España AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: 2013 promete ser un año sombrío en Arabia Saudí para la libertad de expresión y asociación. Texto: Durante el primer trimestre de 2013, las autoridades saudíes han recurrido a medidas adicionales, que han venido a sumarse a las ya utilizadas anteriormente, para reprimir la libertad de expresión y asociación. Amnistía Internacional pide a las autoridades saudíes que pongan fin a esas prácticas represivas y permitan a todas las personas en Arabia Saudí ejercer pacíficamente esos derechos. No contentas con encarcelar a decenas de destacados activistas de derechos humanos en 2012, las autoridades saudíes han ampliado el ámbito de su represión de los activistas pacíficos imponiendo más prohibiciones de viajar por motivos y duraciones no especificados, desmantelando al menos una organización de la sociedad civil y eliminando las cuentas de esa organización en los medios sociales, y tomando medidas para prohibir las aplicaciones de medios sociales si no pueden ser vigiladas y controladas totalmente. Al imponer estas restricciones adicionales a la libertad de expresión y asociación, las autoridades saudíes siguen violando sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y, en algunos casos, la legislación nacional. Las violaciones que han cometido hasta el momento en 2013 no harán más que continuar, a menos que las autoridades cumplan sus obligaciones internacionales y respeten los derechos humanos de todas las personas de Arabia Saudí. Prohibiciones de viajar La más reciente de estas medidas represivas ha sido la prohibición de viajar impuesta a Sadek al Ramadan, uno de los cofundadores, y actualmente secretario general, del Centro Adala de Derechos Humanos. Sadek al Ramadan descubrió esa prohibición cuando, al iniciar unas vacaciones familiares el 29 de marzo de 2013, le impidieron viajar. La única información que recibió se la dio un funcionario de aduanas del aeropuerto, que le dijo que el sistema informático simplemente indicaba que Sadek al Ramadan tenía prohibido viajar. Pese a sus reiteradas preguntas a las autoridades, Sadek al Ramadan aún no ha averiguado por qué se le prohíbe viajar, quién ha dictado esa prohibición, y cuál es su duración. Unas semanas antes, en enero de 2013, las autoridades impidieron a Waleed Abu al Khair, director del Observatorio Saudí de Derechos Humanos, viajar a Suecia para recibir el Premio Olof Palme por su activismo de derechos humanos. Las autoridades saudíes también siguen imponiendo prohibiciones judiciales de viajar a activistas pacíficos y críticos del gobierno, unas prohibiciones que entrarán en vigor cuando estos activistas hayan cumplido las penas de prisión a las que han sido condenados por sus actividades legítimas. El 9 de marzo, dos destacados activistas de derechos humanos y cofundadores de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos –el Dr. Abdullah bin Hamid bin Ali al Hamid, de 66 años, y Mohammad bin Fahad bin Muflih al Qahtani, de 47– fueron condenados a 10 y 11 años de prisión, seguidos de prohibiciones de viajar de esa misma duración. Habían sido acusados de una serie de delitos, entre los que se encontraban desobedecer al gobierno, cuestionar la integridad de las autoridades, convocar manifestaciones, difundir información falsa a grupos extranjeros y formar una organización no autorizada. Amnistía Internacional los considera a ambos presos de conciencia, encarcelados exclusivamente por ejercer de forma pacífica –en sus actividades de derechos humanos, entre otras– su derecho a la libertad de expresión y asociación. Estas prohibiciones de viajar violan el derecho a salir del propio país y regresar a él. Encarcelamiento de activistas Anteriormente, en abril de 2012, Mohammed Saleh al Bajady, otro cofundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, fue condenado por un tribunal especial antiterrorista a cuatro años de prisión seguidos de una prohibición de viajar durante cinco años. Según los informes, había sido declarado culpable de cargos relativos a la participación en la creación de una organización no autorizada, de dañar la imagen del Estado a través de los medios, pedir a las familias de detenidos políticos que realizaran protestas y sentadas, poner en duda la independencia del poder judicial y tener en su poder libros prohibidos. En noviembre de 2012, el Dr. Suliaman (o Sulieman) al Rashudi, anciano ex juez y destacado activista, fue detenido otra vez y recluido en régimen de incomunicación y de aislamiento hasta febrero de 2013, y actualmente cumple 15 años de prisión. Su colega Saud al Hashimi cumple una pena de 30 años de prisión, y se le ha denegado continuamente el permiso para visitar a su madre enferma. Estos dos hombres, quienes, tras su excarcelación, se enfrentarán también a prohibiciones de viajar de la misma duración que sus penas de prisión, son dos de los seis activistas que permanecen encarcelados del grupo inicial de 16 que fueron condenados juntos a finales de 2011 por su activismo de derechos humanos. Los seis se han negado a firmar declaraciones en las que se comprometen a no repetir sus delitos ni realizar activismo público, unas declaraciones que les propusieron a algunos de ellos como parte de un indulto condicional. Restricciones a la libertad de asociación Las autoridades saudíes no toleran las organizaciones independientes de derechos humanos, como el Centro Adala, el Observatorio Saudí y la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos. A estas organizaciones no se les permite funcionar sin licencia, pero las licencias rara vez se conceden, por lo que las organizaciones corren peligro de ser clausuradas por las autoridades. El 9 de marzo, las autoridades ordenaron el desmantelamiento completo de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos y la confiscación de sus bienes. Esta organización, fundada en 2009, se había convertido en una de las organizaciones de derechos humanos más destacadas –y una de las poquísimas organizaciones independientes– de Arabia Saudí. Informaba sobre violaciones de derechos humanos y ayudaba a muchas familias de detenidos recluidos sin cargos a presentar causas judiciales contra el Ministerio del Interior. Restricciones a la libertad de expresión en la web En 2012, el alcance de las medidas represivas se amplió al uso de Internet y las redes de medios sociales. Las autoridades detuvieron y acusaron de apostasía a dos activistas online, Raif Badawi y Hamza Kashgari. Ambos se encuentran actualmente en prisión y están siendo sometidos a juicio. Además de las medidas represivas dictadas contra activistas individuales, las autoridades saudíes últimamente han utilizado medidas tales como eliminar la presencia online y las cuentas de medios sociales de activistas y organizaciones. Las cuentas que la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos tenía en medios sociales fueron cerradas el mismo día que se desmanteló la organización. A decenas de manifestantes detenidos en las últimas semanas también se les ha ordenado que cancelen sus cuentas en medios sociales online y se les ha amenazado con largas penas de prisión si hablan públicamente de sus casos o si utilizan Internet para realizar activismo público. Sin embargo, en 2013, las autoridades saudíes han empezado a recurrir a medidas más proactivas para prevenir el activismo online: han intentado que todas las aplicaciones de medios sociales sean sometidas a una vigilancia total, o han tratado de prohibir por completo todas las aplicaciones encriptadas de establecimiento de redes sociales, como Skype, WhatsApp, Viber y Line. A principios de marzo, la Comisión de Comunicaciones y Tecnología de la Información saudí pidió a los proveedores de servicios de Internet que tomaran todas las medidas necesarias para controlar la seguridad en las comunicaciones. En una carta posterior, confidencial y urgente, la Comisión pidió que todos los proveedores de servicios informaran a las autoridades de los progresos realizados en la vigilancia de las aplicaciones de medios sociales, y pidió que, si no había progresos, los proveedores informaran a la Comisión sobre su capacidad técnica para cerrar por completo esas aplicaciones. Normas internacionales de derechos humanos En virtud de la Declaración Universal de Derechos Humanos, todas las personas tienen derecho a salir de cualquier país, incluido el suyo propio, y regresar a su país, y tienen derecho a la libertad de asociación y expresión. Las restricciones a estos derechos no son admisibles a menos que estén establecidas por ley, que tengan como objetivo proteger ciertos intereses públicos (seguridad nacional, orden público, salud o moral públicas) o los derechos de otras personas y que, en todos los casos, sean demostrablemente necesarias y proporcionadas a la consecución de ese fin. El derecho de todas las personas a la libertad de asociación incluye la libertad de fundar organizaciones y participar en ellas. Además, la Declaración de la ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos subraya que todas las personas tienen derecho, individualmente o en asociación con otras, a promover y procurar la protección y la realización de los derechos humanos, y que todos los Estados tienen el deber de garantizar que todas las personas bajo su jurisdicción, individualmente o en asociación con otras, pueden gozar de todos esos derechos en la práctica.
