FACUA-Consumidores en Acción critica que un año después, el Ministerio de Fomento sigue sin aclarar si multó a Ryanair por las irregularidades que cometió durante la huelga de tripulantes de cabina de julio de 2018, cuando se negó a abonar a los pasajeros las compensaciones económicas que establece la normativa europea así como a cumplir con sus obligaciones de asistencia y abonar las indemnizaciones por daños y perjuicios que correspondiesen en cada caso.
El 20 de julio del año pasado, FACUA interpuso una denuncia contra Ryanair ante la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) del Ministerio de Fomento por dar información incorrecta a los pasajeros en relación a sus derechos ante las cancelaciones que se producirían como consecuencia de la huelga convocada ese mes. Siete días después, la AESA anunció la apertura de un expediente "por posibles incumplimientos del Reglamento Europeo 261/2004 sobre derechos de los pasajeros".
FACUA considera una grave dejación de funciones que el organismo del Ministerio de José Luis Ábalos no haya anunciado aún la aplicación de multas ejemplarizantes a Ryanair, como tampoco al resto de compañías aéreas que de manera sistemática incumplen la normativa europea cuando se producen cancelaciones o grandes retrasos en sus vuelos, tanto cuando se producen huelgas de su personal como cuando se deben a otras causas responsabilidad de las aerolíneas.
Dejación de funciones
La asociación critica también que aunque la AESA da la razón a los usuarios en sus reclamaciones, no impone sanciones económicas de manera sistemática cada vez que estos le ponen de manifiesto las vulneraciones del reglamento europeo por parte de las aerolíneas. Incumplimientos que se producen tanto al facilitarles una información falsa sobre sus derechos como al negarles asistencia durante la espera cuando se producen grandes retrasos y cancelaciones -comida, bebida y alojamiento, de ser necesario, no pagarles las compensaciones fijadas en la norma o negarles el abono de las indemnizaciones por los daños y perjuicios sufridos-.
Fomento anunció medidas
La Agencia realizó inspecciones en diversos aeropuertos afectados durante los días de huelga en Ryanair del 27 y 28 de julio de 2018 para verificar si la compañía cumplía con los derechos de los pasajeros. "El resultado de esas inspecciones, así como las denuncias o reclamaciones que los afectados presenten ante AESA, será analizado y se actuará en función del mismo", anunció el organismo de Fomento.
En su denuncia, FACUA advirtió de que Ryanair estaba comunicando a los pasajeros que al ser vuelos cancelados por una huelga, se trataba de una circunstancia extraordinaria y por ello no podían exigir las compensaciones de 250, 400 o 600 euros -en función del número de kilómetros del vuelo- que fija el reglamento ni tampoco indemnizaciones por los perjuicios sufridos. Sin embargo, la normativa europea no considera las huelgas de los trabajadores de las compañías como circunstancias extraordinarias. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) confirmó en una sentencia de 17 de abril de 2018 (C-195/17 Krüsemann y otros) que en el caso de huelgas no estamos ante circunstancias extraordinarias, si son mantenidas por el personal de la propia compañía aérea.
La información que facilitó la compañía pretendía desalentar que los usuarios afectados por la huelga reclamasen sus derechos. Algo que se produjo tanto en las declaraciones que los responsables de la aerolínea realizaron a los medios de comunicación como en la información que recibieron numerosos pasajeros en sus dependencias en los aeropuertos y en el teléfono de la compañía.
Da la razón a los pasajeros, pero sin multas
Posteriormente, FACUA también interpuso ante la AESA denuncias en nombre de pasajeros que habían presentado reclamaciones a Ryanair a las que la compañía contestó con la negativa a abonarles las compensaciones e indemnizaciones por los gastos que sufrieron con las cancelaciones. En sus respuestas a las denuncias, la Agencia confirma que los usuarios tienen derecho a recibir las cantidades reclamadas, pero no anuncia la imposición de multas a la compañía irlandesa.
La asociación denuncia que la pasividad de Fomento ante las vulneraciones del reglamento europeo en las que incurren las compañías viene favoreciendo que las principales compañías se salten la legislación, en ocasiones de forma sistemática al saber que no van a ser multadas por ello.
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