España AMNISTIA INTERNACIONAL Titulo: Marruecos/ Sáhara Occidental. Han transcurrido dos años. Ya basta. La represión de las protestas debe acabar. Texto: Dos años después de que miles de personas tomaran las calles de Rabat, Casablanca y otras ciudades de Marruecos pidiendo reformas, la represión de las protestas en este país sigue siendo habitual, ha declarado Amnistía Internacional. Los informes indican que hasta la fecha, decenas de activistas del Movimiento 20 de Febrero están detenidos por expresar pacíficamente su opinión. Algunos han denunciado que sufrieron torturas y malos tratos bajo custodia. El Movimiento 20 de Febrero, creado al calor de los alzamientos populares de Oriente Medio y el Norte de África, reclama más respeto a los derechos humanos y a la democracia, mejores condiciones económicas y que se ponga fin a la corrupción. Es incomprensible que las autoridades sigan reprimiendo con violencia a quienes les critican, ignorando abiertamente la nueva Constitución adoptada en julio de 2011, que garantiza los derechos a la libertad de expresión, manifestación pacífica y asociación, afirmó Ann Harrison, directora adjunta del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional. Las aparentes reformas iniciadas por las autoridades marroquíes parecen concebidas para evitar las críticas de sus socios internacionales al mismo tiempo que siguen reprimiendo las protestas. Uno de los miembros del Movimiento 20 de Febrero, Youssef Oubella, de 24 años, fue detenido en una manifestación en julio de 2012 en Casablanca. Oubella dijo a Amnistía Internacional que la policía le había pegado, insultado y torturado durante el arresto y después, mientras estaba detenido bajo custodia policial, y que le había obligado a firmar una declaración en la que reconocía haber pegado a un policía. En septiembre de 2012, Oubella y otros cinco miembros del Movimiento fueron condenados a penas de hasta 10 meses de prisión por insultos y violencia contra agentes de la policía. Todos los condenados dijeron que habían sido torturados o sometidos a otros malos tratos. Salieron en libertad en enero de 2013. Mohamed Messaoudi, abogado que trabaja en muchos casos de activistas vinculados al Movimiento 20 de Febrero, afirmó que había observado recientemente un aumento de la represión de las manifestaciones del grupo por parte del Estado. Dijo a Amnistía Internacional que normalmente las autoridades acusaban a los detenidos de delitos como insultos y violencia contra agentes de la policía, tráfico de drogas y participación en una manifestación no autorizada. Mohamed Messaoudi declaró que los malos tratos de activistas durante la detención y después de ella eran una práctica generalizada, y que las torturas que describió Youssef Oubella no eran ningún caso aislado. El cantante de rap Mouad Belghouat —también miembro del Movimiento 20 de Febrero— fue detenido en marzo de 2012 y acusado de insultar a la policía, después de que se publicara en Internet una de sus canciones, en la que denuncia la corrupción policial, junto con un vídeo en el que se ve a un policía con una cabeza de burro. Belghouat fue condenado a un año de prisión, pena que confirmó el Tribunal de Apelación de Casablanca en julio de 2012. Ha hecho al menos dos huelgas de hambre como protesta por sus condiciones de reclusión y está en la prisión de Oukacha de Casablanca. Hasta ahora, las autoridades marroquíes vienen actuando en contra de los derechos del pueblo en lugar de a favor de ellos. Deben permitir las protestas pacíficas sin hostigamiento ni represión, y en ningún caso deben detener y recluir arbitrariamente a los manifestantes. Todas las denuncias de malos tratos o intimidación deben investigarse de inmediato, y las personas halladas responsables deben responder ante la justicia, añadió Harrison. También es crucial que las personas detenidas tengan acceso inmediato a un abogado, pues corren un riesgo especial de sufrir torturas u otros malos tratos en las primeras horas de detención. Tras su visita realizada a Marruecos y el Sáhara Occidental en septiembre de 2012, Juan Méndez, relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, declaró que aunque el Código de Enjuiciamiento Criminal garantiza el acceso a un abogado, esa garantía no se respeta plenamente ni en la ley ni en la práctica, pues los detenidos sólo tienen acceso a un abogado de su elección 24 horas después de la detención, y la entrevista dura 30 minutos y se realiza en presencia de un investigador. Amnistía Internacional pide a Marruecos que modifique sus leyes para garantizar que los detenidos tienen acceso efectivo a un abogado de su elección desde que son detenidos y durante todo el tiempo que dure la privación de libertad, y que pueden consultar con él en privado.
