España GOBIERNO Titulo: Interior y Empleo refuerzan la lucha contra el fraude en materia de derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas . Texto: El Gobierno quiere estimular la lucha contra todo aquel comportamiento que atente contra los derechos de los trabajadores y que provoque perjuicio a las empresas que cumplen con la ley. Este convenio actualiza las disposiciones que databan de 1994 sobre la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde entonces, han aparecido nuevas situaciones de fraude y de delito, que hacen necesaria una actuación conjunta que relance y refuerce el trabajo conjunto entre ambas instituciones del Estado. Éstos son algunos ejemplos de fraude o delito: La constitución de empresas ficticias para obtener de manera indebida prestaciones de la Seguridad Social. La simulación de relaciones laborales. El empleo de extranjeros sin sus permisos autorizados en vigor. La explotación y trata de seres humanos por parte de redes internacionales. El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social que el Consejo de Ministros aprobó el 27 de abril de 2012, ha dado respuesta a la necesidad de intensificar la persecución del delito y el fraude en materia de los derechos laborales y sociales de los trabajadores y de las empresas. Estas actuaciones conjuntas contribuirán a intensificar la lucha contra el fraude mejorando aun más los resultados que ya está dando el plan. Durante 2012, se han llevado a cabo 14.000 actuaciones conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Los delitos cometidos contra la Seguridad Social han sido 159 en 2012, y los cometidos contra los derechos de los trabajadores 1.067. Se han detenido a 447 personas por delitos contra la Seguridad Social y a 930 por delitos contra trabajadores. En 2012 el aumento del número de actuaciones permitió un incremento del 169,72% en el número de infracciones detectadas en materia de empresas ficticias. Este aumento de infracciones detectadas se incrementa hasta el 198,39% en el primer trimestre de 2013, frente al mismo período de 2012. Por lo que respecta al fraude en prestaciones, el número de infracciones a empresas por dar ocupación a perceptores de prestaciones por desempleo se incrementó en 2012 casi un 30%. Las infracciones de trabajadores que incurrieron en la compatibilización u obtención indebida de prestaciones aumentaron un 49%. Durante el primer trimestre 2013, se está continuando con la misma tendencia, al aumentar las infracciones a empresas más de un 33% y un 38,37% las infracciones por cobro indebido de prestaciones por desempleo. Los dos ministros han lanzado un mensaje determinante para señalar que defraudar a la Seguridad Social es defraudar a toda la sociedad, pero en especial en estos momentos, defraudar a la Seguridad Social es sobre todo perjudicar a los parados, jubilados y demás pensionistas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha destacado gracias a la labor conjunta de todos preservaremos mejor los derechos de los trabajadores, lucharemos contra la competencia desleal, y contribuiremos a reforzar la sostenibilidad de nuestro sistema público de prestaciones de empleo y Seguridad Social. Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha destacado que las modificaciones legislativas introducidas en materia de transparencia, lucha contra el fraude fiscal y a la seguridad social y contra el empleo irregular han mejorado la eficacia en la lucha contra el fraude y ha endurecido las sanciones a quienes defraudan a la Seguridad Social. En este contexto, ambos ministros han coincidido en que estas modificaciones hacen necesario fortalecer la colaboración entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de detectar aquellas conductas que pudieran ser consideradas como delitos tipificados en el Código Penal o como infracciones administrativas del orden social y normativa de extranjería. Además, este convenio recoge criterios generales para la coordinación operativa e instrucciones para constituir grupos operativos mixtos de miembros de ambas instituciones para luchar eficazmente contra el fraude, el delito y la insolidaridad.
