Domingo, 24 de Noviembre 2024
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Región de Murcia Izquierda Unida Titulo: IU-Verdes de la Región de Murcia pide una ley de transparencia para Administraciones Pública y entidades financieras. Texto: IU-Verdes ha destacado la necesidad de impulsar un ley estatal de transparencia y acceso a la información en las AAPP y el sector privado, en especial en lo que respecta a las entidades financieras, con el fin de mejorar la calidad democrática en todos los ámbitos. En rueda de prensa, el coordinador regional de Izquierda Unida-Verdes en Murcia, José Antonio Pujante, ha indicado que la transparencia de la información pública y su acceso por parte de los ciudadanos es una clave fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Pujante, acompañado por el cabeza de lista de la organización al Congreso, Pedro Costa Morata, ha explicado que no solo los bienes patrimoniales de los cargos electos tienen que ser públicos, sino también las condiciones en las que las administraciones contratan servicios con empresas privadas, entre otros asuntos. Ha asegurado que con una ley de transparencia se podría haber evitado la crítica situación por la que atraviesan ciertas entidades financieras como la CAM a consecuencia de la orientación de sus inversiones en los últimos años. Asimismo, ha recordado que IU-Verdes suscribió en las pasadas elecciones autonómicas el pacto por la transparencia y el buen gobierno, con el fin de incrementar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos e impulsar la actividad política democrática. Por su parte, Costa Morata ha mostrado su decepción por el incumplimiento de este pacto por parte del Gobierno regional y ha insistido en que la ley de transparencia y acceso a la información pública fue un compromiso adquirido por el Ejecutivo central cuya creación ha ido quedando en el olvido. También ha explicado que la asociación Prolitoral presentó un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia al denegarle el Gobierno regional el acceso al expediente por el que autorizó un aval de 200 millones de euros a Aeromur, concesionaria del aeropuerto de Corvera.