España SINDICATOS Titulo: Toxo y Méndez envían a Rajoy las alternativas sindicales a la reforma laboral e insisten en que abra un proceso de diálogo social. Texto: Los secretarios generales de Comisiones obreras y UGT han enviado esta mañana una carta al Presidente del Gobierno en la que reiteran la petición de abrir un proceso de diálogo social entre el Gobierno y los interlocutores sociales para corregir en trámite parlamentario los aspectos más lesivos de la reforma laboral. Al mismo tiempo, le hacen llegar un documento de enmiendas con la alternativa sindical a esta normativa. Comisiones obreras y UGT recuerdan a Rajoy que tienen alternativas sobre el mercado de trabajo que se encuentran en el desarrollo del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva suscrito con las organizaciones empresariales el pasado 25 de enero y en la Iniciativa Legislativa Popular por el Empleo Estable y con Derechos presentada en el Congreso de los Diputados, que estuvo acompañada de más de 1 millón de firmas. Le recuerdan también que el pasado 20 de febrero le solicitaron la apertura urgente de una mesa de diálogo social para abordar la reforma laboral. [u] La carta de Toxo y Méndez a Rajoy dice así: [/u] El pasado 30 de noviembre de 2011 mantuvimos con usted una entrevista en la que le pusimos de manifiesto nuestra disposición al diálogo, y le manifestamos el compromiso sindical de encontrar soluciones consensuadas para la salida de la crisis económica de nuestro país. En esta reunión señalamos nuestra visión negativa sobre las políticas de ajuste que se venían desarrollando en la Unión Europea, y que estaban generando un colapso de la actividad económica, con grave repercusión en el empleo. Le expusimos que se partía de un error de diagnóstico sobre las reformas que debían operarse para el impulso de la demanda y el consumo, y el dinamismo de la actividad empresarial, destacando los problemas del sistema financiero, entre otros. Particularmente, le trasladamos nuestra preocupación sobre la rigidez de los planteamientos europeos sobre los plazos para la reducción del déficit público en un entorno económico que ya se anunciaba regresivo. Entre los aspectos que no considerábamos urgentes, estaban los concernientes al mercado de trabajo, y pese a ello le mostramos nuestra intención de continuar desarrollando el Diálogo Social que manteníamos con las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y CEPYME, y ampliar las materias de debate a aquellas que usted indicó en aquella ocasión. Fruto de estos compromisos, el pasado 9 de enero de 2012 tuvimos la satisfacción de remitir a su Gobierno un conjunto de acuerdos alcanzados por los interlocutores económicos y sociales en un elenco importante de cuestiones: Solución autónoma de conflictos (que daría lugar a la firma del ASAC V, con fecha 7 de febrero de 2012); Formación profesional para el empleo (sobre prórroga del IV Acuerdo Nacional de Formación); Absentismo y mutuas; Racionalización de festivos; Jubilaciones anticipadas y medidas de prejubilación; y, bonificaciones y reposición de prestaciones en los expedientes de regulación de empleo. Junto a estos acuerdos, merece destacarse por su importancia para las relaciones laborales y el funcionamiento de las empresas, y la protección de los derechos de los trabajadores, el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012, 2013 y 2014, firmado el 25 de enero de 2012 (II AENC), sin parangón en el entorno europeo, por el que nuevamente sindicatos y organizaciones empresariales más representativas acordamos, fruto de la autonomía colectiva reconocida constitucionalmente, las reglas sobre estructura de la negociación colectiva, flexibilidad interna sobre tiempos de trabajo, funciones y salarios, e inaplicación negociada en la empresa de determinadas condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos sectoriales. Entre otras previsiones, se alcanzó un importante acuerdo sobre la determinación de los criterios salariales en la negociación colectiva en el periodo de vigencia, y la solicitud de compromiso de los distintos actores en la mejora de la competitividad de nuestros productos y servicios. El Real Decreto-Ley 3/2012 dictado por su Gobierno ha venido a socavar los cimientos del ordenamiento laboral, con consecuencias extraordinariamente negativas sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y sobre las instituciones colectivas del trabajo. Asimismo, nuestras organizaciones han significado que por primera vez en toda la democracia no ha sido precedida la aprobación de la norma de un proceso de diálogo y negociación. Y lo que hemos destacado con preocupación: que esa reforma ha entrado en colisión con importantes acuerdos alcanzados, que se han ignorado de manera flagrante, como son, los mencionados II AENC y el V ASAC Reiteradamente hemos venido manteniendo nuestra absoluta disconformidad con los términos del RD-Ley, y así lo hemos anunciado en los contactos técnicos que ocasionalmente se han mantenido en sede del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. El día 20 de febrero nos dirigimos a usted, proponiendo la apertura de un proceso de negociación que permita modificar durante el anunciado trámite parlamentario aspectos del RD-Ley aprobado, esenciales para los intereses de las personas que representamos. El conjunto de las enmiendas que se recogen en el documento adjunto, responden a los planteamientos anteriores, y constituyen las propuestas alternativas de regulación que estimamos necesarias para subsanar las insuficiencias y errores de las previsiones normativas del citado RD-Ley. Como un ejemplo más de nuestro compromiso y responsabilidad con los intereses generales del país, y asumiendo la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que nos son propios como señala la misma Constitución, le ofrecemos esta aportación sindical con la plena seguridad de que con ello se fortalecería el marco legal y el mercado de trabajo, para que cuando se supere la crisis, y pueda crearse empleo, lo sea en términos de empleo de calidad y estabilidad. Una vez más, le reiteramos nuestra petición de abrir un proceso de diálogo social entre el gobierno y los interlocutores sociales que sirva para corregir aquellos aspectos que consideramos lesivos para los trabajadores y trabajadoras.
