España SOCIEDAD Titulo: Las 712 personas realojadas por la PAH exigen que la administración cumpla con su deber: garantizar el derecho a la vivienda de toda la población. Texto: Hoy más de trescientas personas se han dado cita frente a la Generalitat de Catalunya. Gran parte de ellas eran familias que han sido realojadas por la Obra Social la PAH y las familias de los bloques recuperados en el marco de la campaña. [Ver comunicado de convocatoria de la acción de hoy] El mensaje que se lanzaba es sencillo: no se trata de un bloque ni de un problema puntual, estamos hablando de centenares de miles de famílias que han perdido y siguen perdiendo su casa sin que tengan alternativa habitacional alguna. Son ya más de 712 personas realojadas por la PAH, y muchas más de las que nadie habla que se han visto obligadas a ocupar una vivienda por no contar con otra alternativa. Ni la Generalitat, ni el Gobierno del Estado están en disposición, ni cuentan con los recursos para garantizar el derecho a la vivienda de todas ellas. El día en que el TEDH volverá a fijarse en la vulneración de derechos de Salt, la PAH demuestra que en el estado español las instituciones no quieren ni pueden garantizar que se cumpla la resolución del mismo tribunal del 16 de octubre en Salt, una demanda histórica de la PAH: la obligación de las administraciones públicas de intervenir en los casos en los que los derechos fundamentales puedan verse violados. A estas alturas, a nadie con dos dedos de frente se les escapa que la situación requiere afrontar el modelo especulativo de la SAREB y recuperar las viviendas del Banco Malo para las personas desahuciadas. La PAH exige soluciones para todas ellas, soluciones que la misma PAH ya está aplicando frente a la ausencia de políticas públicas que garanticen los derechos fundamentales. No se entiende que la gente esté sin casa cuando miles de viviendas se mantienen cerradas a la espera de seguir haciendo negocio con un derecho fundamental. Y todo ello Por este motivo hoy en Barcelona, en una acción que buscaba visibilizar esa realidad que Gobiernos y bancos esconden, se han construído centenares de pequeñas casitas con nombres y apellidos reales dentro. Además había representación de los edificios recuperados en varias poblaciones de Catalunya. A la espera de la resolución del TEDH hacemos público el escrito de la Abogacía del Estado y la Generalitat, y las alegaciones de la PAH, y avanzamos una primera valoración del primero. Los argumentos esgrimidos por el Estado y la Generalitat ante el tribunal Europeo de Derechos Humanos y de los cuales la PAH tuvo conocimiento ayer noche son los siguientes: •Un reconocimiento de que la SAREB no está pensada para garantizar el derecho a la vivienda, si no para consolidar el rescate bancario. •La Abogacía del Estado solicita que se levante la suspensión cautelar del desalojo alegando que es una cuestión de interés nacional, ya que podría servir de precedente para otras personas y ocupaciones. •Que se garantiza el realojo para dos familias. •Miniza los motivos de la PAH para recuperar el bloque en el que se han realojado a las 16 familias, eludiendo el hecho de que las familias habían agotado todas las vías para acceder a una vivienda. Ante estos escritos, la PAH ha presentado esta mañana las siguientes alegaciones [descargar aquí]: •El motivo que impulsa la recuperación de los bloques es el de evitar que las familias se vean en la calle, no se trata de una acción meramente de protesta •Se constata y demuestra que antes del 15 de octubre y la movilización en defensa del Bloc Salt no había habido ningún movimiento por parte de la Generalitat para garantizar los derechos fundamentales de las familias •La negociación con la SAREB está abierta y por ello es necesario disponer de más tiempo. •La SAREB no ha presentado prueba alguna de que haya una venta o posible alquiler del edificio a terceros, por lo que queda en entredicho la urgencia por recuperar la posesión del edificio Adjuntamos al final ambos escritos, para conocimiento de los medios de comunicación y de toda la población a la espera de poder conocer y valorar la resolución del tribunal de Estrasburgo para el caso de Salt. El caso del Bloc salt, la campaña de la Obra Social la PAH, e incluso la misma Abogacía del Estado en sus argumentos al TEDH, han puesto, de nuevo, en evidencia que vivimos en una situación de emergencia habitacional que las administraciones públicas están ignorando y que es la ciudadanía organizada la que está autotutelando los derechos fundamentales de la población. ÚLTIMA HORA: Valoración de la respuesta de Estrasburgo, 5 noviembre La valoración a día de hoy que desde la PAH se hace de esta respuesta es la siguiente: •La resolución del TEDH, que entendía que se vulneraban derechos fundamentales en el desalojo de Salt, entiende que la situación ha cambiado porque ahora hay decisiones de la Generalitat de realojar las familias. Esto reafirma la posición jurídica de la PAH: el 15 de octubre el TEDH acepta una petición cautelar de protección que ahora ya ha sido asumida por la propia Generalitat. Si la Generalitat lo hubiera asumido en su momento, no habría sido necesaria la intervención de Estrasburgo. Tras el proceso de Estrasburgo, la Generalitat tendrá que dar respuesta y realojo al resto de familias del Bloc Salt, tal y como se ha comprometido públicamente, y a las familias que viven en los bloques de la Obra Social de la PAH, si su voluntad es efectivamente garantizar los derechos fundamentales de todos •Tras el levantamiento de la suspensión cautelar de desalojo, es el juez de Girona quien ha de decidir si se levanta la suspensión del desalojo. El precedente que marca la resolución de Estrasburgo del día 16 da a entender que el juez valorará la situación antes de decretar de nuevo el desalojo, ya que es conocedor de que en el bloque viven más familias que las dos que la Generalitat se compromete a realojar •Estrasburgo en su medida cautelar estaba dirimiendo el caso de dos familias, las dos que habían podido empadronarse en el edificio antes de presentar el recurso. El Tribunal ha anunciado que estudiará la demanda de fondo interpuesta en relación a todo el procedimiento. Es decir, no es la última palabra de Estrasburgo respecto a lo que plantea la PAH: un cuestionamiento del modelo de la SAREB y la actuación de las administraciones públicas respecto a este modelo. •El caso del Bloc salt marca un punto de inflexión en lo que respecte a la responsabilidad de las administraciones públicas en la vulneración sistemática de derechos humanos que se da por la sangría de los desahucios ya ha hecho historia. •La entrada del TEDH en un desalojo instado por la SAREB dice mucho del absoluto desprecio de los poderes públicos españoles y catalanes en relación a los derechos humanos. •Por otro lado, marca una obligación a la Administración de realojar las familias con carácter previo al desalojo, que también constituye un antecedente importantísimo. •Finalmente, la intervención de Estrasburgo ha supuesto que las familias afectadas dispongan ahora de una adjudicación de un piso con alquiler social, una opción con la que no contaban previa a la intervención de Estrasburgo. Será necesario que la Generalitat abra una vía para negociar colectivamente el realojo de las familias del Bloc Salt, atendiendo a las necesidades de éstas y con un proceso garantista
