España Izquierda Unida Titulo: El ministro de Interior tiene que dimitir por la tragedia de Ceuta . Texto: El diputado de Izquierda Unida y portavoz en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, ha reclamado hoy en el Pleno del Congreso la dimisión del titular de esta cartera, Jorge Fernández Díaz, por su desastrosa gestión en los graves sucesos ocurridos en la frontera española de Ceuta el pasado 6 de febrero. Sixto incluye también en su análisis el reiterado incumplimiento de la ley tras las órdenes dadas por altos dirigentes de su departamento, en unos hechos que acabaron con la muerte de al menos 15 inmigrantes subsaharianos cuando trataban alcanzar a nado territorio español. Esta iniciativa, que se votará mañana, no saldrá adelante tras el voto en contra anunciado ya por el Grupo Popular y a la abstención del PSOE. El debate de la iniciativa comenzó con los diputado/as de IU, ICV-EUiA, CHA mostrando desde sus escaños un cartel con la palabra Dimisión en grandes letras, lo que suscitó la reglamentaria llamada al orden hasta en dos ocasiones de la vicepresidenta primera del Congreso, Celia Villalobos, que en esos momentos dirigía la sesión. Sixto responsabilizó a Fernández Díaz de incumplir taxativamente la ley de extranjería en los sucesos de Ceuta. Enmarcó estas críticas en su defensa de la moción consecuencia de la interpelación urgente sobre la criminalización de la protesta social y las reformas legales que restringen los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos, donde estaba incluía la exigencia de dimisión del responsable de Interior. El portavoz de IU de Interior incidió en que se incumplió la ley y que serán los tribunales los que dirimirán la relación que hubo entre el uso de material antidisturbios y la muerte de al menos 15 personas en el mar, que estaban nadando en aguas frías y con medios precarios. Aludió también a los acontecimientos sucedidos desde el debate de la interpelación hace una semana -en referencia a las explicaciones ofrecidas por Fernández Díaz en su comparecencia en el Congreso del pasado jueves-, en los que el ministro desveló y asumió el incumplimiento de la legalidad vigente por parte de la Guardia Civil en su actuación en la frontera de Ceuta. Ricardo Sixto valora que en esta comparecencia del ministro quedó absolutamente claro que se expulsó a ciudadanos extranjeros que habían pisado territorio español, ya que es aquí donde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ejercen su actividad y su soberanía. Destacó que los inmigrantes pisaron playa española porque fueron empujados y sacados a territorio marroquí por la propia Guardia Civil. El diputado de IU ha advertido de que lo que está absolutamente claro es que los responsables de los agentes deberían haber avisado a Salvamento Marítimo, independientemente de la titularidad de las aguas en las que se encontraban aquellas personas para que fuesen socorridas. Por ello, ha avisado de que se podría estar ante un caso de denegación de auxilio, estuviesen en la parte de España o en la de Marruecos. Respecto a los otros puntos incluidos en la moción, el parlamentario valenciano de IU ha pedido que se cumpla la legalidad en vigor y que se introduzcan mejoras básicas para la defensa de los derechos de los ciudadanos, así como de los funcionarios de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Pidió la retirada del anteproyecto de ley de Seguridad Ciudadana y que no se ponga un baldón más a las libertades públicas con esta norma. Sixto reclamó que se paralicen los expedientes sancionadores iniciados contra personas que han participado pacíficamente en concentraciones e, incluso, a personas que no han participado y a las que se les han impuesto multas. En la misma línea se enmarca su petición de acabar con las listas negras y los informes policiales que están marcando a determinadas personas de los movimientos sociales, así como que se prohíba el uso de pelotas de goma, que tantas consecuencias negativas han ocasionado. Hizo también una referencia explícita al asalto a la sede del PCE de Alcalá de Henares de la pasada semana, que supone un caso más de persecución de la movilización ciudadana, que habría afectado a un partido político legal en un hecho que no es admisible en democracia.
