El Defensor del Pueblo se alinea con la defensa de los consumidores y da respaldo a las propuestas de ADICAE frente al abuso bancario

El informe anual del Defensor del Pueblo también apoya las criticas realizadas por la asociación en materia de comisiones o la resolución del Popular, y recoge la necesidad de crear un Defensor del Cliente Financiero para que las resoluciones sean vinculantes

El Defensor del Pueblo se suma un año más a las tesis de ADICAE al afear la ‘nula’ colaboración de las entidades bancarias en las resoluciones extrajudiciales y al poner de manifiesto lo complicado que es reclamar a la banca debido a la ineficiencia de su servicio de atención al cliente.

Un año más, Francisco Fernández Marugán, respalda las denuncias de la asociación y critica duramente la escasa cooperación de la banca en las cláusulas suelo, y vuelve a dedicar un apartado especial como ya hizo en el informe del año pasado.

Este informe refleja la necesidad de que el Gobierno y el Parlamento revisen el sistema extrajudicial establecido, duramente criticado por ADICAE, para impulsar una solución universal como la macrodemanda.

El Defensor se queja de que la falta de respuesta de las entidades envía a los consumidores a la vía judicial a la que “algunos han tenido que renunciar por carecer de medios económicos”. De esta forma incide en la estrategia de las entidades, denunciada por ADICAE, de “desincentivación” a las reclamaciones, lo que pasa por tratar de alargar todo lo posible el proceso para que los clientes abandonen sus pretensiones.

Marugán también reclama la necesidad de aprobar cuanto antes el Defensor del Cliente Financiero, una autoridad que ADICAE viene impulsando y que planteó especialmente a todos los partidos en las Elecciones Generales.

El informe anual del Defensor del Pueblo vuelve a dar en el clavo y recoge muchas de las críticas realizadas por la asociación. En comisiones, el informe pone de manifiesto la necesidad de establecer unas reglas del juego claras y justas, como viene proponiendo ADICAE desde 2005, y de ampliar los criterios de vulnerabilidad a la hora de otorgar la gratuidad en las cuentas de pago básicas.

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