Un año más, los líderes del G7 se reúnen para mostrar al mundo que intentan poner solución a los problemas derivados de sus políticas neoliberales. Como ya es costumbre en esta cita, el encuentro será precedido por unas jornadas de protesta y movilización, organizadas por las plataformas G7 Ez (G7 No) y Alternatives G7, de la que forman parte la campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión y Ecologistas en Acción.
Bajo el lema ‘Defendamos nuestras alternativas’, la contracumbre, que empieza hoy y termina el 23 de agosto, acogerá a colectivos sociales, organizaciones y sindicatos de todo el mundo. Su objetivo, en palabras de Cuca Hernández, portavoz de Attac Madrid, es “poner de manifiesto esta falsa retórica y forjar una red internacional para construir alternativas reales a un sistema que no respeta la vida en ninguna de sus formas y que nos conduce al fin de las sociedades humanas actuales y a una extinción masiva de especies”.
El programa contará con más de setenta conferencias, talleres y actividades culturales en torno a los temas centrales de las luchas presentes en la contracumbre: el capitalismo y el excesivo poder de las multinacionales, la destrucción planetaria, el patriarcado, el respeto a la diversidad y la libertad de los pueblos, el déficit de democracia, las guerras ‘neoimperialistas’, la solidaridad internacional y la abolición de las fronteras. La contracumbre se cerrará con una manifestación el día 24 y acciones de desobediencia el 25 de agosto.
En 1975 se creó el G7, lo que los colectivos participantes consideran un «seudogobierno en la sombra”, que está compuesto por los países más influyentes e industrializados del planeta y, en la práctica, también los más ricos: EE UU, Reino Unido, Canadá, Alemania, Francia, Japón e Italia. Desde entonces, el neoliberalismo económico ha conseguido expandir este proyecto hasta límites insospechados. “El crecimiento y el libre mercado se han convertido en la única fe defendible de los promotores de esta globalización desigual, extractivista, que ignora los derechos humanos y destruye la naturaleza”, ha declarado Hernández.
Todos los años, en todas la cumbres del G7, el G20 y la OMC se habla de luchar contra las desigualdades. Para las organizaciones sociales, no resulta creíble que los países donde residen las mayores empresas transnacionales causantes de esas desigualdades, de la violación de derechos humanos y de la mayor parte de las emisiones de CO₂ mundiales, cuyos objetivos son la privatización de los recursos comunes y de los servicios públicos, vayan a encontrar soluciones a los problemas que ellos mismos han causado.
En este sentido, la campaña No A los Tratados de Comercio e Inversión ha destacado el papel de los tratados de comercio e inversión y los privilegios que los mismos otorgan a las multinacionales, situándolas como sujetos de derecho al mismo nivel que los Estados. Estos tratados les permiten, entre otras cosas, “el acceso a la gestión de servicios públicos abriéndolos a la privatización; la comercialización de nuestros datos digitales; despojar a los países del Sur Global de sus recursos; contaminar, destruir el medioambiente y desplazar comunidades; demandar a los Estados por poner en marcha medidas sociales y de transición ecológica que afecten sus expectativas de beneficios”.
De esta manera, los tratados comerciales y de inversiones conforman una armadura jurídica que blinda los privilegios de las multinacionales, y los sitúa por encima de los derechos de los pueblos. Según Francesca Ricciardi, portavoz de Ecologistas en Acción, “mientras estos tratados existan, y los líderes mundiales sigan acudiendo a las cumbres en representación de los intereses de las transnacionales y con la intención de mantener intactos sus privilegios, las palabras no valdrán nada”.
La reacción de las élites políticas a la contracumbre no ha tardado en llegar. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron se han coordinado para desplegar un operativo policial solo comparable al de cumbres como la del G20 en Hamburgo de 2017. Paralelamente, se ha lanzado una campaña que busca criminalizar a un sector de los colectivos asistentes, con el fin último de ahogar las voces más críticas, crear divisiones en el movimiento, construir legitimidad para militarizar la zona y tomar medidas de excepción.
La campaña No a los Tratados de Comercio e Inversión, de la que forma parte Ecologistas en Acción, ha denunciado estos hechos y ha hecho un llamamiento a los medios de comunicación a no difundir esta imagen negativa de las personas y colectivos participantes. Por el contrario, han solicitado su ayuda para combatir “esta campaña de criminalización que pretende despojarnos de nuestros derechos y acallar nuestras voces”.
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