España GOBIERNO Titulo: El Gobierno refuerza la protección de los consumidores en las transacciones a distancia . Texto: El Consejo de Ministros ha analizado el Anteproyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la norma establece un nuevo marco legal para los contratos a distancia, en particular en el comercio on line y en el telefónico; supone un avance importante para evitar las cláusulas abusivas y mejora las garantías en determinados aspectos de venta de bienes de consumo. Entre las novedades que incorpora la futura ley, la vicepresidenta ha señalado que el empresario deberá facilitar al consumidor o usuario la información precontractual de forma clara y comprensible y, al menos, en castellano. Asimismo tendrá que informar de la existencia de la garantía legal y de las condiciones del servicio postventa. No se pueden endosar sin más servicios de venta o el establecimiento de garantías que tenga que constituir el consumidor, ha añadido. Sáenz de Santamaría ha subrayado que el empresario tendrá que velar por que el consumidor, al efectuar un pedido vía Internet, confirme que es consciente de todos los elementos que tiene que pagar. De este modo, el usuario siempre tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción. En el caso de que el empresario decida habilitar una línea telefónica para comunicarse con sus clientes en relación al contrato, el uso de esta línea no podrá suponer un coste superior al de la tarifa básica. La vicepresidenta también ha avanzado que se amplía de 7 a 14 días naturales el plazo para renunciar o desistir del contrato. El desistimiento supondrá la ineficacia automática de los contratos complementarios sin coste alguno. Además, si el empresario no reintegra en 14 días todas las cantidades abonadas por el consumidor, éste podrá reclamar el doble de lo que ha pagado. Respecto a la contratación telefónica de bienes y servicios, si la empresa se pone en contacto telefónico con un usuario para formalizar el contrato deberá confirmar la oferta por escrito. El acuerdo no será vinculante hasta que el consumidor lo haya firmado o enviado por escrito en papel, por fax, correo electrónico o SMS. Evaluación ambiental El Gobierno ha analizado Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que unifica las leyes de evaluación ambiental estratégica y de evaluación de impacto ambiental, y simplifica los trámites administrativos. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que la norma se adapta rigurosamente a las directivas comunitarias en materia de evaluación ambiental. En su redacción, ha dicho, se han tenido en cuentan las propuestas de la Comisión Europea: No hay una sola exigencia de la UE en materia de evaluación ambiental que no se haya incorporado al texto legal cuya modificación estamos proponiendo. El ministro ha apuntado que los objetivos básicos del Anteproyecto son garantizar el máximo nivel de protección del medio ambiente a través de la prevención, simplificar la evaluación ambiental y favorecer el trámite de información pública a los ciudadanos. Se trata de dar las máximas garantías a la protección del medio ambiente, la máxima eficacia al funcionamiento de la administración y facilitar la vida a los ciudadanos, ha reiterado. Arias Cañete ha explicado que la norma también trata de favorecer que todas las administraciones públicas apliquen el nuevo modelo de evaluación ambiental adaptándolo a sus territorios. Entre las principales novedades que recoge la norma, el ministro ha señalado que establece una regulación mucho más ordenada, clara y concisa de procedimientos y aporta soluciones jurídicas a cuestiones que la normativa vigente deja sin resolver. Además, ha resaltado que el tiempo de tramitación de los proyectos de evaluación de impacto ambiental se reducirá a entre 4 y 6 meses, con lo que se evitarán dilaciones de difícil justificación. En la actualidad la media de resolución de los proyectos sujetos al procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental se sitúa en 3,4 años y se estima que hay 100.000 expedientes pendientes. El ministro ha asegurado que esta agilización de los procedimientos se realizará sin merma de ninguna garantía. No se puede consentir la dilación de proyectos que pueden ser rentables para muchos ciudadanos, ha dicho. Generación de empleo Miguel Arias Cañete ha afirmado que la futura ley tendrá efectos positivos sobre el crecimiento económico y el empleo, porque, cuando se tramitan los procedimientos en tiempo y forma, los agentes económicos y sociales desarrollan sus proyectos con eficacia, rapidez y prontitud. En este sentido, se calcula que los proyectos que están en tramitación de evaluación ambiental son capaces de generar cerca de 80.000 empleos y un impacto sobre la actividad económica de 1.000 millones de euros. El ministro también ha avanzado que el anteproyecto integra los efectos del cambio climático; crea la figura del banco de conservación de la naturaleza e incluye la obligatoriedad de que la fractura hidráulica o fracking se someta al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria. Despliegue militar temporal en la Base de Morón El Consejo de Ministros ha acordado autorizar el despliegue temporal de una fuerza compuesta por 500 infantes de marina y ocho aeronaves de EEUU en la base aérea de Morón de la Frontera en el marco de las operaciones de respuesta a situaciones de crisis en África para proteger ciudadanos, instalaciones y personal designado en este país. La autorización será por el plazo de un año y se produce de conformidad con el Convenio de Cooperación para la defensa entre el Reino de España y los EEUU de América, de 1 de diciembre de 1988. La vicepresidenta ha anunciado que el secretario de Estado de Asuntos Exteriores comparecerá para informar en la correspondiente comisión del Congreso de los Diputados. Asuntos de actualidad La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que la nueva ley contra los desahucios aprobada en el Congreso de los Diputados, supone que por primera vez en España se ha hecho un esfuerzo importante y equilibrado para poner solución a un problema muy importante. Se ha intentado, ha dicho, proteger a las personas que se encuentren en situación vulnerable, pero también garantizar que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda en propiedad, en similares condiciones en las que lo hicieron otros. La ley resuelve problemas referentes a las cláusulas abusivas en las hipotecas, entre ellas, la limitación de los intereses de demora o la exigencia de que se produzcan, al menos, tres impagos para poder proceder a los desahucios, ha añadido Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta ha detallado alguna de las líneas en las que se está trabajando para la reforma de las administraciones públicas: análisis de las duplicidades entre administraciones y en la propia administración central; análisis de la idoneidad de los organismos públicos; medidas en materia de gestión y un plan de simplificación normativa y de procedimientos. Preguntada por medidas contra la corrupción, la vicepresidenta ha indicado que hace algunas semanas se constituyó un grupo de trabajo que está estudiando un estatuto de las funciones políticas y una norma sobre el control económico y financiero de los partidos políticos. Respecto de la revisión de la actual Ley de interrupción del embarazo, ha explicado que las modificaciones se acomodarán a la doctrina del Tribunal Constitucional y pondrán el acento en la necesidad de asistencia de los padres a las menores de 18 años.
