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PODEMOS - Internacional - 15/10/2015

POR EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y A LA SOBERANÍA ALIMENTARIA

Manifiesto por el Día Mundial de la Alimentación

Politica 24h
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El número de personas que mueren en el mundo cada año como consecuencia del hambre y la malnutrición ha alcanzado los 17 millones, es decir, unas 35000 personas al día, una persona cada dos segundos. Esta escandalosa cifra es muy superior al número de muertos por cualquier enfermedad, accidente o catástrofe natural. Por ello, no sería exagerado decir que el hambre es, con mucho, la mayor pandemia y la mayor vergüenza de la humanidad.

El hambre y la pobreza son también el caldo de cultivo en el que crecen algunos de los problemas que tanto preocupan a Occidente, como la emigración ilegal y la violencia internacional. Cuando, como consecuencia del hambre y la pobreza, el valor de la vida humana en muchos países pobres es casi despreciable y cuando el riesgo de embarcarse en una patera no es necesariamente mayor que el de quedarse en casa, la decisión está servida.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), cuya creación el 16 de octubre de 1945 se conmemora cada año en esa fecha, anunció en 2007 que el aumento de los precios de alimentos podría conducir a un aumento en los conflictos globales. De hecho la crisis alimentaria provocó, solo en 2008, revueltas callejeras en más de cincuenta países y la consecuente caída de varios Gobiernos. Ese año, el informe del Foro Económico Mundial de Davos incluyó por primera vez la inseguridad alimentaria como un riesgo importante para la humanidad.

Lo realmente paradójico e indignante es que el hambre no es consecuencia, como creen muchos y explican algunos, de la falta de alimentos. Hoy, según datos de la FAO, hay alimentos en el mundo para nutrir holgadamente a la población mundial. Los alimentos están en el mercado internacional, pero no llegan a las mesas ni a las bocas de los que tienen hambre. En otras palabras, el problema no es la producción de alimentos, sino el acceso a los mismos. El problema no es simplemente de naturaleza técnica, sino también y esencialmente de índole política.

En 1963, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, reconoció explícitamente la naturaleza política del problema en su discurso ante el Primer Congreso Mundial de Alimentos: «En nuestra generación tenemos los medios y la capacidad de eliminar el hambre de la faz de la Tierra. Solo necesitamos la voluntad política de hacerlo». Hoy, 46 años después, sigue faltando la voluntad política de poner los medios necesarios para acabar con el hambre en el mundo.

Esa falta de voluntad política contrasta con la energía, decisión y eficacia con la que la humanidad y, sobre todo, los países desarrollados han afrontado recientemente pandemias mucho menos mortales, pero contagiosas, como la gripe aviar, la fiebre porcina o ahora la gripe A. O como se han encontrado rápidamente fondos ingentes para que la banca pudiese hacer frente a la actual crisis financiera.

Sin embargo, aunque el hambre no es una enfermedad contagiosa, su crecimiento a día de hoy constituye una bomba que puede estallar en cualquier momento, y no podemos permitirnos la miopía política de ignorarlo. En un mundo tan interrelacionado e interdependiente como el actual, el hambre ha pasado de ser un azote para los que la sufren a ser un peligro para toda la humanidad. Sin seguridad alimentaria no hay ni podrá haber nunca paz ni seguridad mundial.

Derecho a la alimentación

Los miembros de Naciones Unidas declararon en 1948 que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la alimentación, incluyendo el agua potable, tal y como quedó establecido por la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25.1. A este compromiso se le dio valor jurídico en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este derecho también está implícito en el derecho a la vida, contenido en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye la alimentación, se encuentra también en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27, e implícitamente en su artículo 24.

La reducción a la mitad del porcentaje de personas que pasan hambre es, además, parte integrante del número uno de los Objetivos del Milenio.

En el 2004, a través del Consejo de la FAO, todos los Gobiernos del mundo adoptaron las «Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional». Estas directivas incluyen provisiones a todos los niveles.

El derecho a la alimentación como Derecho Humano está recogido en la constitución de numerosos países, pero no en la española. Sin embargo, en España, donde 2,4 millones de niños viven en hogares por debajo del nivel de la pobreza, el reconocimiento del derecho a la alimentación es más necesario que nunca y permitiría considerar el papel que hoy cumplen y el que deben cumplir los comedores escolares, los bancos de alimentos, los comedores sociales o las subvenciones a los productos básicos, entre otros, sobre todo para las familias marginadas o sin trabajo.

Entre los factores que necesitan mucha más atención y respuestas adecuadas a nivel nacional, están los siguientes:

–La especulación con los precios de la tierra y de los alimentos, que es en gran parte responsable de las recientes subidas de los precios de los alimentos.

–La falta de seguridad jurídica y física para los pequeños agricultores contra la explotación, el embargo de tierras y las expulsiones forzadas.

–La falta de protección de las comunidades minifundistas y de los pequeños agricultores contra la expansión de plantaciones de tipo agroindustrial.

–Las insuficientes medidas e iniciativas sobre tenencia de la tierra a favor de comunidades rurales pobres y trabajadores agrícolas, especialmente mujeres.

–La falta de apoyo a la producción de alimentos a pequeña escala en relación con el acceso o con el control sobre semillas, agua, infraestructura, información, créditos y comercialización.

–El excesivo énfasis en el comercio internacional de los productos agrícolas, en detrimento del fomento de mercados locales para cultivos locales, respondiendo a las necesidades locales y correspondiendo a los hábitos alimentarios locales.

–La falta de salvaguardas para evitar los abusos y las consecuencias negativas del exceso de derechos de propiedad intelectual sobre las semillas.

–El excesivo énfasis en las formas de producción agrícola que se basan en altos niveles de insumos externos en detrimento de los cultivos orgánicos.

–La falta de reconocimiento y de valoración y, como consecuencia, falta de inversión e investigación sobre culturas alimentarias y cultivos tradicionales, lo que provoca su marginalización y la subutilización de los mismos.

–La falta de protección adecuada contra la pérdida de biodiversidad causada por la expansión de los monocultivos en la producción de alimentos.

–Las presiones para la aceptación de cultivos genéticamente modificados (OGM) sin prestar la debida atención al principio de precaución y a los impactos sociales, en particular para los minifundistas, del uso de dichos cultivos.

–La falta de reconocimiento de la necesidad de enfoques y soluciones diferentes para distintas condiciones agroecológicas y distintas tradiciones culturales locales.

–La insuficiente conciencia de las relaciones existentes entre las políticas agrícola, comercial, energética, financiera, medioambiental y de desarrollo.

Frente a ello, Podemos considera imprescindible:

–Poner en marcha planes de urgencia destinados a proporcionar la alimentación adecuada a familias y personas en exclusión o en riesgo de estarlo por encontrarse en paro o en situación de grave precariedad laboral.

–Dar protección especial a la infancia mediante prestaciones universales por criatura y otras medidas preventivas de la pobreza infantil, como gratuidad de los servicios de comedores escolares.

–Revisar las políticas y prácticas para garantizar que las personas que sufren inseguridad alimentaria y los grupos más vulnerables en sus sociedades puedan alimentarse directamente de las tierras productivas, o que tengan los medios necesarios para procurarse una alimentación adecuada.

–Apoyar mecanismos de prevención de la pérdida de biodiversidad agrícola y garantizar su conservación y uso sostenible, incluyendo la promoción del conocimiento tradicional, de los cultivos locales marginados e infrautilizados.

–Tomar medidas para reforzar los mercados locales, reduciendo la longitud de la cadena que va desde la producción de alimentos hasta el consumo de los mismos.

–Adoptar las medidas necesarias para desarrollar e implementar políticas reguladoras que limiten la especulación en los mercados de materias primas agrícolas, lo que incrementa la volatilidad de los precios de los alimentos.

–Promover la agricultura familiar y de pequeña escala como una fuente importante de empleo y sustento, con especial atención al papel y a la situación de la mujer en la producción alimentaria.

Estas medidas deberían articularse en el contexto de un gran Pacto contra el hambre, la pobreza y la exclusión social orientado a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de contenidos económicos básicos.



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