Cantabria Partido Popular Titulo: Iñigo Fernández dice que el Gobierno de Cantabria ha hecho más en seis meses que el PRC y el PSOE en ocho años. Texto: El Gobierno de Cantabria ha hecho más en seis meses por los afectados por la Ley de Montes, por la Ley de Costas y por la ejecución de sentencias de derribo, que el Ejecutivo del PRC-PSOE en ocho años. Así lo aseveró el diputado regional Iñigo Fernández en el transcurso de su intervención en el pleno del Parlamento de Cantabria con motivo de una iniciativa sobre la aplicación de estas leyes, donde subrayó que el Partido Popular siempre ha estado con los afectados por la Ley de Montes, por la Ley de Costas y por la ejecución de sentencias de derribo cuando estaba en la oposición y está con ellos ahora. Así, en lo que afecta a la Ley de Montes y a las parcelas afectadas por deslindes, Fernández destacó que el Gobierno de Cantabria hasta el 31 de diciembre ha tramitado 389 expedientes de los que 156 se han resuelto favorablemente para los afectados reconociéndoles sus parcelas fuera de dominio público, y 111 expedientes más están sin resolver. El diputado del PP indicó, además, que en muy breve plazo de tiempo el Gobierno de Cantabria va a desafectar del dominio público todas las parcelas con primera vivienda y en el mes de marzo aprobará una orden para desarrollar la Ley de Montes que permitirá a las entidades propietarias de los terrenos fijar las condiciones para adjudicar nuevos convenios que sustituyan a los antiguos consorcios forestales. En lo que respecta a la Ley de Costas, Iñigo Fernández recordó que la solución pasa por la derogación de su disposición transitoria segunda que impulsó el Partido Popular de Cantabria y que el compromiso del Ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, de dar una solución al problema de la Ley de Costas se produjo en una reunión mantenida con el presidente del Gobierno de Cantabria, Ignacio Diego, que sí se ha preocupado por los afectados y sí ha defendido sus intereses, a diferencia de lo que hizo el ex presidente cántabro Miguel Ángel Revilla. Sentencias de Derribo Por otro lado, y tras señalar que por primera vez el Presupuesto de Cantabria incluye una partida para hacer frente a las sentencias de derribo, el diputado del grupo parlamentario Popular indicó que la Consejería de Medio Ambiente tiene resueltos todos los expedientes para el pago de los daños morales que se abonarán a las familias antes del verano y que en semanas se resolverá el expediente para legalizar las cuatro primeras viviendas con sentencia de derribo en el Ayuntamiento de Argoños. Cuatro no son muchas pero son las primeras, ustedes cero, ninguna, dijo Fernández, quién aseguró que en este municipio se van a legalizar muchas más viviendas cuando se completen los trabajos que ya están en marcha para reformar el texto de la Ley de Espacios Protegidos de Cantabria y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Santoña. Asimismo, Iñigo Fernández señaló que en el municipio de Arnuero se ha aprobado con carácter inicial un nuevo Plan General de Ordenación Urbana que incluye una parcela para compensar a 102 familias propietarias de viviendas con sentencia de derribo en la Playa de la Arena; que en Piélagos, Miengo y Escalante se trabaja en la revisión del PGOU y que esta misma mañana se ha acordado crear una comisión para tratar de estudiar soluciones para las 17 viviendas afectadas por los derribos en Cerrias. Durante su intervención, el parlamentario del PP preguntó a los portavoces de los grupos de la oposición por qué no plantearon ningún tipo de solución a estos problemas durante los últimos ocho años, en los que Miguel Ángel Revilla sólo recibió a los afectados por la Ley de Montes una vez y en vísperas de las elecciones para tratar de ganar tiempo con ellos. Un tiempo en el que, según Iñigo Fernández, el secretario general del PRC negó cualquier tipo de solución a los afectados por la Ley de Costas alegando que el tema había que arreglarlo en Madrid y no dió una sola solución a ninguna familia afectada por las sentencias de derribos porque en ocho años no se legalizó una sola vivienda, no se compensó con una nueva vivienda a ninguna familia, ni se indemnizó a ninguna de las familias.
