Sabado, 23 de Noviembre 2024
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España AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: Bahréin. Stop a la detención, maltrato y tortura de menores de edad. Texto: Según la organización, en los dos últimos años se ha vendado los ojos, golpeado y torturado bajo custodia a decenas de niños –algunos de tan sólo 13 años– detenidos por presunta participación en manifestaciones contra el gobierno. A otros los han amenazado con violarlos para obligarlos a hacer confesiones. Al detener y encerrar a menores de edad por presuntos delitos, las autoridades de Bahréin están dando muestra de un atroz desprecio de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos –ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África. Casi tres años después de que las fuerzas de seguridad de Bahréin hicieran uso excesivo de la fuerza para reprimir las manifestaciones contra el gobierno, parecen tener ahora en el punto de mira de su intensificada campaña de represión a los niños. Todos los menores de 18 años que no hayan cometido ningún delito reconocible han de ser puestos en libertad de inmediato, y es preciso investigar de manera exhaustiva toda denuncia de tortura y malos tratos. Según información recibida por Amnistía Internacional, hay al menos 110 niños de entre 16 y 18 años recluidos, en espera de investigación o juicio, en la prisión del Dique Seco, centro para adultos de la isla de Muharraq. La mayoría de estos niños fueron detenidos como sospechosos de participar en concentraciones ilegales, causar disturbios, quemar neumáticos o arrojar cócteles Molotov contra la policía. A muchos se los llevaron detenidos cuando jugaban tranquilamente en su casa o incluso en la piscina de su barrio. Algunos han estado privados de acceso a su familia durante largos periodos y han sido interrogados sin su abogado. Los menores de 15 años contra los que se dictado sentencia se encuentran recluidos en un centro de menores de Manama dependiente del Ministerio del Interior. De día están atendidos por trabajadores sociales, pero por la noche, cuando tienden a cometerse la mayoría de los abusos, asume el control la policía bahreiní. Si cumplen allí los 15 años son trasladados a prisiones de adultos, como la de Yaw, en el sureste de Bahréin, para que cumplan allí el resto de su condena. Bahrein es país signatario de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño, que define como tal a toda persona menor de 18 años. También se prohíben expresamente en ella la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Amnistía Internacional insta también al gobierno de Bahréin a que revise la legislación, en especial la Ley de Menores y el Código Penal, para asegurarse de que es plenamente compatible con las normas internacionales. En agosto se reformó la Ley de Menores de Bahrein para indicar que los padres de todo menor de 15 años que participe en manifestaciones, concentraciones públicas o acampadas recibirán por escrito una advertencia del Ministerio del Interior. Si el menor reincide antes de seis meses, su padre podrá se sancionado con una pena de prisión, una multa o ambas. El gobierno de Bahréin afirma respetar los derechos humanos, pero lo cierto es que incumple descaradamente y de manera habitual sus obligaciones internacionales al recurrir a medidas extremas como imponer severas penas de prisión a niños, ha manifestado Said Boumedouha. Amnistía Internacional pide a Bahréin que imponga otro tipo de sanciones a los niños que cometan delitos internacionalmente reconocibles, como prisión condicional o labores de servicio a la comunidad. Información complementaria Desde que comenzó el levantamiento popular de Bahréin el 14 de febrero de 2011, las fuerzas de seguridad han cometido graves violaciones de derechos humanos, haciendo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes hasta el punto de haber matado a decenas de ellos. Hay al menos 2.000 personas encarceladas. Muchos juicios incumplen las normas internacionales pertinentes. Amnistía ha adoptado como presos de conciencia a 20 de estas personas. La impunidad generalizada de los abusos perpetrados por las fuerzas de seguridad sigue siendo un problema.