálico ocultos en un doble fondo de apertura magnética practicada en un mueble, así como cerca de 200 plantas de marihuana en una plantación indoor, dentro del domicilio de uno de los detenidos.

Esta investigación da continuidad a la operación Guatuzo, llevada a cabo por la Guardia Civil el pasado verano, en la que fueron detenidas 23 personas por los mismos delitos, pertenecientes a una organización criminal asentada y con actividad delictiva en España y Colombia, gracias a los lazos familiares existentes entre los investigados.

Distintos métodos de blanqueo detectados

Además de la clásica compra venta de Bitcoins, los investigadores han detectado otras formas de blanqueo utilizadas por esta organización, entre las que destacan:

Recogidas de dinero en efectivo por parte de los denominados "Cash-Carriers" o "Courriers" para su posterior "bancarización" al ingresarlo en cuentas controladas por la organización y su posterior movimiento de fondos entre ellas para dificultar su trazabilidad y control.

Transferencias de grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias de sociedades de la propia organización, procedentes de terceras empresas controladas por otros grupos criminales y su posterior salida inmediata al extranjero, principalmente a Exchanges, por lo que se extrae que estarían transformando esos fondos en criptomoneda a través de wallets controlados por el grupo criminal, dificultando su trazabilidad y justificando tales operaciones financieras como “intermediación comercial para la compra de criptomoneda” mediante un negocio real.

Realización de “compensaciones” de dinero en efectivo a través de negocios controlados por la organización, radicados en Cúcuta (Colombia).

Uso de testaferros para la apertura y control de sociedades en España, consiguiendo el movimiento de fondos a través de estos negocios y el posible blanqueo de los beneficios obtenidos por su actividad delictiva, así como la ocultación patrimonial, para lo que también empleaban documentación de diferentes personas, suplantándoles la identidad. De hecho, en alguno de los registros practicados, han aparecido DNIs de diferentes personas ajenas a esta investigación, tanto sustraídos como falsificados.

La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Blanqueo de Capitales de la UCO, junto a la Unidad Técnica de Policía Judicial y la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Zaragoza, todo ello coordinado por el Juzgado de Instrucción nº 2 de Zaragoza así como por analistas y expertos de la Oficina Móvil de Europol.

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