Domingo, 24 de Noviembre 2024
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Madrid UPEyDE Titulo: La función pública: medidas del Gobierno y la Comunidad de Madrid . Texto: Como es sabido estamos en crisis económica y las Administraciones Públicas se las ven y se las desean para cuadrar sus cuentas. Una forma rápida y fácil de conseguirlo es reducir una de las partidas mayores del presupuesto: la destinada a pagar a los empleados públicos. Que como es conocido es una de las mayores de todas las Administraciones, de forma que recortándola se pueden conseguir reducciones significativas del gasto público. La Comunidad de Madrid ha sido una de las primeras que ha tomado medidas sobre esta materia. Empezó con el aumento de las horas lectivas de los profesores de secundaria y ha continuado con otras en la Ley de Presupuestos para 2012 y en la Ley conocida como de acompañamiento, mediante enmiendas del Grupo Popular para presentarlas después de las elecciones, que se concretan en la congelación salarial de los empleados públicos y de la oferta de empleo público, en el incremento de la jornada de 35 horas semanales -pactadas con los sindicatos en el 2001 cuando gobernaba Gallardón- a 37 y media, que se hacen en el Estado, y en la supresión de la mejora voluntaria –un complemento que se da a quienes están enfermos para que no pierdan parte de su salario- a los empleados con baja médica. El nuevo Gobierno del país para no ser menos, y continuando la estela del anterior, junto a la subida de impuestos, ha acordado, en el Real Decreto Ley por el cual prorroga los presupuestos del año 2011, la congelación de los salarios de los empleados públicos de todas las administraciones, aunque con la particularidad de que para los del Estado se prevé además una disminución de un 10% de las cantidades asignadas a productividad, la homologación del horario de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas con la del Estado en 37 horas y media y la congelación de la oferta pública de empleo, de forma que no se cubran las bajas que se produzcan, salvo una tasa de reposición del 10% en servicios públicos esenciales: educación, sanidad, etc. y en los cuerpos encargados de la lucha contra el fraude fiscal y laboral. Todas estas medidas cuantitativas están dirigidas a conseguir cumplir el límite de déficit público marcado por la Unión Europea para 2012. Algunas de ellas son razonables, otras lo son menos. Sin duda, no parece descabellado que todos los empleados públicos hagan un esfuerzo y trabajen por el mismo salario 37 horas y media, como ya hacen los del Estado. Es cierto que esto implica la no contratación de interinos y eventuales y que puede conllevar problemas organizativos en algunos sectores como la sanidad; pero también es cierto que la función esencial de la Administración no es crear empleo, y que las mejoras organizativas pueden ayudar a garantizar la prestación de servicios esenciales a los ciudadanos cuyo mantenimiento ha de ser una absoluta prioridad política. También parece lógica la congelación salarial, en un país con cinco millones de desempleados y con necesidad de ajustar su competitividad no debe haber un incremento de la masa salarial global de la administración. Ahora bien, esta congelación unida a la del 2011 y a la reducción de salario del 2010 empieza a suponer una perdida acumulada importante de poder adquisitivo de los empleados públicos, que hace que no pueda mantenerse de forma indiscriminada en años posteriores. Sobre todo si a quienes más afecta es a los empleados públicos más cualificados o con más responsabilidades, ya que se corre el riesgo de descapitalizar a la Administración Pública de su mejor personal. Un problema que se une a las diferencias salariales entre administraciones, en general porque las Comunidades y ayuntamientos pagan más, que se está agravando con la crisis porque cada Comunidad está actuando de una forma diferente, ante lo que el Estado calla o lo que hace es reducir el sueldo más a sus empelados mediante el recorte de la productividad. Así sucede que en un ayuntamiento como el de Alcorcón, que debe más de 500 millones de euros, el conductor del camión de basura gane más que un técnico superior de la Administración Central. Una media, sin embargo, más discutible es la congelación de la oferta de empleo público. Por una parte es obvio que la Administración no está para dar trabajo a mucha gente nueva. Pero aquí hay que diferenciar, ya que si bien hay que congelar plazas de administrativo, auxiliar o puestos similares, ya que las nuevas tecnologías permiten prescindir de gran parte de esos trabajos, sin embargo hay que crear plazas, por ejemplo, para personas capaces de mejorar las labores de inspección y control del fraude fiscal y laboral o de garantizar la prestación de servicios públicos esenciales. Si realmente se tiene como prioridad política esos objetivos, hubiera sido una buena señal apostar por aumentar la plantilla dedicada a esas labores y mejorar la escasa cualificación de las Administraciones. Lo que no necesariamente aumentaría la masa salarial global si se redujeran puestos de trabajo en las Administraciones que solo sirven para colocar a los próximos a los partidos políticos. Lo que obviamente exige la eliminación de muchos chiringuitos públicos, a lo que parece el Partido Popular no está dispuesto. Finalmente una medida inadecuada es la supresión indiscriminada de la mejora voluntaria de la incapacidad temporal para los empleados públicos de la Comunidad de Madrid. Primero porque no ataca el 26% del absentismo por enfermedad que se produce en los tres primeros días de baja, segundo porque afecta de forma diferente a los empleados públicos según cual sea su régimen de Seguridad Social: ordinario, MUFACE o MGEJU y tercero porque de nuevo los más perjudicados son los funcionarios más cualificados. En suma, estas medidas podrán permitir cumplir el objetivo del déficit, pero no mejorar la gestión de los recursos humanos de la Administración para que preste un servicio moderno y eficaz a los ciudadanos. Se podría desde luego haber aprovechado el Real Decreto Ley para por ejemplo conseguir dos cosas esenciales: equiparación de los salarios entre Administraciones y eliminación de todos los puestos de trabajo en organismos inútiles y redundantes donde se coloca a los amigos a fin de liberar recursos para crear puestos en las tareas esenciales del Estado. Esto si que hubiera sido una buena manera de lanzar un mensaje a la opinión pública de que se quiere acabar con el despilfarro, el clientelismo y meter en cintura a unas Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que en materia de personal andan tan desbocados como en sus presupuestos.