La Agencia Catalana de Consumo ha notificado a FACUA-Consumidores en Acción su decisión de archivar 1.081 denuncias de vehículos afectados por el fraude de Volkswagen bajo el argumento de que cuando se vendieron la empresa no estaba obligada a informar sobre los niveles de emisiones de Dióxidos de Nitrógeno (NOx), pasando por alto que hizo creer a los usuarios que cumplía la normativa europea que establece determinados límites a dichas emisiones. La asociación considera escandaloso que el organismo público encargado de velar por los intereses de los consumidores en Cataluña reconozca el fraude pero decida poner los intereses de la compañía por encima.
FACUA denunció a la empresa en representación de cientos de sus socios afectados ante el organismo catalán de protección a los consumidores por llevar a cabo una práctica comercial desleal, dado que los niveles de emisiones que declaraban en su publicidad comercial eran descaradamente inferiores a los niveles reales. Sin embargo, la Agencia Catalana de Consumo prefiere no entrar a valorar esta circunstancia, pese a que reconoce que la multinacional alemana mintió a los consumidores. "Hay que concluir que la práctica comercial denunciada, pese a tener su origen en un comportamiento ilícito del fabricante, no pone de manifiesto indicios suficientes y razonables de infracción en materia de protección de las personas consumidoras", concluye la Agencia.
La asociación considera bochornosa la respuesta de la Agencia y que deje así desprotegidos los intereses de los numerosos consumidores afectados por este fraude masivo. Para el organismo de protección a los consumidores catalán es suficiente, ante este "comportamiento ilícito", la información dada por la propia Volkswagen que, ante el fraude, ha "acreditado documentalmente la ejecución de determinadas medidas correctoras a efectos de subsanar el vicio reconocido", indica el jefe del Servicio de Inspección y Control de Mercado de la Agencia en su respuesta a la asociación. Y esto, pese a que la propia Dirección General de Tráfico (DGT) haya reconocido ante el juez de la Audiencia Nacional que instruye la causa contra Volkswagen que avala las reparaciones de Volkswagen sin "conocimientos ni competencias".
Volkswagen manipuló los vehículos diésel con motores TDI 1.2, 1.6 y 2.0 EA 189 de sus marcas Volkswagen, Seat, Skoda y Audi con un software que les permitía pasar los exámenes de emisiones previos a la puesta en circulación de los nuevos modelos pero que una vez en carretera dejaban que los coches contaminasen muy por encima de los límites legales. El fraude, que se conoció públicamente a finales de 2015 y afecta a alrededor de 11 millones de vehículos en todo el mundo, tiene casi 700.000 en España.
Inacción de las autoridades de Consumo
Desde que se conoció la magnitud del fraude masivo, pocas han sido las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades autonómicas de protección a los consumidores en defensa de éstos. FACUA denunció a la multinacional ante los diecisiete organismos de Consumo de los gobiernos autonómicos por vulnerar sus respectivas leyes de defensa de los consumidores. La mayor parte decidieron archivar directamente (La Rioja, Comunidad Valenciana, País Vasco) o trasladar los expedientes a Cataluña (Asturias, Navarra, Murcia, Canarias), con el argumento de que se trata de la autoridad competente por razón de territorialidad y estar en esta comunidad autónoma la sede social de la multinacional en España, a pesar de que el fraude afecta a consumidores de todo el territorio estatal. Castilla y León decidió trasladar su expediente a Cataluña, pero ante el recurso de FACUA, decidió retomarlo, aunque no ha informado sobre las actuaciones llevadas a cabo desde entonces.
Tres años después, la asociación desconoce qué acciones ha llevado a cabo (en el caso de haber desarrollado alguna) la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid, que en 2016 se limitó a acusar recibo de la denuncia de FACUA. Tampoco informan sobre sus actuaciones sus homólogos de Extremadura y Aragón.
Por su parte, el Instituto Galego de Consumo, único organismo que decidió comenzar a sancionar a la compañía, dejó las multas en suspenso mientras esté abierto el procedimiento penal en la Audiencia Nacional contra Volkswagen. Castilla-La Mancha, Baleares y Andalucía se iniciaron expedientes sancionadores pero los han dejado también en suspenso a la espera de la resolución de la Audiencia Nacional.
FACUA ha recurrido y presentado quejas ante los Defensores del Pueblo estatal y autonómicos en los casos en que las autoridades de consumo de las comunidades autónomas desestiman las denuncias presentadas en nombre de nuestros socios contra Volkswagen.
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