España UPEyDE Titulo: El BCE emplaza al Gobierno a cambiar la normativa sobre desahucios. Texto: ¿Piensa el Gobierno introducir nuevas medidas que aborden una estrategia más amplia tal y como señala el dictamen del Banco Central Europeo? Esta es la pregunta que Unión Progreso y Democracia ha trasladado al Gobierno en relación con las críticas del BCE respecto a la legislación hipotecaria, y más concretamente en lo relativo a desahucios. Después de tramitar una ley que no ha dado satisfacción a nadie y que está muy lejos de solucionar el problema, el Gobierno pidió opinión al BCE, y no ha podido ser más clara: deberían adoptarse un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias. Las causas subyacentes son las que la norma aprobada tiene mucho cuidado de no tocar. El BCE, además, recuerda que con la ejecución hipotecaria (el desahucio) los bancos ganan menos que con una venta voluntaria. Solo con una estrategia de resolución más amplia se puede hacer frente a los retos que plantean los cambios en las circunstancias económicas de los prestatarios, los cambios sustanciales en el valor de los inmuebles y el posible resultado de hipotecas inviables, manteniendo al mismo tiempo incentivos apropiados tanto para deudores como para acreedores y reduciendo al mínimo el posible riesgo moral, añade el texto del máximo regulador bancario de Europa. La primera proposición de ley que presentó UPyD tras lograr grupo parlamentario en el Congreso se refirió precisamente a los desahucios. Pedía modificaciones en la Ley Concursal para regular la segunda oportunidad (limitar la responsabilidad para evitar que las deudas persigan a los ciudadanos hasta la tumba), mecanismos que permitieran a los deudores insolventes seguir viviendo en el inmueble bajo la condición de mantenerlo y a la espera de poder efectuar una venta que beneficiara a ambas partes, eliminación de las cláusulas abusivas (que ya fueron objeto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea), facilitar la dación en pago, y otras medidas de calado. El diputado Carlos Martínez Gorriarán recordó que las reformas que defendía su partido beneficiarían a los deudores, pero también a las entidades. De hecho, se produjo entre los grupos un cierto consenso al respecto, en el que, por un momento, pareció que entraría el PP. Finalmente no fue así, y el Gobierno impuso una reforma que recibió críticas desde todos los sectores, a los que ahora se suma un organismo tan poco sospechoso de querer hundir a la banca como el BCE.
