España Izquierda Unida Titulo: El PP tumba la Proposición de Ley defendida por Garzón para acabar con los agujeros del sistema fiscal . Texto: El diputado de IU y portavoz económico de IU, ICV-EUiA, CHA detalla en su intervención las medidas para intensificar la prevención y lucha contra el fraude fiscal y advierte de que si éstas no son hoy efectivas es porque falta voluntad política para ponerlas en marcha Intervención íntegra de Alberto Garzón en el Pleno del Congreso previa a la votación en la que la proposición no de ley fue rechaza con los votos en contra del Grupo Popular Nuestro grupo trae en esta ocasión una proposición de ley sobre una materia de la que hemos tenido la oportunidad de debatir en numerosas ocasiones en esta Cámara. Podemos comenzar haciendo alusión a uno de los grandes escritores del siglo pasado, que afortunadamente todavía vive, Eduardo Galeano, que decía que muchas veces la justicia es como las serpientes, que sólo muerde a los descalzos. Precisamente porque esa visión de la justicia, injusta, esa visión según la cual la justicia sólo afecta a unos y, sin embargo, a otros ni los roza, es compensada, es anulada o directamente suprimida y sustituida por una justicia donde todos son iguales ante la ley, donde todos son iguales ante las consecuencias penales y consecuencias en última instancia jurídicas, es para lo que existen las instituciones, las normas jurídicas, las propias composiciones que la sociedad se va dando para corregir esas desigualdades o directamente suprimirlas. Por eso consideramos tan importante el sistema fiscal y, por eso, consideramos enormemente peligrosos los agujeros que existen en el mismo. Eso es lo que nosotros intentamos venir a corregir humildemente con nuestra proposición de ley. Una proposición de ley que va al corazón del problema, al fraude fiscal y a sus fuentes, por las cuales se potencia en última instancia un empeoramiento de la desigualdad, de la lógica hacia la desigualdad inherente al sistema económico capitalista y su propia lógica. Lo cierto es que nuestra Constitución de 1978 propugna o defiende, al menos en el ámbito teórico, un sistema fiscal progresivo, que viene a ser que los que más tienen más deben pagar no sólo para sufragar los servicios públicos -la sanidad, la educación, las prestaciones sociales y otro tipo de servicios que tenemos por nuestra condición de ser ciudadanos-, sino porque también son elementos que salvaguardan la cohesión social y evitan el estallido social que hace que unos nos peguemos con otros. Eso es lo que le da una enorme importancia en el sentido de la filosofía política del mantenimiento de la cohesión social. Sin embargo, lo cierto es que aunque eso aparezca formalmente en nuestra Constitución, en nuestra Constitución formal, en la práctica, de facto, llevamos muchas décadas viendo cómo el sistema fiscal se va convirtiendo cada vez más en un sistema absolutamente regresivo por la existencia de agujeros fiscales, por la existencia de fraude fiscal y por la existencia de leyes injustas; esas leyes injustas que tratan de forma diferente, como decía Galeano, a los descalzos y a los que van bien indumentados. Esa es la realidad de nuestro sistema fiscal actual que, aunque sólo en la forma se promete a sí mismo como progresivo, en la práctica, de facto, es absolutamente regresivo y, al final, acabamos encontrándonos con una enorme paradoja, y es que los grandes servicios públicos, amenazados por esta crisis y por el modelo de sociedad propugnado por el neoliberalismo y por las prácticas privatizadoras, ese modelo de sociedad acaba siendo últimamente sólo defendido en términos económicos, sólo mantenido y sólo financiado por los menos pudientes, mientras que aquellos que más tienen encuentran siempre las formas para no tener que pagar. Esos detalles no tienen por qué ser sólo delitos. Es decir, el fraude fiscal, que en nuestro país alcanza, según estimaciones, entre el 20% y el 25% de la economía, ese dinero que, evidentemente, no está fiscalizado y que no sirve para mantener el Estado del bienestar y los servicios públicos, es compatible desgraciadamente con leyes injustas y con agujeros legales. Podemos poner un ejemplo muy claro. En este país se supone que las empresas tienen que pagar en torno a un 25% o un 30% de sus beneficios en materia de impuestos. En la práctica, las pequeñas empresas acaban pagando en torno al 24%, las grandes en torno al 18% y las multinacionales, con mayor capacidad para aprovechar las trampas legales, acaban pagando sólo un 10% de tipo efectivo medio. Esa desigualdad, que hace que en la práctica al final quien más tiene menos pague, es lo que se encuentra en el origen de los fallos estructurales del sistema fiscal que venimos a corregir, o a intentar corregir o a dar el primer paso para corregirlo definitivamente con esta proposición de ley. La elusión fiscal y la evasión fiscal, grandes problemas de nuestra economía que no son en ningún modo afrontados sinceramente ni por el Gobierno de Rajoy ni por los gobiernos anteriores ni por las instituciones internacionales que siempre decoran sus discursos con retórica de lucha contra el fraude pero que luego, al final, lo que vemos son elementos como la tasa de reposición del 10% para los miembros de la Agencia Tributaria, que no es otra cosa que decir que de cada diez personas que se jubilan, nueve van a ver que su puesto no encuentra sustitución por otra persona y eso, en última instancia, son menos recursos para luchar contra el fraude. Esa es la política real del Gobierno del Partido Popular. En este sentido, hablemos de fraude fiscal, pero hablemos del verdadero fraude fiscal, del que hacen las grandes empresas y las grandes fortunas, que son responsables, según los técnicos de Hacienda, de hasta el 75% de esa ingente cantidad de dinero defraudado al Estado. No de ese jornalero o de ese trabajador que finalmente está haciendo lo que puede por sobrevivir, por llegar a 400 o a 450 euros al mes y con el que el Estado sí es implacable. El Estado es implacable con esa persona que está intentando sobrevivir y, por el contrario, el Estado trata fabulosamente a los defraudadores fiscales, a esos criminales fiscales que son en última instancia, recordemos, los que acaban provocando los recortes en sanidad y en educación, y la falta de ingresos para mantener esas prestaciones sociales a un nivel digno. Sin embargo a ellos se les ofrecen procedimientos como la amnistía fiscal, procedimientos que son una ayuda clara y directamente explícita a aquellos que han delinquido contra el Estado, contra todos nosotros. Por eso, nosotros estuvimos en contra de la amnistía fiscal, pero además creemos que hay que reformular muchos aspectos que tienen que ver con la misma. En esta proposición de ley intentamos endurecer las posibilidades que tenga el Gobierno para aplicar una nueva amnistía fiscal. Proponemos que haya que aprobarlo por una ley orgánica; proponemos también que el delito fiscal no prescriba tan pronto, que prescriba más allá de los diez años cuando a día de hoy esta aproximadamente en cuatro años, algo a lo que desgraciadamente hemos estado acostumbrados cuando hemos visto todos los casos de presunta financiación ilegal de diferentes partidos políticos en nuestro Estado. Creemos que hay que endurecer esas penas, esas sanciones contra aquellos que atentan directamente contra las finanzas públicas. Por eso nos parece muy importante que reconozcamos que desgraciadamente muchos avances en la lucha contra el fraude fiscal, avances pequeños, ligeros, se han conseguido por métodos que no son los procedimentales, como puede ser la declaración de determinadas personas como el economista Falciani que, eludiendo la ley, fue el responsable de dar a la luz los nombres de determinadas personalidades, de grandes fortunas, de grandes empresas que habían eludido la ley y que habían atracado y saqueado las finanzas de todos nosotros y nosotras. Pero fue a través de esos procedimientos extraños, ajenos a la normativa jurídica, por los cuales hemos podido conocer, al menos el Gobierno, los nombres de algunas personas que han estafado al resto de sus conciudadanos. Por eso proponemos también en esta proposición de ley que haya transparencia, que se sepa quiénes son los que se han acogido a la amnistía fiscal, que se sepa quiénes son los que durante tanto tiempo han estado mermando las arcas públicas y beneficiándose de la gran capacidad adquisitiva, la gran capacidad de tienen para contratar a determinados técnicos para hacer actividades en algunos casos delictivas, como la elusión fiscal. Recordemos -insistimos, esto es preocupante- que es legal hacer determinados procesos como las transferencias de precios que hacen las grandes compañías y que al final también consiguen evitar el pago de impuestos. Las sanciones son importantísimas porque en cualquier juego hace falta un palo y una zanahoria, no solo la zanahoria como hacen el señor Montoro y este Gobierno. Esa transparencia es necesaria aunque, recordamos, nosotros estamos absolutamente en contra de procedimientos como la amnistía fiscal, porque no solo es una cuestión que no funciona en el ámbito autonómico, no es solo que ni siquiera se haya podido recaudar lo que el Partido Popular decía cuando la aprobó a bombo y platillo, sino que además es moralmente injusta e intolerable. Vayamos un poquito más allá: en esta proposición de ley también proponemos limitar y acabar con los pagos en efectivo, porque es en los pagos en efectivo -nosotros proponemos que se limiten hasta los 1.000 euros- donde se fraguan habitualmente los procesos de corrupción pública, y no solo los procesos de corrupción sino todo tipo de procesos delictivos que incluyen el narcotráfico o la trata de personas; estos procesos se hacen finalmente sobre todo en efectivo. Nosotros hemos acompañado habitualmente esto -lo saben los miembros de esta Cámara- de la sugerencia de que el Gobierno exija a las instituciones europeas, particularmente al Banco Central Europeo, el cambio de color de los billetes de 500 euros. Esta simple medida, que puede parecer anecdótica, sacaría a la luz grandes cantidades de dinero que sirven para engrasar las actividades corruptas. Simplemente esta actividad, que no lleva apenas coste asociado, podría poner en marcha un proceso de emergencia, podría hacer surgir desde la oscuridad y las cloacas de los delitos grandes cantidades de dinero. Esto no solo tendría ánimo recaudatorio sino que además permitiría poner bien claro quiénes han sido los delincuentes, sancionarlos y tomar responsabilidades políticas importantes. Pasaríamos de la política del sobre a una política de amplia fiscalización de cualquier transferencia. No podemos dejar de citar que en esta proposición de ley incluimos de nuevo una crítica absoluta y feroz contra los paraísos fiscales, porque en un contexto como el actual, en el que se acepta acríticamente por parte del Gobierno toda política que proviene de la troika, toda política que proviene de las instituciones internacionales, es bastante extraño que la troika utilice la retórica contra los paraísos fiscales pero no proponga ninguna medida importante y beligerante contra los paraísos fiscales como pueden ser Gibraltar, Luxemburgo o Andorra. Más allá de la simple retórica, insistimos, lo cierto es que no se ha avanzado absolutamente nada en esa tarea, y determinados territorios jurídicos, como puede ser Gibraltar con 30.000 habitantes y 80.000 empresas, son el pulmón de la corrupción, del narcotráfico, de los pelotazos o de cualquier otro proceso de este tipo que no solo son inmorales sino que además han mermado las arcas públicas. Son propuestas que van en esta proposición de ley y que esperamos que el Gobierno pueda tenerlas a bien, porque se trata de propuestas técnicas que se pueden poner en marcha mañana mismo. Mañana mismo se pueden poner en marcha estas propuestas, evitar los recortes que se están haciendo en estos últimos años y ayudar a construir una sociedad más justa. Desgraciadamente, sabemos que hemos debatido este tema en muchas ocasiones en esta Cámara, y sabemos también que el Partido Popular se ha negado siempre a tener en consideración las propuestas contra el fraude fiscal de otros grupos. Entendemos que ese es un camino hacia el suicidio y que puede ser compatible con el modelo de sociedad que quiere construir el Partido Popular, pero que no es compatible con el modelo de sociedad que queremos construir nosotros. Así que, aunque sólo sea por esfuerzo pedagógico hacia la ciudadanía, consideramos importantísimo que existan proposiciones de ley como la nuestra o las que otros grupos han presentado, y que pongan de relieve que si la lucha contra el fraude fiscal no es efectiva, si no es eficiente, no es porque sea inevitable, es porque falta voluntad política para ponerla en marcha. Muchísimas gracias.
