España SINDICATOS Titulo: UGT reclama al Gobierno un gran Pacto por el empleo y la recuperación . Texto: Los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre del año son pésimos, sin paliativos y muestran cifras desoladoras. La ocupación ha caído en 322.300 personas, el tercer resultado histórico en un primer trimestre tras los registrados en 2009. El desempleo ha aumentado en 237.000 personas superando la cifra total de 6,2 millones de personas que quieren trabajar y no pueden. Esto, unido a la caída de la población activa en 85.000 personas, ha provocado un nuevo aumento de la tasa de paro de 1,1 puntos situándose en un insostenible de 27,2%. UGT insiste en la necesidad de revertir medidas impuestas por el Gobierno y alcanzar un gran Pacto por la Recuperación Económica y el Empleo, que sea fruto del diálogo social y que contenga tres requisitos: inversión productiva en infraestructura y conocimiento, la suspensión de la aplicación de la reforma laboral y dotarlo de verdaderas políticas de empleo y protección social a las personas desempleadas. El sindicato reclama un cambio urgente de unas políticas económicas que sólo van a conseguir agravar la situación, perpetuar la crisis, y avanzar por el camino de la regresión económica y social. La Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al primer trimestre del año, dada a conocer hoy por el INE, muestra unos datos desoladores en materia de empleo y paro. La ocupación ha caído en 322.300 personas, lo que supone el tercer peor resultado histórico en un primer trimestre, tras los registrados en 2009 (-766.000) y 2012 (-374.300). El desempleo ha aumentado en 237.000 personas, superando la cifra total de 6,2 millones de personas que quieren trabajar y no pueden en nuestro país (6.202.700). Esto, unido a la caída de la población activa en 85.000 personas, ha provocado un nuevo aumento de la tasa de paro de 1,1 puntos, y se sitúa en un nivel insostenible del 27,2%. Las cifras trimestrales son pésimas, sin paliativos. Prácticamente todo empeora: se destruye empleo tanto en los hombres (-199.500) como en las mujeres (-122.800), en los españoles (-218.700) y en los extranjeros (-103.600), en todos los sectores económicos (en el que más, en los servicios, -170.500), en el sector privado (-251.000) y en el público (-71.400), en casi todos los grupos de edad (con la raquítica excepción de 50 a 54 años, que aumentan en 80 ocupados), en los asalariados (-312.800) y en los que trabajan por cuenta propia (-9.900). Solo aumenta el empleo a tiempo parcial (en 63.000 personas), lo que lamentablemente no refleja una reactivación de empleo, sino tan solo la transformación en contratos de este tipo de muchos que hasta el momento eran a jornada completa, que caen en el trimestre en 385.300. Aumenta también el número de hogares en los que todos sus miembros están en situación de desempleo, en 72.400, con lo que superan ya la cifra total de 1,9 millones (1.906.100). En el último año han crecido en 177.700. Por otro lado, se ha vuelto a reducir el empleo indefinido (118.000 personas en el trimestre), confirmando que las medidas de la reforma no solo no están protegiendo e impulsando este tipo de contratos, sino que han propiciado su rescisión de más forma fácil y más barata. Todo ello sigue siendo reflejo sin duda de las políticas de ajuste excesivo practicadas y de la reforma laboral aprobada hace poco más de un año, que está teniendo un impacto tremendamente destructivo. Conclusiones Más allá del análisis de las cifras en el trimestre, lo más relevante de los datos de la EPA conocidos hoy es que reflejan de forma palmaria dos cosas: que el principal déficit que tiene nuestro país no es el relativo a las finanzas públicas, sino el que afecta al empleo; y que las políticas aplicadas hasta el momento van a perpetuar esta crisis de empleo y paro actual durante muchos años. Las medidas que está aplicando el gobierno, auspiciado por la troika, van a enquistar un volumen de desempleo insostenible en una sociedad desarrollada, que va unido a profundas desigualdades, pobreza y fractura social. Si con un 27% de desempleo el gobierno español y las instituciones europeas no entienden que el empleo debe ser lo primero, y que en este sentido hay que cambiar urgentemente las políticas económicas, estamos abocados a una regresión económica y social en nuestro país desconocida en los últimos 75 años, y muy probablemente a una peligrosa quiebra democrática en los países más afectados, que resulta incompatible con una Europa próspera y en paz. Repitiendo errores del pasado, y demostrando una preocupante miopía política, el Gobierno pretende, día si y día también, hacer pasar por signos de esperanza y mejora lo que en realidad son pruebas de inoperancia y agravamiento de la situación. El efecto en la ciudadanía es el contrario: lejos de inspirar optimismo, añade frustración, desesperanza e indignación. A cada declaración de los responsables del Ejecutivo y del partido que lo sustenta intentando aportar una dosis de confianza, responden con realismo los datos estadísticos y las previsiones de los principales organismos internacionales, destacando que nada mejora, y lo que menos, el empleo. El último ha sido el FMI, que prevé un 27% de paro para 2013 y tan solo medio punto menos, el 26,5%, para 2014. A este ritmo de mejora, reducir la tasa de desempleo hasta el 15% (que seguiría siendo un nivel elevadísimo) nos llevaría 24 años, hasta 2037. Mientras, ya hay 1.906.000 hogares en los que todos sus miembros están en paro (el 15% del total de los que tienen algún activo), 2,9 millones de trabajadores llevan más de un año en situación de desempleo, y más de la mitad de los desempleados (el 51%, 3,2 millones) no perciban ningún tipo de prestación. Nuestros jóvenes más preparados emigran, no para vivir voluntarias experiencias aventureras, sino tristemente para intentar buscar los medios para vivir dignamente. Y muchos trabajadores extranjeros que habían fortalecido nuestra economía en la etapa de bonanza, adquiriendo una valiosa experiencia y reforzando la capacidad financiera de nuestro sistema de protección social, se marchan ahora de vuelta a sus países de origen dejando todo atrás. La población activa se ha reducido en 261.000 personas tan solo en los dos últimos trimestres (un 1,1% del total). Nuestro país se está empobreciendo y descapitalizando. La reforma laboral ha cumplido un año completo de vigencia. Una reforma que, no hay que olvidarlo, el Gobierno aprobó sin diálogo con los interlocutores sociales, de forma unilateral, y por la vía de urgencia, con el objetivo declarado de frenar la destrucción de empleo e impulsar su creación. En esos términos hay que medir su eficacia. Y los resultados son evidentes: casi 800.000 ocupados menos (798.500, de ellos, prácticamente la mitad asalariados con contrato indefinido), 563.000 parados más, la tasa de paro más alta de nuestra historia (27,2%) y 2,7 puntos más elevada que hace un año. Si los objetivos eran los declarados, su resultado es un fracaso. Ahora bien, si lo que se pretendía realmente era inducir una brusca devaluación salarial, reducir derechos laborales de los trabajadores, desequilibrar las relaciones de poder en la negociación colectiva de las empresas a favor del empresario, y facilitar y abaratar la reducción de plantillas de las empresas, entonces ha sido un rotundo éxito. Porque esos están siendo sus logros. Ni un resultado positivo. Además, los drásticos recortes presupuestarios en las políticas públicas han conducido a una destrucción del 8,3% del empleo en el sector público solo en el último año (-258.300 ocupados), lo que se traduce irremediablemente en una merma de la calidad de las prestaciones y servicios esenciales ofrecidos a la ciudadanía. La reciente moderación de las exigencias financieras del coste de la deuda española, que el Gobierno pretende vender como derivada de sus políticas, es en realidad consecuencia directa de las declaraciones del Presidente del BCE en julio del pasado año, en las que anunció que intervendría si fuese necesario, para respaldar al euro. Unas palabras que fueron suficientes para aplacar las tensiones especulativas que empujaban al alza la rentabilidad de los bonos de varios países de la eurozona, entre ellos España. Es desde entonces que nuestro diferencial con el bono alemán comenzó a moderarse hasta situarse en la actualidad en un nivel similar al que tenía hace un año (algo más de 300 puntos básicos). Lo que parece evidente es que las políticas aplicadas en Europa, que promueven una austeridad extrema e indiscriminada, solo están alimentando la recesión y el paro, y con ello, agravando más la situación financiera de los Estados. El caso de España es nítido. Por eso la salida de la crisis solo puede venir de la mano de un cambio de políticas. Algunas declaraciones de los máximos responsables de organismos e instituciones internacionales (FMI, Comisión Europea) parecen apuntar a un relajamiento de las exigencias temporales del ajuste. En el caso de España, dos años más para lograr un déficit del 3%. Este cambio de planteamiento, de confirmarse, debe ser bienvenido. Pero no es suficiente en absoluto. Debe ir acompañado de un cambio de políticas para compatibilizar el necesario ajuste, en plazos adecuados, con medidas de impulso a la actividad, con reformas clave (sector financiero, sistema tributario, competencia de mercados de bienes y servicios), con el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales (educación, sanidad), y con políticas de refuerzo de los sistemas de protección social (pensiones, prestaciones sociales). Igualmente, es necesario revertir en nuestro país las medidas impuestas por la reforma laboral de febrero de 2012 y las normas que la han ido complementando, cuyo resultado está siendo muy dañino, y abrir un proceso negociador para alcanzar un gran Pacto por la Recuperación Económica y el Empleo, fruto del diálogo social, en el que participen todos los poderes públicos (estatal, autonómico y local) y los interlocutores sociales. Un verdadero plan de impulso a la creación de empleo que se apoye en un cambio de modelo productivo, para hacerlo más eficiente, sostenible y competitivo, y que promueva un potente paquete de políticas activas de empleo para reincorporar al mercado laboral a quienes tienen más dificultades para hacerlo. De lo contrario, el aparente cambio de actitud que parece plantearse desde instancias europeas se tratará tan solo de un cambio retórico sin contenido real, que el conjunto de la ciudadanía no está dispuesto a aceptar.
