Organizaciones y juristas piden al Defensor del Pueblo que recurra al Tribunal Constitucional el Decretazo digital

Los colectivos, entre los que se incluye FACUA, consideran que el Real Decreto afecta a derechos fundamentales sin ajustarse a los requisitos que impone la Constitución

FACUA-Consumidores en Acción, junto la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), la Asociación de Internautas (AI) y la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Críptica y varios juristas especiaizados en la materia ha dirigido este miércoles 15 de enero un escrito al Defensor del Pueblo para solicitarle que recurra al Tribunal Constitucional (TC) y promueva la nulidad del llamado Decretazo digital, que habilita al Gobierno a intervenir toda la infraestructura comunicativa de un territorio alegando simplemente que están amenazadas "la seguridad nacional" o "el orden público".

Los colectivos y expertos consideran que el Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones afecta a derechos fundamentales, sin ajustarse a los requisitos que la Constitución impone para regular este tipo de materias. Junto a las citadas entidades, en la elaboración del escrito han participado los juristas y expertos en derecho digital David Bravo, Sergio Carrasco, Samuel Parra y Carlos Sánchez-Almeida, y los constitucionalistas Lorenzo Cotino y Miguel Presno Linera.

Así, a través de un extenso documento donde pormenorizan sus argumentos legales, pedirán al Defensor del Pueblo que interponga un recurso de inconstitucionalidad para que la norma sea declara nula.

El Decretazo digital fue convalidado en las Cortes el pasado 27 de noviembre con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, y la abstención de Unidas Podemos. FACUA ya había criticado la iniciativa por considerarla un auténtico ataque a las libertades, al dar luz verde al Ejecutivo para cerrar páginas web, realizar cortes del servicio y limitar la capacidad de las administraciones de elegir los sistemas de identificación ciudadana, entre otras acciones.

La asociación advertía así de que este Real Decreto permite, de facto, que el Gobierno cierre o controle páginas webs de forma libre o realice cortes de comunicaciones sin tener que atenerse a ninguna normativa o autorización judicial, simplemente alegando que suponen un peligro.

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