Brasil aplicó por primera vez la definición ampliada de asilo recogida en la Declaración de Cartagena para analizar las solicitudes de reconocimiento de la condición de refugiado de ciudadanos venezolanos, y el pasado miércoles 24 de julio reconoció 174 casos con base en este criterio. Para la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), esta decisión representa un gran avance para la protección de las personas venezolanas que se han visto forzadas a abandonar su país.
“La magnitud de las afluencias actuales de personas procedentes de Venezuela genera complejos desafíos para todos los países que las acogen, y la mayoría de ellas presentan necesidad de protección internacional de acuerdo con los criterios de la definición de persona refugiada que recoge la Declaración de Cartagena. ACNUR ha pedido a los países de la región que apliquen esta definición ampliada para reconocer las solicitudes de esta población, y por ello toda la comunidad internacional debe aplaudir y reconocer la decisión de Brasil”, afirma José Egas, representante de ACNUR en Brasil.
La aprobación de estos casos fue posible tras el reconocimiento formal que efectuó el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) el pasado 14 de junio de la existencia de una situación objetiva de grave y generalizada violación de los derechos humanos en Venezuela. Este criterio está inspirado en la Declaración de Cartagena y fue incorporado a la Ley brasileña de protección a personas refugiadas (Ley 9.474 de 1997) en el apartado III de su artículo 1. La Declaración fue adoptada en 1984 por Brasil y otros 14 países de América Latina y el Caribe y fue traspuesta a la legislación nacional en 1997 (por medio de la citada Ley 9.474).
A partir de ahora, la decisión hace posible la adopción de un procedimiento simplificado en el proceso de determinación de la condición de refugiado para nacionales venezolanos, lo cual permitirá agilizar el análisis de las solicitudes. En la actualidad existen cerca de 100.000 solicitudes activas presentadas por personas procedentes de Venezuela que están a la espera de una decisión del CONARE: se trata del mayor número de solicitudes por nacionalidad en Brasil.
Los casos aprobados el pasado miércoles son el resultado concreto del trabajo de los equipos de entrevistadores del CONARE, movilizados en distintas zonas de Brasil con el apoyo de ACNUR y que ya adoptaron el modelo simplificado de entrevistas. En los próximos meses se realizarán nuevas entrevistas, lo cual permitirá derivar los casos para el análisis del Comité, que funciona bajo la presidencia del Ministerio de Justicia y con la participación de los ministerios de Relaciones Exteriores, Economía, Salud, Educación, de la Policía Federal y de un representante de la sociedad civil. ACNUR participan en el CONARE con derecho de voz, pero sin derecho de voto.
Entre las razones alegadas por las personas solicitantes para dejar Venezuela y buscar protección en Brasil destacan la falta de seguridad y el aumento de la delincuencia, violencia o amenazas de fuerzas estatales o grupos armados no estatales, las limitaciones a la libertad de expresión y la falta de respeto a los derechos humanos, además de la falta de alimentos, empleo y medicinas. La mayoría de las solicitudes reconocidas correspondían a mujeres, niños y niñas.
“Estamos dando apoyo al CONARE en la constitución y el funcionamiento de sus grupos de trabajo, con objeto de acelerar las entrevistas a los solicitantes procedentes de Venezuela y de garantizar un mayor flujo de estos casos ante el plenario del Comité”, afirma José Egas.
La decisión de Brasil llega en unas circunstancias en las que la seguridad y la situación humanitaria en Venezuela se siguen agravando, haciendo que el flujo de salida hacia otros países supere ya los cuatro millones de personas. Dado el deterioro de las circunstancias en Venezuela, ACNUR ha realizado un llamado a los países de acogida para que permitan su ingreso al territorio y a los procedimientos para el reconocimiento de la condición de refugiado.
El número de personas refugiadas y migrantes procedentes de Venezuela se disparó de cerca de 695.000 a finales de 2015 hasta más de cuatro millones a mediados de 2019, según datos de las autoridades nacionales de migración y otras fuentes.
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