España UPEyDE Titulo: Los políticos, sus programas y el cumplimiento de sus promesas . Texto: Una de las quejas más frecuentes sobre los políticos es su tendencia a incumplir sus promesas. Nada que objetar, porque es una queja realista basada en la experiencia. Pero la cuestión de si un político debe estar o no obligado a cumplir lo que ha prometido a sus electores es más compleja de lo que pueda parecer. Además de a los políticos, incluye también a sus votantes, a bastantes de los cuales parece no importarles mucho el cumplimiento, a la vista de que votan y vuelven a votar -como los peces en el río- a partidos y personajes que les han defraudado o engañado una y otra vez. Luego están los que votan -y reclaman que se cumplan- promesas tan absurdas, improbables o disparatadas que parecen el programa de Peter Pan para el país de Nunca Jamás. En fin, la cuestión tiene una doble cara: la responsabilidad política de cumplir los compromisos, expresados en promesas y programas, y la responsabilidad de elegir con responsabilidad y sensatez que corresponde a los electores (razón que convierte en políticos a todos los ciudadanos de la democracia aunque no tengan cargo alguno, guste o no). El derecho a elegir es la columna vertebral de la democracia, y conlleva la obligación de elegir lo mejor posible. Vaya por delante que estoy convencido de que los políticos debemos cumplir nuestros compromisos lo más fielmente que sea posible. Y que para cumplir es imprescindible formular programas electorales lo más realistas que podamos, coherentes con el ideario o proyecto político propio. Pero también ocurre que no sea posible cumplir un programa porque, sencillamente, sea irrealizable, aunque esta no sea la única causa (o excusa) para el incumplimiento. Hay más. ¿Es aconsejable obligar por Ley a cumplir el programa electoral? Algunos proponen obligar a cumplir las promesas electorales, a mi entender con arriesgada ingenuidad, mediante leyes coercitivas que permitan destituir al político que incumple (y supongo que poner en su lugar a otro que sí lo haga, aunque no sabemos si del mismo partido o de otro). Acaba de proponerlo IU, lo que no deja de tener su gracia tras ver cómo ellos han incumplido en Andalucía, entre otros incumplimientos en muchos otros sitios, la promesa de exigir el cambio de la ley electoral andaluza. Otros también prometen primarias y luego resulta que la dirección presenta a los vencedores antes de convocarlas… El argumento que fundamenta este tipo de propuestas coercitivas es que un programa electoral es un contrato entre representante y representado. Estoy de acuerdo con que es un contrato, pero debo añadir que existen muchos tipos de contrato y que no todos son equiparables a los mercantiles, en los que una parte se compromete a proporcionar a la otra un bien o un servicio en unas condiciones preestablecidas por la ley. Los contratos políticos se parecen más a los matrimoniales o a los implícitos de amistad: su cumplimiento depende de que se mantengan las condiciones en que se estableció, como el amor, el afecto o el interés mutuo entre los suscribientes. Si todos los contratos fueran irrompibles, irreversibles o irrevisables, no podría haber divorcio legal, por ejemplo; es un punto de vista fundamentalista. ¿Incumplimiento por realismo o por engaño deliberado? La alarma social por el incumplimiento de los contratos políticos aumentó con el escandaloso caso del programa con el que Rajoy y el PP ganaron las elecciones generales de 2011. Realmente hay pocos precedentes de un gobierno tan disímil, incluso antagónico, con lo prometido: ¿qué se había prometido reducir impuestos y crear empleos?; pues toma, aquí tienes exactamente lo contrario. La doble excusa de Rajoy ha sido culpar a la herencia recibida, y que las instituciones europeas y mercados no le han dejado otro remedio que hacer lo que no quería hacer. Incluso pretende que este descarado fraude se tome como un ejemplo de coherencia política y rectitud moral, un ejercicio de hipocresía realmente impactante. Lo cierto es que el PP conocía bien la herencia que le tocaba del anterior Gobierno, pero que sus promesas eran completamente incongruentes con la realidad: el gigantesco déficit fiscal, y sobre todo las decisiones políticas (es decir, que tenían alternativas) de rescatar las Cajas, mantener las administraciones intactas y algunas inversiones populistas (como el AVE), hacían completamente imposible rebajar impuestos; al contrario, abocaban al rescate y al enorme crecimiento de la deuda pública mientras se reducía el crédito y aumentaba el paro. De modo que comparto el juicio de que Rajoy engaño a sus electores y llegó a presidente sin la menor intención de cumplir sus promesas populares. El programa del PP era y es, sencillamente, una tomadura de pelo como lo definió Mitterrand: un documento escrito en papel mojado, pensado para incumplirlo al día siguiente de ganar. La cuestión es si una ley coercitiva que identificara Programa Electoral con contrato mercantil, y permitiera destituir a Rajoy y a sus 185 diputados del Congreso, le obligaría a cumplir un programa imposible e incongruente con sus decisiones de gobernante. Evidentemente, no. Ninguna Ley coactiva sobre el cumplimiento de programa podría conseguir que los impuestos bajen mientras suben deuda y déficit, ni tampoco crear empleos mientras se destruye el tejido económico productivo para salvar el financiero. Esas son decisiones de política fiscal, económica y laboral, respectivamente (que pueden funcionar mejor o peor, y más cuando no dependen solamente de un país: la política no es Dios). Los programas políticos y sus limitaciones Hay varios problemas con los programas políticos, aunque solo me referiré a dos bastante obvios. El primero es de tipo cognitivo: la realidad es cambiante y compleja, es temerario creer que se conoce por completo, e imposible de prever y encerrar en ningún documento programático (como piensan equivocadamente muchos políticos académicos y diletantes). Un buen programa económico para un país en un momento dado puede saltar por los aires si hay, por ejemplo, una crisis financiera internacional, o monetaria, o un alza imprevista del precio de la energía, un desastre natural, etc. Viene a cuento recordar aquella ridícula propuesta de Rodríguez Zapatero de prohibir la crisis financiera por decreto… El segundo es pragmático: incluso cuando un programa electoral o de gobierno es realista, posible y realizable, tropieza con el hecho inevitable de que los sistemas democráticos no permiten a ningún partido la realización completa de lo que se llamaba programa máximo. Incluso con mayoría absoluta hay que pactar y negociar la ejecución del programa porque la sociedad es plural y pluralista, existen la opinión pública y grupos de interés poderosos e influyentes que ejercen una oposición muy eficaz, sea mediante movilizaciones públicas o presionando en los despachos, y finalmente hay contrapesos institucionales y marcos jurídicos preexistentes que pueden desvirtuar, variar o frustrar promesas electorales muy pensadas. Uno de los principios básicos de la democracia es que se debe respetar a las minorías, cuyos derechos garantiza la Constitución. Tener la mayoría no justifica arrollar al que piensa diferente y privarle de derechos. Yo puedo y debo comprometerme a intentar que las propuestas de UPyD se cumplan al máximo, pero sé que muchas veces habrá que negociarlas y adaptarlas para que la mayoría pueda aceptarlas, y siempre respetando a las minorías disidentes. Si dijera otra cosa, mentiría (o sería imbécil o tramposo, que es peor). ¿Entonces, qué podemos esperar de la política? Francamente, si alguien cree que la democracia permite realizar al 100% un proyecto político de partido, o ejecutar absolutamente un programa electoral, va a llevarse tremendas decepciones: no es posible porque la democracia existe, entre otras cosas, para impedirlo. Un proyecto político único acabaría con el pluralismo y, por tanto, con la democracia (como se empeñan en no entender los nacionalistas y la paleoizquierda, o sí pero les da igual). Entonces, ¿cómo obligar a los políticos a cumplir sus promesas, y hacer que los programas sean dignos de confianza? Yo creo que en realidad solo hay dos maneras: una, ejercer el voto crítico retirándolo a quien nos haya decepcionado o engañado (ya se sabe: si te engañan dos veces, la culpa es tuya la segunda vez); otra, exigiendo a los partidos programas realizables con la lógica cláusula de revisión y de legalidad, es decir, con valor de contrato sometido a la confrontación política con la realidad y de armonía con el marco constitucional. Al fin y al cabo, si nos empeñamos en que se cumpla una promesa electoral absurda estaremos exigiendo que se cumpla un fracaso, y nada más. Algo parecido a rechazar el divorcio porque nos prometimos amor eterno aunque ya no soportemos a la otra persona. Una verdadera locura, ¿no es cierto? No hay soluciones mágicas y definitivas para los problemas complejos, y menos a través del engorde del BOE con leyes absurdas, olvidémonos. La política honrada, sin trampa ni corrupción, se parece mucho más a la vida: la adaptación, el realismo y la capacidad de cambiar son tan importantes como los principios, las ideas y la firmeza. Y como la vida misma, la politica exige llegar a acuerdos con otros en vez de intentar suprimirlos.
