España AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: Egipto. Morsi debe ser presentado ante el tribunal y tener acceso a un abogado. Texto: Las autoridades egipcias deben garantizar que el depuesto presidente Mohamed Morsi comparece ante el tribunal el lunes y que tiene acceso inmediato a un abogado y a la totalidad de las garantías que constituyen su derecho de defensa, ha dicho Amnistía Internacional. El ex presidente, junto con otras 14 personas entre las que figuran miembros del Partido de la Libertad y la Justicia, ligado a la Hermandad Musulmana, y de otros grupos islamistas, será juzgado el 4 de noviembre por asesinato e incitación a la violencia. Mohamed Morsi y varios de sus colaboradores llevan recluidos en secreto y prácticamente en régimen de incomunicación desde el 3 de julio, en unas condiciones que constituyen desaparición forzada. El juicio de mañana es una prueba para las autoridades egipcias. Deben presentar a Mohamed Morsi ante el tribunal y garantizarle un juicio justo, incluido el derecho a impugnar ante el tribunal las pruebas que hay contra él. De no hacerlo, se cuestionarían aún más sus motivos para juzgarlo, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. A Mohamed Morsi se le denegó el acceso a sus abogados durante el interrogatorio y la instrucción, lo cual socava gravemente su derecho a un juicio justo. También su desaparición forzada constituye de por sí una grave violación de derechos humanos a la que debe ponerse fin de inmediato. Morsi debe quedar en libertad o ser trasladado a un lugar de detención reconocido, y debe permitírsele acceder con regularidad a su familia y sus abogados. Los abogados que representan a la Hermandad Musulmana dijeron a Amnistía Internacional que dudaban de que a Mohamed Morsi lo presentaran ante los tribunales para la vista. Sin la presencia de Morsi, el juicio no podrá continuar. Todo el mundo tiene derecho a estar presente en su juicio, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. Los cargos que se imputan a Mohamed Morsi, que tienen que ver con los enfrentamientos violentos entre sus partidarios y sus oponentes que tuvieron lugar los días 5 y 6 de diciembre de 2012 ante el palacio presidencial conocido como Ittihadiya, son asesinato, intento de asesinato, retención y tortura de civiles, matonería y amenazas a civiles, así como difusión de rumores que afectan al trabajo de instituciones públicas. También se le acusa de ayudar a los presos –incluido él mismo– a fugarse de la cárcel de Wadi el Natrun durante la revolución de Egipto de 2011 con la ayuda del movimiento palestino Hamás, de secuestrar a personal de seguridad y de insultar al poder judicial egipcio. Mohamed Morsi y Asaad al-Shikha, colaborador del presidente, fueron interrogados por la fiscalía sin que sus abogados estuvieran presentes. A ambos se les ha negado el acceso a un abogado y por consiguiente no pueden impugnar eficazmente la legalidad de las condiciones de su detención. Mohamed Morsi sólo ha podido ponerse en contacto con sus familiares una vez desde su detención. Sus abogados dijeron a Amnistía Internacional que Morsi considera que los cargos, el tribunal y el actual gobierno son ilegítimos. Los abogados dijeron también a Amnistía Internacional que no habían podido acceder al sumario completo, de 7.000 páginas, hasta el 30 de octubre, y que tuvieron que pagar la elevada suma de 15.000 libras egipcias (2.177 dólares estadounidenses) para conseguir una copia. Esto no hace presagiar nada bueno sobre la imparcialidad de su juicio, ha dicho Hadj Sahraoui. Los abogados de la defensa se están encontrando con trabas inaceptables. Al entregarles el sumario con tanto retraso no han tenido tiempo suficiente para preparar la defensa, lo cual vulnera las obligaciones de Egipto en materia de derechos humanos. Amnistía Internacional también teme que las irregularidades del proceso judicial estén menoscabando la justicia en los juicios de otros dirigentes de la Hermandad Musulmana. El juicio de Morsi, junto con el de otras 14 personas, entre las que figura el político de la Hermandad Musulmana Mohamed el-Beltagi, se celebrará en un edificio anexo a la cárcel de Tora denominado Instituto de la Policía de Tora. Los abogados dijeron a Amnistía Internacional que se oponen a que los juicios se celebren en las cárceles, por considerar que esta práctica socava la presunción de inocencia y que también puede interferir con el derecho a un juicio público. Muchos dirigentes de la Hermandad Musulmana fueron interrogados en la cárcel y no en la oficina del fiscal o en las dependencias de los tribunales. Varios juicios de dirigentes de la Hermandad Musulmana y de islamistas también se han aplazado porque el Ministerio del Interior no presentó a los acusados ante el tribunal por motivos de seguridad. El juicio de Hazem Salah Abu Ismail, dirigente salafista, se pospuso tres veces por incomparecencia del acusado. La próxima vista está prevista para el 18 de noviembre de 2013. Los juicios del guía supremo de la Hermandad Musulmana Mohamed Badie, y de sus adjuntos, Khairat el-Shater y Rashad Bayoumi, también se pospusieron por la misma razón. Los acusados tienen derecho a un juicio justo en un plazo razonable, o de lo contrario, deben quedar en libertad. No es aceptable retrasar constantemente el proceso con la consiguiente prórroga de su detención, ha dicho Hassiba Hadj Sahraoui. Información complementaria Violencia en Ittihadiya Durante los incidentes del 5 y el 6 de diciembre de 2012, los detractores de Mohamed Morsi llevaron a cabo una gran sentada ante el palacio presidencial para protestar contra la decisión del presidente de convocar un referéndum sobre un proyecto de Constitución aprobado apresuradamente por una Asamblea Constituyente dominada por los islamistas. Posteriormente, los partidarios de la Hermandad Musulmana respondieron a una convocatoria para concentrarse ante el palacio y evitar que las masas lo invadieran. La policía no hizo nada para detener la violencia mientras desde ambos bandos se arrojaban piedras y bombas incendiarias y se utilizaban armas de fuego. Los enfrentamientos se saldaron con al menos 10 muertos y cientos de heridos. Desde el 3 de julio de 2013, cientos de partidarios de Mohamed Morsi que exigían su reincorporación al cargo han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. El episodio más sangriento tuvo lugar el 14 de agosto, cuando las fuerzas de seguridad dispersaron una concentración de partidarios de Morsi en Rabaa al-Adawiya. Se calcula que en esa ocasión el número de víctimas mortales ascendió a 486. No se han presentado cargos contra ningún miembro de las fuerzas de seguridad por estos homicidios ilegítimos.
